La Agencia Valenciana Antifraude está investigando posibles irregularidades en la oposición de la Policía Local de Alicante. Así lo ha revelado este martes el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, tras presentar a las Cortes el informe de 2021 del organismo público.
Este lunes saltó públicamente la polémica por las oposiciones a Policía Local de Alicante. Y todo porque en el listado de aprobados a las oposiciones recientemente realizadas en el Ayuntamiento de Alicante figuran personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, esposas, novias, sobrinos y nueras y yernos, entre otros parentesco, según fuentes internas. También están incluidas en ese listado personas próximas a partidos políticos y a empresas con vínculos con agentes locales, además de sindicalistas del Ayuntamiento, salpicando a siglas como UGT y CSIF, según las mismas fuentes. Desde UGT, su secretario general en el Ayuntamiento, David Bardisa, niega que ninguno de los opositores con plaza tenga relación con cargos de su sindicato. "Apoyaremos cualquier medida que se tome para esclarecer los hechos", señala Bardisa.
Según el listado, de los veinte mejor puntuados todos guardan alguna supuesta relación con agentes municipales, ya sea por vinculo familiar o de amistad, con partidos políticos con representación en la Corporación municipal, con otros funcionarios municipales o con empresas contratistas del Ayuntamiento de Alicante. Entre los partidos, a priori, señalados por las supuestas prácticas fraudulentas estarían personas vinculadas al PP, PSOE y Vox.
Según la Agencia Valenciana Antifraude, la cuarta parte de las denuncias recibidas en 2021 se refirió a irregularidades en oposiciones a Policía Local, como la filtración de preguntas, ante lo que esta institución ha propuesto que se siga el modelo vasco y sea el Ivaspe, y no cada ayuntamiento, quien centralice todas las pruebas. Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el director de la Agencia Antifraude, quien ha señalado -según recoge EFE- que ya ha trasladado esta propuesta tanto a la Conselleria de Justicia como a la dirección del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.
En su opinión, con este sistema se "resolverían definitivamente" los problemas que se están generando en los procesos de selección de empleados públicos, principalmente de agentes de la autoridad pero también en la Administración de la Generalitat, en los que hay que garantizar la "limpieza" y la "aplicación absoluta" del principio de igualdad.
"Está en juego tener una Administración de calidad o no tenerla, y está en juego sobre todo el cumplimiento del ordenamiento jurídico", ha aseverado Llinares, quien ha desvelado que Antifraude ha llevado a la justicia dos casos de irregularidades en oposiciones: a la Policía Local de Benidorm y al grupo A1 de técnicos superiores de la Generalitat. El caso de Alicante, por ahora, está en fase de investigación, que se abrió a mediados de 2021, por lo que desde la agencia prefieren no revelar más datos.
El director del órgano ha explicado que ambos casos, tanto el de Benidorm como el de la Generalitat, han acabado en sentencia absolutoria, si bien han considerado probado que se filtraron las preguntas, por lo que Antifraude ha instado a ambas Administraciones a abrir procedimientos disciplinarios contra los infractores.
Llinares ha añadido que la Generalitat abrió ese procedimiento y dictó resolución disciplinaria contra la persona involucrada, que en este momento está en el contencioso porque esa persona "sigue batallando en los tribunales", y está a la espera de que el Ayuntamiento de Benidorm lo abra al funcionario que cogió una plantilla de respuestas.
El dirigente del órgano dependiente de las Cortes, por otro lado, ha lamentado que "algo tan grave como alterar el acceso a la función púbica" no tenga el "reproche" del ámbito penal, que reconoce que han ocurrido los hechos pero no tienen encaje en los tipos del Código Penal, por lo que ha defendido que se apliquen con rigor los mecanismos que contempla la ley de Función Pública ante conductas que "vulneran de forma grave principios constitucionales".
Llinares ha insistido en que el procedimiento que se sigue en el País Vasco es "impecable", pues la escuela vasca de administración pública centraliza el proceso de selección en oposiciones, con tribunales formados por expertos, lo que elimina los tribunales "ad hoc" en cada municipio, y posteriormente forma a quienes han ganado las oposiciones.
El director de la Agencia ha atribuido el hecho de que reciban más denuncias sobre este asunto a que ahora convocan más pruebas y a que esta entidad es más conocida tras sus cinco años de existencia y la gente tiene más confianza en ella, lo que anima a denunciar los casos de supuestas ventajas y favoritismos en estos procesos de selección.
