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Un juzgado perdona una deuda de más de 61.000 euros a un alicantino que se declaró insolvente

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento logra que un alicantino que se acogió a la Ley de la Segunda Oportunidad mantenga su casa en propiedad

Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Alicante. Jose Navarro

Después de cuatro años de lucha y momentos de angustia de los que pudo ir saliendo adelante con ayudas familiares, un vecino de Alicante ha logrado que un juzgado le perdone una deuda de 61.2140 euros tras declararse insolvente y acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, según la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que asegura además que el hombre podrá mantener su vivienda en propiedad tras un acuerdo de refinanciación de la hipoteca y con el visto bueno del juez que ha llevado el caso. La Ley de la Segunda Oportunidad se aprobó en 2015 y permite a particulares y autónomos renegociar su deuda e incluso conseguir la exoneración si no puede hacer frente a los pagos.

En este nuevo caso que fallan los juzgados a favor de ciudadanos que no puede hacer frente a sus deudas, un alicantino buscó el auxilio de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento tras comprobar que su futuro cada vez era más negro. Llamadas de recobro, amenazas de embargo, ficheros de morosidad… No parecía haber luz al final del túnel, pero tras cuatro años de pleito ha conseguido su objetivo y además de perdonarle las deudas será excluido de los ficheros de morosidad.

Ha llegado a estar hasta cuatro años buscando trabajo y gran parte de ese tiempo sin ningún tipo de prestación, por lo que se vio obligado a acudir a las ayudas de sus familiares para afrontar el pago de alimentos, suministros e hipoteca.

Esta persona llegó a acumular deudas por valor de unos 116.000 euros con diferentes acreedores y no podía pagar a todos. Por ello, las entidades que no cobraban comenzaron su habitual acción de acoso y amenazas, según la asociación. El alicantino J.R., al que han perdonado sus deudas, ha manifestado, a través de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que «me sentía muy presionado. No veía mejora en ningún momento y suerte que soy una persona positiva, porque si no habría acabado hospitalizado con depresión».

Pese a la situación actual de felicidad, el hombre no olvida que «tuve una etapa muy oscura en la que no me salía nada bien. Me avergonzaba muchísimo tener que acudir a mi familia para salir adelante. Sin ellos, probablemente habría acabado en la calle».

El detonante para buscar ayuda fue «en el momento que vi peligro real de perder mi casa, aún pagando la hipoteca. Buscando información encontré a la Asociación y contacté con ellos». La primera acción de la abogada de la asociación fue comunicar al juzgado pertinente la situación del deudor dada su condición de insolvencia y se inició un periodo de negociaciones con todos los acreedores. De esta forma el deudor deja de pagar todas las obligaciones y evita cualquier intento de embargo.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento explica que sus letrados presentaron ante notario un plan de pagos y los acreedores mostraron su rechazo. Tras certificarse su buena fe por intentar pagar algo tiene derecho a la exoneración del 100% de la deuda y sus abogados lograron que el juzgado de Primera Instancia Número 7 permitiera mantener la casa en propiedad tras un acuerdo para refinanciar la hipoteca. «Llevando el préstamo hipotecario al día, siendo su residencia habitual y con una diferencia mínima entre el valor real de la casa y la cuantía a deber, teníamos argumentos de sobra para no incluirla en la liquidación», explica Andrea Olcina, la abogada de la asociación que asesoró a este alicantino.

Para acogerse al procedimiento hay que valorar ciertas condiciones. Laura Muñoz, otra jurista de la asociación, explica que «el primer requisito es valorar si la persona es insolvente, es decir, si tiene capacidad real de afrontar sus deudas. El segundo es que el total de sus obligaciones no supere los 5 millones. Y, el tercero, y más importante, es demostrar que es un deudor de buena fe, o sea, que no tiene antecedentes penales económicos y ha intentado un acuerdo de pago con sus acreedores».

En este caso, segundo que gana la asociación en el último mes en Alicante, el tribunal no ha tenido otra opción que resolver concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) de forma definitiva al cumplir todos esos requisitos, «lo que supone dejar libre al deudor de pagar 61.214,78 euros y permitirle conservar su vivienda en propiedad», indica la asociación.

La abogada de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, Andrea Olcina, llamó recientemente a este alicantino para comunicarle que su calvario de varios años había terminado gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, como ella le aconsejó hace 5 años. «Este procedimiento está hecho para personas que llegan a nosotros desesperadas. Les es imposible pagar sus deudas y no saben cómo salir de ese problema. La relación con los asociados no es solo judicial, también acabamos siendo un apoyo anímico dada la situación tan complicada que viven», explica Olcina.

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