El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en Junta de Gobierno el procedimiento de contratación de 104 trabajadores para la Acción Social, que estarán adscritos a Atención Primaria Básica, Barrios Inclusivos y Atención Primaria de Carácter Específico, Servicio de Atención a Infancia y Adolescencia y Servicio de Atención a Personas con Diversidad Funcional o Discapacidad y Específico de Personas con Problemas Crónicos de Salud Mental. El coste de la contratación corre a cargo de la Conselleria de Igualdad, salvo un 8% que asume el Ayuntamiento de Alicante, según fuentes de la concejalía.
Concretamente, se contratará a trece psicólogos, 38 trabajadores sociales, ocho educadores, diez técnicos de Integración Social, seis técnicos en actividades socioculturales con contratos de veinte horas en atención primaria básica Barrios Inclusivos, 26 administrativos, un agente y dos promotores de Igualdad, entre otros.
La concejala de Acción Social, Julia Llopis, ha anunciado que a partir de ahora se inicia la contratación por parte de la Concejalía de Recursos Humanos y que el personal se irá incorporando a medida que se cierre cada contrato”. En este sentido ha matizado que espera que dos tercios de los nuevos contratados puedan incorporarse en unas tres semanas y el resto en las dos siguientes. A este respecto, la edil ha añadido que "estos nombramientos corresponderán a las personas que resulten seleccionadas por orden de puntuación de Bolsas de Empleo Temporal Vigente y en caso de resultar insuficiente a través de los Servicios Públicos de Empleo (Labora) teniendo en cuenta los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Llopis ha explicado que estos funcionarios se suman a la plantilla municipal, que cuando se complete alcanzará las 160 las personas dedicadas específicamente a la atención en primera línea a personas y familias en situación de vulnerabilidad. La Concejalía de Acción Social perdió a más de ochenta trabajadores el pasado 31 de diciembre, fecha en la que finalizó el contrato de los empleados temporales.
Llopis, por otro lado, ha explicado que aumenta la contratación respecto al año pasado, que fue de 80 funcionarios interinos, y que ahora pasa a 104. “Para este año, también se incorporan nuevos programas y por eso hay más personas contratadas, además de que ha habido jubilaciones. Estas contrataciones se cubren con la subvención autonómica de 6.090.640 euros a la que el ayuntamiento aportará otros 85.282 euros, de la diferencia entre la subvención prevista y el coste calculado”, ha explicado la edil.
Esta contratación, que se repite cada año, se consolidará a partir de este 2021, al sumarse el Ayuntamiento de Alicante al contrato programa impulsado por la Conselleria de Políticas inclusivas e Igualdad, lo que permitirá prolongar estas contrataciones durante cuatro años “Estamos pendientes de su firma para llevarlo a cabo y dar mayor estabilidad a los trabajadores sociales”, ha apuntado la edil, quien ha señalado al departamento autonómico por el retraso en las contrataciones, aunque esta situación no se repite en otros ayuntamientos del entorno com Elche. “Nos hubiese gustado poder cerrar la contratación antes de que expiraran los contratos anteriores pero no podía ser hasta que se aprobaran los presupuestos de la Generalitat, por lo que hemos trabajado junto con la Conselleria para resolver con la mayor rapidez posible esta contratación aprobando ya a principios de febrero el acuerdo en Junta de Gobierno y acortando plazos respecto al año pasado que se cerró la contratación en abril y que se hizo en mayo en 2017, en tiempos del anterior gobierno del tripartito. Cuando firmemos el Contrato Programa al ser retroactivo al 1 de enero, consolidaremos al personas para cuatro años”, ha resaltado Llopis en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Llopis también se ha mostrado convencida de que a partir de marzo con la incorporación del personal a la concejalía se reducirá rápidamente las listas de espera a alrededor de un mes y se agilicen las tramitaciones de la Renta Valenciana de Ciudadanía, que han pasado de tener más de cuatro mil expedientes pendientes de resolución en 2019 a unos cuatrocientos en la actualidad. La lista de espera supera actualmente los diez meses de espera para recibir la primera atención. También ha abogado por introducir novedades en el servicio para mejorar la atención rápida, al margen de las emergencias a las que ya se da prioridad especialmente cuando se trata de menores.
