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El Consejo Nacional del Agua dará vía libre al recorte del trasvase Tajo-Segura

Los votos en contra del Consell, Murcia, Andalucía y los regantes no serán suficientes para parar la iniciativa del Gobierno - La decisión final de aplazar el cambio de las normas de explotación a 2022 queda en manos de la ministra Teresa Ribera

Un agricultor recoge hortalizas en una explotación agrícola de la comarca de la Vega Baja, para la que el agua del Tajo es estratégica.

Un agricultor recoge hortalizas en una explotación agrícola de la comarca de la Vega Baja, para la que el agua del Tajo es estratégica. TONY SEVILLA

Los agricultores del Tajo-Segura vuelven a perder. La gran mayoría de los representantes de la Administración central en el Consejo Nacional del Agua va a hacer que, en contra del criterio de los regantes -aquí no hay fisuras y el voto va a ser negativo-, el Ministerio para la Transición Ecológica pueda sacar adelante el futuro Real Decreto por el que, una vez publicado en el BOE, se modificarán las reglas de explotación del Tajo-Segura y, por lo tanto, el recorte de los caudales máximos mensuales a enviar será una realidad ya en el segundo semestre del año, si no hay marcha atrás de la vicepresidenta Teresa Ribera. Los miembros del Consejo Nacional del Agua han terminado de votar de manera telemática -el resultado es una incógnita-, pero apenas hay posibilidades de que se produzca un vuelco en los resultados, por lo que los agricultores verán reducido el trasvase máximo mensual de los 38 hm³ a los 27 hm³, con lo que Alicante y Murcia perderán unos 80 hm³ de agua al año.

A esto se sumará a medio plazo el aumento del caudal ecológico el río en Talavera, Toledo y Aranjuez. Conclusión: agua desalada para paliar el recorte. Más cara y, por lo tanto, costes de producción más altos, con lo cual muchos agricultores tendrán que abandonar sus explotaciones al ser un sector muy atomizado, por los bajos precios que reciben.

La única esperanza es que prosperen los recursos que ya han anunciado la Generalitat, y los gobiernos de Murcia y Andalucía, o haya una respuesta contundente de los agricultores y las empresas hortofrutícolas que dependen del agua del trasvase, y que esta misma semana van a decidir qué tipo de movilizaciones llevan a adelante para tratar de cambiar el criterio del Ministerio para la Transición Ecológica, con el que parece que están rotos los puentes para el diálogo.

Los regantes insisten en que los números que utilizaron los técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) para calcular el volumen de agua a trasvasar se cogieron de años en los que España estuvo sacudida por la última gran sequía (2005/2015), y el escenario hoy ha cambiado, como lo demuestran las propias reservas de agua en los embalses de la cabecera del Tajo (cerca de 900 hm³). De ahí que agricultores, empresarios, Consell y Diputación pidan que, como mínimo, se aplace la decisión del Ministerio y se espere a tener cerrados los nuevas planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y Segura previstos para 2022.

Murcia toma la delantera y ultima con sus agricultores las movilizaciones contra la reducción del agua

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Según un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), el recorte del trasvase afectaría a todo el sector productivo de la provincia de Alicante y de manera más directa al sector agrario e industria agroalimentaria del que dependen más de 45.000 empleos. Ineca considera que es un momento inoportuno en plena fase de revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que en principio finalizará en la primavera de 2022. Por ello, Ineca plantea que «estas reglas de explotación sean revisadas una vez que haya sido aprobado el Plan Hidrológico del Tajo en 2022, ya que este será el momento en el que se cuente con una serie hidrológica más ajustada y por tanto se puedan tomar mejores decisiones de carácter técnico». El trasvase es la piedra angular de la actividad económica de la provincia de Alicante porque no sólo afecta al sector agrario y de transformación agroalimentaria, sino que garantiza, además, el abastecimiento de 35 municipios de las comarca de L’Alacantí, Vega Baja y una parte del Medio Vinalopó, más de 1,1 millón de personas abastecidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Precisamente, la reducción de un 28% (24 hm3) de los aportes de agua del trasvase durante el año pasado provocó que el Taibilla tuviera que incrementar en un 75% la compra de agua desalada.

El envío de caudal no se detiene desde el pasado marzo

El Ministerio reanudó el mes pasado el envío de agua del Tajo a la provincia y Murcia, lo que puso fin a seis meses de angustia para el sector agrícola que comenzaba a ver amenazada su futuro pese a balón de oxígeno que han supuesto las últimas lluvias. La reapertura del trasvase coincide con el buen nivel de reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía (900 hm3), lo que va a posibilitar, si no se producen incidente en forma de roturas, que Alicante y Murcia no tengan problemas de abastecimiento hídrico en todo el año. Los 138 hm³ que restan por llegar lo pueden hacer, por ley, hasta octubre, cuando finaliza el año hidrológico.

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