Desconozco si la Rumanía de Ceausescu tenía Consejo Nacional del Agua, no se si la República Popular China lo tiene. Y no me refiero a ideologías, me refiero en esta ocasión a lo primero que me ha venido a la cabeza tras leerme el acta del Consejo Nacional del Agua del Gobierno de España, firmada por su secretario general, Teodoro Estrela, exdirectivo de la Confederación del Júcar y, por lo tanto, buen conocedor de los problemas del agua en la provincia de Alicante, certificando la votación de los 101 miembros del consejo a los que se pidió opinión sobre el proyecto para recortar el caudal del trasvase Tajo-Segura. Ni uno ni dos… ni cincuenta. Más de cien. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiso conocer la opinión de 101 personas, con sus cargos, nombres y apellidos, sobre la intención de minar un poco más el trasvase del que dependen más de cien mil empleos y del que, en parte, beben tres millones de personas en Alicante, Murcia y Almería.
No hacía falta, la verdad, ni que se hubiera votado, pues el resultado estaba cantado. De entrada, la consulta, telemática, solo atrajo la atención de 78 miembros -para que hubiera quorum se necesitaban 48 votos-, por lo que no habrá ni posibilidad de segunda vuelta. Y la modificación, a peor, de las reglas de explotación del trasvase salió adelante gracias a la trituradora puesta en marcha por la vicetercera, que ha sacado adelante con 45 fotos a favor –técnicos, poquitos– el primer asalto del combate para secar el trasvase y, por consiguiente, el envío de agua de calidad y buen precio Alicante y Murcia.
Queda el segundo «round»: el aumento de los caudales ecológicos del río. Ese curso fluvial que recibe desde hace años el impacto de las aguas residuales mal depuradas de Madrid, pero para el que parece en el Gobierno y en la Confederación Hidrográfica del Miño (sic) –uno de los votos favor del recorte junto al de, anoten, el presidente de la Confederación del Segura–, que el único problema es derivar aguas a Alicante y Murcia. Agua de la que nos beneficiamos aquí, pero de la que se beneficia España entera. En el consejo imperaron las razones ideológicas sobre las técnicas, el eterno problema en todo lo que se rodea la política hídrica en España. Un país donde hay agua de sobra, pero en el que el problema hídrico se ha convertido en un reino de taifas, en el que la «taifa» de Alicante pierde siempre, gobierne quien gobierne en Madrid, aunque en esta ocasión la soberbia con la que nos tratan es para nota.
Cuarenta y cinco votos a favor encabezados por los de la ministra Teresa Ribera y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y a los que siguieron los de todos los miembros del consejo representantes de la Administración Central (pluralidad). Los que tienen que ver con el agua y la agricultura –bueno, el secretario general de Agricultura y Alimentación ni se molestó en enviar su voto–, pero también otros como los de la directora general de Costas, el del director del Instituto Geológico y Minero, el de la directora general de Política Económica o, entre otros, del director general de Protección Civil. Al grito, figurado por supuesto, de ¡prietas las filas! se sumaron también los presidentes de las nueve confederaciones hidrográficas de España, y los de los representantes de los ministerios de Hacienda, Transportes, Sanidad y Defensa. Vamos, como si había que defenderse de las hordas compuestas por un puñado de agricultores y empresarios hortofrutícolas. En la votación del consejo tampoco brilló mucho la solidaridad autonómica. Salvo los votos en contra de la Generalitat Valenciana, Murcia y Andalucía, y en blanco del País Vasco, Baleares, Cantabria y Castilla y León; el resto, incluida Canarias, que de ríos debe saber un huevo, lo hicieron a favor junto a Castilla-La Mancha, gran vencedora, que votó a favor y con explicación y todo.
Entre los defensores del trasvase, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, COAG, Ecologistas en Acción –aunque con matices– y comunidades de regantes del Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Júcar. Sorprendente la posición de Asaja a nivel nacional: no votó.
Y, tras esta abrumadora victoria, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no cesan en su empeño de acabar con el trasvase, y tras sacar adelante el recorte del trasvase máximo mensual en el Consejo Nacional de 38 hm³ a 27 hm³ en el Consejo Nacional del Agua –45 votos a favor, 15 en contra y 18 en blanco–, el próximo objetivo es el aumento de los caudales ecológicos del río, lo que provocará una reducción total de 150 hm³ al año (80 hm³ tras la modificación de las reglas de explotación y otros 70 hm³ por el aumento de los caudales ecológicos del Tajo).
La mitad de lo que se trasvasa todos los años, que ya es la mitad del agua que se envía a Alicante y Murcia. La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha dicho por activa y por activa que va a plantar batalla legal. El presidente Ximo Puig no ha abierto la boca en toda la semana. Mucho me temo que el agua del Tajo terminará quedándose en la cabecera, y eso que apenas representa el 4% de los más de 7.000 hm³ que hay en la cuenca del Tajo, donde hay agua de sobra, pero mal distribuida. Una más.
