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Barcala reactiva la Ordenanza contra la Mendicidad entre presiones de Vox

El bipartito y los ultras defienden los trasvases, rechazan los indultos y tumban la Medalla a la Sanidad para que no la recoja Puig en la vuelta de los plenos presenciales

Ortolá (Vox) conversa con Llopis (PP), mientras Barcala (PP) y Sánchez (Cs) también hablan. | JOSE NAVARRO

Tras más de medio año en un cajón del equipo de gobierno, el PP acaba de reactivar la tramitación de la Ordenanza contra la Mendicidad y la Prostitución (ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica), que se paralizó a finales del pasado año, en plena negociación del Presupuesto para 2021, ante las críticas de toda la izquierda y de colectivos sociales, a las que se llegó a sumar Ciudadanos. Ahora, el PP de Barcala acaba de desempolvar el documento entre las presiones de Vox. Así lo reconoció el concejal de Seguridad, José Ramón González (PP), en respuesta a una pregunta de la formación ultra durante el regreso de la presencialidad al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante con la sesión de junio, que tuvo lugar este miércoles al coincidir el último jueves -fecha de celebración habitual- con el día de San Juan.

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En la sesión, de nuevo maratoniana, se combinaron las intervenciones presenciales (de 16 concejales de los 29 de la Corporación) con las telemáticas (de los trece restantes). El inesperado cambio de silla de dos ediles del PP (entró José Ramón González iniciado el orden del día, para ocupar el sitio de Lidia López) provocó el enfado de la izquierda (personificado en el portavoz de Compromís, Natxo Bellido). Al final, se impuso la teoría de Barcala, como presidente del Pleno, lo que llevó a que el relevo de ediles se extendiera a todos los grupos de la oposición.

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Ese baile de sillas (que permitía mantener el mismo aforo por el covid, pero que no llevaba aparejado la desinfección de los asientos ni tampoco de los micrófonos) permitió que el edil de Seguridad anunciara desde el Salón de Plenos la reactivación de la controvertida Ordenanza contra la Mendicidad, una de las promesas incluidas en el pacto de gobierno de PP y Cs, que se ha convertido en una de las exigencias abanderadas de Vox desde que se paralizó tras las presiones de la izquierda. Por ahora, según confirmaron fuentes municipales, el PP ha remitido a su socio, Ciudadanos, el borrador de la ordenanza, junto a los dos informes técnicos existentes (uno de Seguridad y otro de Igualdad), para que realice propuestas de cambios en la redacción con el previsible objetivo de incluir medidas sociales, tal y como recoge el texto base que impulsó la Federación Española de Municipios y Provincias.

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Esa presión de Vox al PP de Barcala no va mucho más allá de la ordenanza. Por ahora. Esa cercanía entre siglas fue subrayada desde la bancada progresista. Los portavoces de Unidas Podemos y Compromís trataron a su homologo en la formación ultra, Mario Ortolá, como la «voz» de «facto» del bipartito. Horas después, Vox conseguiría el respaldo del PP y Cs a las cuatro declaraciones institucionales que incluyó en el orden del día. Pleno total.

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Los tres grupos (los socios del bipartito y Vox) exhibieron unidad para rechazar la subida de la luz, instando al Gobierno central a «establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura», para exigir a ADIF que «lleve a cabo actuaciones necesarias para que el tramo Alicante-Algeciras del Corredor Mediterráneo permita el transporte de mercancías», para que el propio Ayuntamiento impulse un «equipo de policía en la Zona Norte, además de convertir el retén de la Policía Local en una comisaría de distrito» dentro de la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, además de para defender los trasvases, con la petición al Ejecutivo de Sánchez de que realice una nueva planificación para el reparto de agua a partir de datos ajustados a la realidad. Esa unión del bipartito con Vox, tan repetida a lo largo del pleno, se llevó hasta su punto final, con el debate por urgencia de una propuesta del equipo de gobierno en contra de los indultos a los presos del «procés».

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A la defensa de esta última iniciativa plenaria se llegó en un ambiente caldeado tras las intervenciones previas del portavoz socialista, Francesc Sanguino, que acusó a Vox de cumplir punto por punto el manual de propaganda (nazi) de Goebbels, y del alcalde, que -en su intervención crispada de todos los plenos- cargó con dureza contra la izquierda por los trasvases, en un turno de palabra en el que elevó el tono tras incluirse a Isabel Díaz Ayuso en el debate del Tajo-Segura por la reserva hídrica para la Comunidad de Madrid. Tal fue el colofón del pleno, con un portavoz de Vox tildando de «felón» y «traidor» al presidente Sánchez, entre otras «descripciones que no insultos», que la socialista Amorós se levantó de su asiento, mientras Sanguino pedía al alcalde Barcala que interviniera -como habitúa en otros asuntos- para exigir mesura en las palabras, en este caso a Ortolá. No lo logró. No lo hizo.

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También hubo tensión entre bloques en el arranque de la sesión, tras una propuesta del PSOE para que el Pleno iniciase el procedimiento para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Sanidad Pública tras la pandemia. La iniciativa sumó la oposición de PP, Ciudadanos y Vox. Las tres formaciones consideraron sectario que la moción del PSOE incluyese negro sobre blanco que el reconocimiento lo tuviera que recoger el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una sesión plenaria extraordinaria. Tal fue de crispado el debate, que la concejala de Sanidad, Julia Llopis, que durante la sesión fue foco de las críticas por su gestión del Plan Edificant y de Acción Social, llegó a calificar de «medallita» el máximo reconocimiento del Pleno de Alicante: «Tienen un atrevimiento tremendo. No sé si quieren reírse de los sanitarios para darle una medallita a Puig. Vienen a ensuciar la Medalla a la Ciudad con esta moción. Tiene que venir perdón por la gestión y no ponerse medallitas». Vox no se salió de esa línea. «Hay que ser mezquinos», le espetó Ortolá a los socialistas, que antes de que se retomase la sesión tras la pausa para comer convocaron a la prensa para hacer una nueva defensa de la iniciativa, centrando la crítica en Barcala. «Es un sectario, no puede ser alcalde de Alicante», defendió el concejal y secretario local de los socialistas, Miguel Millana.

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El frente común de la bancada de la derecha se rompió en escasos puntos durante las ocho horas de un debate que principalmente giró en torno a Alicante, pero la unión del bipartito sólo sufrió una fractura. Y previsible. El PP, junto a Vox, votaron en contra de la declaración pactada entre la izquierda y Cs con motivo del Día del Orgullo, que recogía la petición de dotar de personal y de aumentar el presupuesto del área LGTBI. Esa exigencia ya se recogió en el pacto presupuestario entre Cs y el PSOE, que hizo propio el PP en su momento para no quedarse atrás pero del que ahora se desliga. En la defensa de la iniciativa, la vicealcaldesa de Alicante y responsable del área LGTBI, Mari Carmen Sánchez, no reivindicó el personal y el presupuesto, aunque subrayó que «los derechos del colectivo no se defienden con una foto [en alusión al despliegue de la bandera arco iris a las puertas del Ayuntamiento de esta semana], sino con políticas valientes».

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No tanto en las votaciones, que también, pero en el pleno se volvieron a evidenciar las tensiones entre los grupos de la izquierda municipal. En este caso, se intercambiaron puyas por los despidos de sanitarios «por WhatsApp», por la gestión nacional de la tarifa eléctrica y por las políticas de vivienda pública. Tensiones de tres grupos que trasladan a Alicante las desavenencias existentes en el seno del Botànic.

El Pleno confirma el primer ajuste del Presupuesto de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este miércoles definitivamente la primera modificación del Presupuesto de este año, que incluye un extra de 28 millones de euros en obras para este 2021. El ajuste, que en total alcanza los 38 millones de euros, salió adelante, como se esperaba, con el voto a favor de PP, Ciudadanos y Vox, frente al rechazo de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). Con esta primera modificación de crédito se financiarán más de una treintena de proyectos y servicios, según insiste el bipartito, aunque también se incluyen pagos pendientes a contratas municipales. En el debate, el gobierno local presumió de inversiones, mientras la izquierda lamentó que se mantengan decenas de millones en los bancos pese al contexto económico por la crisis del covid.

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