Seis meses después de que a finales de marzo la Diputación, el Ayuntamiento de Alicante y el Puerto anunciaran que el muelle 10 acogerá el anhelado palacio de congresos de Alicante, sigue sin moverse un papel para una tramitación que, además, se presenta larga debida a que es necesario modificar el Plan Especial del Puerto y el Plan de Usos y Servicios Portuarios y, entre otras cuestiones, negociar con el Ministerio del Interior el traslado de las dependencias de las instalaciones de la Guardia Civil.
¿Motivo de que el proceso esté semiparalizado? Tras el anuncio de que Suma costearía su construcción a cambio de trasladar allí a la plantilla de la entidad recaudatoria de impuestos de la Diputación, se acordó que para el desarrollo haría falta también firmar un convenio con el Consell que sigue sin llegar por la falta de sintonía generan entre la Diputación y la Generalitat, máxime cuando sus presidentes Carlos Mazón y Ximo Puig se preparan para una larga carrera hacia las elecciones autonómicas.
El convenio no se ha firmado, no hay proyecto presentado en la Autoridad Portuaria, y aunque esta asegura que agilizará todo el proceso, también advierte de que, sin proyecto, no puede iniciar los cambios pertinente. El más optimista, el alcalde Luis Barcala, que siempre ha asegurado que habrá ya obras antes de acabar esta legislatura. El Puerto se ha comprometido a reducir de cuatro a dos años el tiempo de tramitación de los dos planes que se deben modificar, el plan de usos y servicios y el propio plan director del puerto, pero el trabajo de los técnicos no puede arrancar si no se cuenta con una mínima documentación sobre cómo será el edificio. Ahora mismo sólo se cuenta con la declaración de intenciones presentada en abril y no es suficiente, según estimaciones de la Autoridad Portuaria. La Diputación asegura que el tema no está parado, que se sigue trabajando y que el camino administrativo es complicado, pero lo cierto es que, oficialmente, solo consta la foto de Carlos Mazón y Luis Barcala entregando el documento de intenciones del proyecto en el registro del puerto la pasada primavera.
La elección del muelle 10 para ubicar allí el palacio de congresos de Alicante obliga, por otro lado, a desmantelar dos muelles en los que actualmente se mueven graneles y que, en principio, iban a quedar como auxiliares una vez comience a funcionar a principios de 2022 la terminal cerrada en el muelle 17. Esta coyuntura, y el problema de los accesos a la zona para los vehículos particulares y los autobuses que lleven a los congresistas, son también dos escollos a solucionar antes de iniciar una tramitación que, según fuentes cercanas a la operación, durará, como mínimo, 18 meses.
Recordar, en este sentido, que ya hace casi 20 años que el Puerto planteó ubicar, en la misma zona donde se levantará el palacio, un barco-tienda con restaurantes. Iniciativa que se frustró tras hacerse público un estudio de la Cámara de Comercio que advirtió, precisamente, de los problemas de acceso. Desde finales de marzo, cuando se anunció la iniciativa, sigue sin concretarse cómo será la participación del Consell, pieza clave, cuyas relaciones con la Diputación empeoran por días debido a que Ximo Puig y Carlos Mazón han entrado ya en la prebatalla por la futura Presidencia de la Generalitat.
¿La primera piedra del palacio para el otoño de 2023? El paso adelante dado por el Ayuntamiento, la Diputación y la Autoridad Portuaria en abril para ubicar en el puerto el futuro palacio de congresos entró en un lento proceso de tramitación urbanística que puede durar unos 24 meses hasta que la iniciativa comience a fraguarse con su licitación, pues es necesario modificar el plan especial del puerto para que los muelles puedan acoger el edificio polivalente por el que apuesta el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación, por lo que estamos ante un proceso que durará entre un año y año y medio. En cuanto al edificio, solo se conoce que el inmueble ocupará el 50% de la superficie de los muelles -de ahí que se haya elegido ocupar dos-, lo que permitirá contar también con muchos espacios complementarios al aire libre.
El espacio para los congresos será de 12.000 m2, a los que se sumarán otros 5.000 m2 para la zona administrativa, donde se ubicarán funcionarios de Suma, y 4.000 m2 para un gran aparcamiento. Además se urbanizarán otros 10.000 m2 de espacios exteriores.
Un proceso similar al que se siguió en Las Cigarreras
El Ayuntamiento anunció en abril que había encargado un estudio para contar con información y datos para elaborar el pliego de condiciones que será la base para licitar el concurso público y el estudio de arquitectura que redacte el proyecto. Un paso similar al que se siguió para construir el complejo de Las Cigarreras. El palacio se desarrollará sobre una superficie total de 21.000 m2 en unos muelles que, además de contar con la dependencias de la Guardia Civil, están a cien metros del muelle 11, donde todavía se mueve granel, actividad que deberá desaparecer. Falta también por cerrar otra posible obra paralela que deberá determinar el estudio sobre el edificio, y si es necesario reforzar los muelles para soportar el peso del inmueble.
Y al fondo, un Rico Pérez para todos los usos
Mientras se termina de resolver todo el proceloso proceso administrativo para que se pueda poner la primera piedra del centro de congresos en el puerto, se van sucediendo otros anuncios e iniciativas.
Al margen de las oficinas del Distrito Digital muy cerca del muelle 10, la penúltima ha llegado, precisamente del presidente Ximo Puig, que pretende convertir el estadio del Hércules, el Rico Pérez, en un complejo modelo «Arena» que podría acoger todo tipo de acontecimientos al margen del fútbol, un recinto multiusos. ¿Ocurrencia?
