Hasta en dos ocasiones y por dos vías distintas se ofreció Pilar de la Horadada para acoger la planta provisional de tratamiento de residuos hasta que entrara en funcionamiento la definitiva. La primera, mediante un escrito. La segunda, desplazándose una delegación del Ayuntamiento de Pilar hasta la Diputación para hacerlo personalmente. Pero en ninguna obtuvieron respuesta.
Así lo declaró este jueves ante el tribunal que está juzgando supuestas irregularidades en la tramitación del plan Zonal de la Vega Baja Alfonso Armenteros, concejal de esa localidad por el PSPV desde 1999 y comisionado por el alcalde para ser miembro del consorcio que presidía el también entonces presidente la Diputación, José Joaquín Ripoll. «Pilar se ofreció para la solución transitoria porque pensamos que era una alternativa para ubicar la planta, pero de aquella reunión salimos sabiendo que no la íbamos a tener», afirmó.
El edil concretó que plantearon la oferta a cambio de una contraprestación económica, como una rebaja en el canon por la recogida de la basura de la población, por el tráfico de vehículos pesados que iba a soportar y por el daño medioambiental, pero solo obtuvieron la callada por respuesta.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la solución transitoria se dejó adrede sobre la mesa como medio de presión de Ripoll sobre la adjudicataria, Cespa-Ortiz, para que le comprara un terreno al empresario afín al PP Ángel Fenoll compensándole así por no haber sido su propuesta la elegida para el macrovertedero. Y sin la planta provisional, Ortiz no podía generar ingresos mientras levantaba la definitiva.
El entonces delegado de Medio Ambiente de la Diputación y hoy asesor de la presidencia, el alcalde La Cañada Juan Molina Beneito, declaró no recordar por qué no se aprobó mientras que quien fuera primer edil de Pilar durante dos décadas, el socialista Ignacio Ramos, recordó la entrevista en la Diputación de la que salieron con la manos vacías.
Tanto los representantes del Pilar como el también socialista alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, negaron directrices o presiones del partido en las decisiones que tomaron en el consorcio así como que hubiera un acuerdo previo de abstenerse en la adjudicación, en contra de lo que declaró la delegada del Consell, Antonia Moreno. En el caso concreto de Armenteros, aseguró que ni conocía al exdiputado socialista Antonio Amorós, acusado en este proceso por supuestamente influir en sus compañeros.
Ante la sala también compareció un exempleado de Rafael Gregory, el empresario también acusado y considerado el nexo entre Ripoll, Ortiz y Fenoll, quien entregó a la Policía varias versiones del contrato con la opción de compra de la finca de Fenoll por Ortiz.
La memoria selectiva del asesor de la presidencia de la Diputación
Fueron muchas más las situaciones, los comentarios y las decisiones de las que aseguró no recordar nada que de las que pudo aportar algún dato a lo largo de su declaración este jueves en el juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación del plan Zonal de la Vega Baja, donde estaba citado como testigo. Juan Molina Beneito, alcalde de La Cañada, exdiputado provincial y nombrado por Carlos Mazón asesor directo de la presidencia de la Diputación, no se acordaba, por ejemplo, por qué se dejó sobre la mesa la solución provisional del macroverterdero (que la Fiscalía interpreta como una vuelta de tuerca más en la presión a los adjudicatarios para que compensaran al empresario Ángel Fenoll) pero sí lo que no se mentó en una comida celebrada hace 14 años. Fue en el ya desaparecido restaurante Jumillano y a ella asistieron el entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, los adjudicatarios de la planta de residuos (Enrique Ortiz y Javier Llansó, por Cespa) y el propio Beneito, quien ayer aseveró ante el tribunal sin pestañear que de lo que no se habló en aquel ágape fue del plan Zonal, cuando se encontraba en plena tramitación. Él era el diputado delegado de Medio Ambiente. «Estoy seguro de que no se habló nada», declaró bajo juramento.
