Depósitos de combustible en el puerto de Alicante. ¿Punto y final?. La Conselleria de Urbanismo ha dado un paso de gigante y parece que definitivo para impedir la instalación de los macrodepósitos para almacenar combustible en el puerto, al publicar en el DOGV una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje (Lotup) que es clave. No se pueden autorizar instalaciones para el movimiento de mercancías peligrosas (en este caso combustible) para gestionar más de 5.000 m³ a menos de un kilómetro del casco urbano, contado desde el perímetro exterior de la instalación. Un tema, no obstante, delicado al constar denuncia en el juzgado. Un primer fallo ha dado la razón al Ayuntamiento pero había posibidad de recurso.
La planta que promueve la mercantil XC Business 90 está planteada en unos muelles que distan 750 metros de la viviendas de San Gabriel y Benalúa Sur y el cambio afecta a los proyectos en tramitación, como es el de los combustibles. De ahí que se quede fuera, al menos como se presentó en el Ayuntamiento para pedir la licencia.
Ahora queda ver si la empresa tiene derecho a recibir una indemnización y a qué Administración tocaría dársela. El cambio ha sido posible gracias a una iniciativa de Compromís incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat el pasado diciembre, que fue impulsada por la Conselleria de Transición Ecológica. Solo salvaría las trabas que impone Lotup si el Gobierno declarara el almacén como una instalación estratégica, algo no está, de momento, sobre la mesa.
Recordar que el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante ya falló el pasado febrero contra el recurso presentado en noviembre de 2019 por la mercantil XC Business 90 contra la decisión del Ayuntamiento de Alicante de denegarle la licencia de obra mayor para la construcción de un complejo de macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante.
Al magen del cambio de la Lotup también se ha incorporado una nueva disposición adicional en la Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana.
" A todos los efectos, y para los nuevos desarrollos urbanísticos de sectores o unidades de ejecución e implantación de las actividades económicas que impliquen riesgos para la salud o manipulación de sustancias peligrosas, en el caso de tanques para almacenamiento de productos petrolíferos combustibles de más de 5.000 metros cúbicos situados en el interior de recintos portuarios, cuya actividad no tenga interrelación de servicio con instalaciones estratégicas estatales , deben situarse al menos a 1.000 metros de distancia, contados desde el perímetro exterior de la instalación hasta la zona más próxima, de suelos calificados como residenciales, dotacionales educativos o sanitarios, y suelos de uso terciario especial". En la misma línea que la Lotup.
La promotora, que desde hace ya diez años trata de instalar la terminal para distribuir carburante, había demandado por la vía de lo contencioso-administrativo al Ayuntamiento y a la empresa TMS, gestora de la zona logística donde Business quiere levantar seis depósitos para mover 112.549 m³ de hidrocarburo sobre una zona de 17.000 m² en suelo portuario tras recibir el visto bueno del consejo de administración del puerto. Un juez tuvo a bien las consideraciones de la Concejalía de Urbanismo y el proyecto sigue paralizado, según sentencia del pasado febrero.
Natxo Bellido, portavoz municipal de Compromís, grupo que presentó en diciembre la iniciativa que frena los macrodepósitos, subraya, en este sentido, que “Instamos a Barcala a actuar de forma inmediata frente a la amenaza de los macrodepósitos de combustible del puerto que resulta un peligro en la seguridad de vecinos y vecinas de los barrios más próximos al puerto”.
“La instalación de estos macrodepósitos no es viable y se tiene que rechazar por parte del Ayuntamiento ya que no cumple la distancia de seguridad actual de mil metros frente a núcleos residenciales”, apunta Bellido.
"Instamos a Barcala a actuar de forma inmediata frente a la amenaza de los macrodepósitos de combustible del puerto"
Bellido recuerda que en estos momentos, y gracias al cambio legislativo introducido en la Lotup, aprobado por los grupos del Botànic en las Cortes Valencianas, la instalación queda fuera del marco jurídico y debe buscar otra ubicación separada de los barrios de la ciudad. “Por eso, se debe rechazar la solicitud de la mercantil y abonarle los gastos que haya tenido en la preparación del proyecto, tal y como marca la ley”.
"El PP y Cs, que no apoyaron esta modificación impulsada por Compromís, al igual que tampoco hizo Vox, deben dejar de esconderse y dejar pasar el tiempo frente a esta oportunidad histórica. El bipartito de actuar ya frente a esta amenaza. Barcala tiene que demostrar si realmente está a favor de defender los intereses de la ciudad frente a los mercantiles y actuar en defensa de la tranquilidad y seguridad de los barrios del sur de la ciudad", insiste Bellido.
Compromís presentará iniciativas en el Pleno del mes de abril, si antes no se produce una actuación municipal de rechazo de la instalación, para forzar al rechazo de esta amenaza ambiental y de seguridad que podemos frenar gracias a la labor de Compromís y el resto de grupos del Botànic en las Cortes.
Visto bueno del Puerto
El Consejo de Administración del Puerto de Alicante aprobó en 2019, tras más de un año de tramitación, la modificación sustancial de la concesión de Terminales Marítimas del Sureste en los muelles 19 y 21 para posibilitar la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en un complejo con seis depósitos de 26 metros de altura para gestionar 111.000 m³ de gasoil todos los años. El Puerto justificó su decisión en un informe del Abogacía del Estado, que la petición de TMS se ajusta a derecho para un actividad ya permitida por el Puerto.
La Autoridad Portuaria de Alicante recibió el espaldarazo legal a la modificación sustancial de la concesión en los muelles 19 y 21 del puerto para la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en forma de un informe el Abogacía del Estado en el que se certificó que la petición de la empresa concesionaria, la mercantil Terminales Marítimas del Sureste, se ajustaba a derecho y cumplía con todos los requisitos legales exigidos por el Puerto desde que ésta asumió la concesión el 26 de febrero de 2012. No obstante, el tema acabó en los juzgados tras el rechazo municipal y vecinal y ahí sigue.
El proyecto ha sido polémico desde el primer minuto. A finales del año pasado, la a comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes votó a favor de promocionar ante el Estado un puerto sostenible para la ciudad de Alicante y elevar el rechazo de la ciudadanía y las administraciones locales contra instalaciones peligrosas como los depósitos para almacenar y distribuir combustible aprobado en 2019 , que además ya fueron rechazadas por Ayuntamiento y Generalitat hace un cuarto de siglo, aunque la nueva Ley de Puertos lo permite.
Todos los partidos salvo Vox aprobaron s en la comisión sobre Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio la proposición no de ley presentada por Compromís y que rechazó los planes de la Autoridad Portuàría de Alicante para instalar actividades peligrosas como, por ejemplo, el almacenamiento y distribución de productos petrolíferos.
Los grupos aprobaron dar apoyo a las reivindicaciones vecinales y de los colectivos sociales y oponerse a la ubicación de estas instalaciones tal y como acordaron el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat en el convenio institucional de 1995 para la no instalación de productos petrolíferos en el puerto de Alicante, extremo que la Autoridad Portuaria considera extinguido.
El Consejo de Administración del Puerto de Alicante aprobó el 25 de julio de 2019, tras más de un año de tramitación, la modificación sustancial de la concesión de Terminales Marítimad del Sureste en los muelles 19 y 21 para posibilitar la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en un complejo con seis depósitos de 26 metros de altura para gestionar 111.000 m³ de gasoil todos los años. El Puerto justificó su decisión en informe del Abogacía del Estado, que certificó que la petición de TMS se ajustaba a derecho para un actividad ya permitida por el Puerto.
Los abogados estimaron que el protocolo de intenciones firmado en 1995 para no mover más combustible tras la retirada de los depósitos de CLH quedó en papel mojado en 2015 al entrar en vigor una nueva ley, y que la actividad no debe ser peligrosa si se toman las correspondientes medidas de seguridad como es el caso las gasolineras. La pelota quedó en el tejado del Ayuntamiento -competente para conceder la licencia urbanística y ambiental- y de la Generalitat. La empresa promotora del almacén tiene hasta un informe ambiental favorable del Consistorio desde el 8 de julio de 2016.
La iniciativa que promueve Terminales Marítimas del Sureste para la cesión del uso a la empresa XC Business 90 preveía dos fases para la construcción de la terminal de combustible. En la primera, seis depósitos, el mayor de 50 metros de diámetro y una altura de casi 30 metros con una capacidad total de unos 110.000 metros cúbicos, que se destinarían al almacenamiento de combustible.. El presupuesto inicial rondaría los seis millones.
En la segunda fase se construirían sobre otra parcela de 40.000 metros cuadrados hasta doce macrodepósitos de más de 50.000 metros cúbicos cada uno para un total de 600.000 para almacenar gasóleos y biocarburantes, pudiéndose incorporar depósitos de gas licuado del petróleo (GLP) con esferas de hasta 20.000 metros cúbicos para su comercialización a granel o envasado, con un presupuesto de 30 millones. La empresa pretendía llegar a mover hasta un millón de toneladas de combustibles al año. Esta segunda fase no ha llegado a tramitarse.
Satisfacción
Por su parte, Miguel Ángel Pavón, portavoz de la Plataforma por un Puerto Sostenible, subraya que "vemos positivas las modificaciones de las leyes valencianas de Urbanismo y de Actividades, modificaciones que intentan dar respuesta a nuestras reivindicaciones, por cuanto en principio harían inviable la fase 1 de los macrodepósitos, que es la única que se continúa tramitando en el Ayuntamiento y que tiene una concesión portuaria, por cierto otorgada por el anterior presidente del Puerto, pese al peligro que supone para la ciudad y para el espacio marino protegido de Tabarca".
La modificación es positiva pero no del todo suficiente porque deja abierta la puerta a nuevos proyectos en el muelle 19"
Pavón advierte, no obstante, de que "son modificaciones insuficientes para evitar nuevos proyectos similares en el muelle 19, ya que casi todo este muelle, en el que la mercantil XC Business 90 pretendía desarrollar una segunda fase de los macrodepósitos, queda fuera del límite de los 1.000 metros. Por eso varias personas y colectivos de la Plataforma hemos alegado recientemente ante la Autoridad Portuaria a la modificación n° 1 de la DEUP del Puerto para que se aproveche a fin de prohibir este uso en todo el recinto portuario".
Por su parte, el PSOE de Alicante recuerda que fue el PSOE el que se opuso a la instalación de los macrodepósitos de combustible en el Puerto en 1995 bajo el mandato de Ángel Luna. Ahora, el Consell confirma en el DOGV una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje (Lotup) que descarta por completo que se puedan poner esta clase de instalación en la zona portuaria, lo que es una gran noticia para los vecinos y vecinas de la zona, que vienen reivindicando desde hace años la supresión de los mismos con todo el apoyo del PSOE.
El secretario general de los socialistas alicantinos, Miguel Millana, indica que fue el propio alcalde Barcala el que se ausentó del consejo de administración del Puerto cuando se iba a abordar esta instalación haciéndose cómplice de una acción que iba en contra, como siempre, de la ciudad de Alicante. “Luego no tuvo más remedio que dar marcha atrás y apoyar nuestra reivindicación por la presión vecinal. Como siempre nunca pensando en los interés general”.
Cuando gobernaba el PSOE Alicante, se firmó un convenio en 1995 en el que se indicaba que en el futuro no debía haber instalaciones de este tipo en el puerto. “Gracias a la acción del Consell, gobernado por Ximo Puig, se ha dado el paso de gigante definitivo para impedir la instalación de los macrodepósitos para almacenar combustible en nuestro Puerto. Esta instalación siempre ha sido un riesgo potencial para los intereses de Alicante (ciudad eminentemente turística) que no puede tener unos macrodepósitos frente a los barrios del sur de la ciudad. Era algo de pura lógica, cosa que no suele utilizar este alcalde”, indica Trini Amorós, responsable de Urbanismo.
“Barcala no puede continuar un minuto más al frente del Ayuntamiento de Alicante porque gobierna contra los intereses de los vecinos de Alicante. Se escondió para no votar en contra de los macrodepósitos en el puerto, no inicia las negociaciones necesarias con Adif para desafectar las playa de vías y devolver ese espacio a la ciudad y a los vecinos. Si Barcala no vela por los intereses de los alicantinos está agotado como alcalde y a Alicante le urge un cambio de gobierno ya”, espeta Amorós.
