Dos años llevaba el Consejo Social de la Ciudad de Alicante sin convocarse. Y ahora, según lo acordado en la sesión de este jueves, volverá a reunirse en «breve» para tratar exclusivamente la gestión de fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia. «Por fin se ha constituido el Consejo Social, aunque haya sido casi a mitad de mandato. Evidencia el valor que le da el bipartito a estos órganos y a la participación ciudadana en general. Se ha acordado convocar una nueva reunión del Consejo Social una vez que se constituya la Comisión de Fondos Europeos [reunión prevista para el 12 de marzo] para valorar y dialogar sobre la oportunidad que suponen los fondos europeos para la ciudad», explicó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, promotor de una propuesta que dio a conocer en la reunión y que tuvo buena acogida de inicio por parte del alcalde, Luis Barcala (PP).
Bastante menos éxito tuvo la iniciativa vecinal, lanzada por Luis Almarcha (representante de la Junta de Distrito 1), para que el regidor popular cediera la presidencia del Consejo Social a un profesional de reconocido prestigio de la capital alicantina con el fin de darle más autonomía al órgano consultivo. Los motivos esgrimidos no convencieron, entre otros, al socialista Francesc Sanguino: «Ha perdido la oportunidad de ofrecer su presidencia a una persona de prestigio y de ese modo no condicionarlo a su dinámica como alcalde. Al final del Consejo, ha dicho que el alcalde tiene que presidir el Consejo Social para salvaguardar la importancia del mismo. Convocarlo con más de año y medio de retraso [desde el inicio del mandato] ha servido para hacer justo lo contrario». De puntillas por la reunión telemática pasó la propuesta del portavoz socialista para dotar con unos 100.000 euros de presupuesto al Consejo Social para promover estudios e informes sobre asuntos de relevancia para la ciudad.
La última cita del Consejo Social fue el pasado mandato municipal, a principios de 2019, ya con Luis Barcala como alcalde (aunque aún sin Ciudadanos en el gobierno), para presentar los Presupuestos de ese año electoral. Este jueves, el órgano consultivo también se reunió con las cuentas municipales como telón de fondo, aunque se habló de muchos otros asuntos: desde la tramitación de licencias, a la escasa participación ciudadana, pasando por la gestión de los fondos europeos. Barcala, en su defensa de las cuentas municipales, ya aprobadas inicialmente hace tres semanas, aseguró que el documento «ha sido elaborado por el equipo de gobierno para hacer frente a las necesidades ocasionadas por la pandemia de la covid en la emergencia social y económica, atendiendo los acuerdos alcanzados en la Comisión para la Recuperación». La fundamentación encontró el previsible rechazo, entre otros, de Unidas Podemos. «Hemos dejado claro que nuestra formación no podía apoyar unas cuentas en las que se introducía la agenda de la ultraderecha, que no abordan la emergencia social, ni un horizonte de recuperación económica ligado a transición ecológica y a la inclusión como ejes para una ciudad más justa socialmente», defendió el portavoz morado, Xavier López.
Tras su primera participación en el Consejo Social, el líder municipal de Vox, Mario Ortolá, admitió que no salió nada contento: «Con sabor agridulce. Valoramos muy positivamente la participación de la sociedad civil pero y lamentamos, como casi siempre, el hecho de que la izquierda convierta un órgano de los vecinos en una mera plataforma partidista. Bastante tenemos ya con un alcalde que ha tardado dos años en convocarlo».
Al margen de los discursos políticos de los grupos municipales, la sociedad civil tomó la palabra, aunque de Presupuestos se habló lo justo. Los vecinos y sindicatos, principalmente, centraron sus críticas en el bipartito por no fomentar la participación ciudadana. Dos años de espera para reunir al órgano consultivo era uno de los motivos que alegaron. «Somos invitados de piedra», apuntaron desde CC OO. Los representantes de la patronal (CEV y Cámara de Comercio) centraron sus intervenciones en defender una colaboración público-privada en la gestión de las ayudas europeas que llegarán para facilitar la salida a la crisis generada por el covid y en pedir más agilidad en la burocracia municipal (sobre todo, con las licencias de obras), un requerimiento al que también se sumó el ingeniero Florentino Regalado. Sólo hubo dos entidades sin representación: las Juntas de Distrito 4 (Playa San Juan y Albufereta) y 5 (partidas rurales).
El Síndic se reafirma en su criterio sobre los plenos en Alicante
Tras la decisión de Barcala de rechazar la recomendación de incluir en el orden del día de los plenos todas las propuestas presentadas desde la oposición al margen del criterio del secretario, el Síndic de Greuges ha decidido cerrar la queja, no sin antes reafirmarse en su criterio. En respuesta, el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, volvió a criticar al regidor: «Se ha convertido en un insumiso de los organismos que velan por la calidad democrática. Mantiene secuestrado el pleno del Ayuntamiento, que usa para promocionar los argumentarios estatales de su partido»
