La ley de eutanasia cumple un año desde su aprobación por parte del Congreso de los Diputados. Una norma que convirtió a España en uno de los seis países en los que el suicidio asistido es legal y que garantiza que los pacientes con una enfermedad grave e incurable pueden recibir ayuda para morir.
La ley comenzó a aplicarse en junio de 2021 y en estos diez meses son 19 las personas que en la Comunidad Valenciana han solicitado acogerse a esta norma para que se les ayude a morir, cinco de ellas en la provincia de Alicante, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad. En la inmensa mayoría de los casos, 14, Sanidad ha autorizado seguir adelante con el proceso. Cuatro casos han sido desestimados por no ajustarse a los requisitos establecidos por la ley y uno de ellos está en estos momentos en trámite.
En este año diez personas han fallecido asistidas por los medios que recoge la norma, según precisan desde Sanidad, y dos están aún esperando a que se realice la prestación. En los dos casos restantes, los pacientes murieron antes de que se le aplicara la eutanasia.
Entre las primeras
Estas cifras sitúan a la Comunidad Valenciana como la tercera con más casos en los que se ha aplicado la ley, según explica Marisa Velasco, portavoz en Alicante de la Asociación Derecho a Morir. No obstante, nuestra autonomía aún está lejos de las dos que van más avanzadas en la aplicación de la ley y que son Cataluña, con 50 prestaciones concedidas ya, y País Vasco, donde se han acogido a esta ley 34 personas. Una diferencia de cifras que Velasco justifica por la menor difusión que aquí se le está dando a esta ley. “Pedimos que haya formación a los profesionales e información a la ciudadanía. No basta con colgar la información en una página web”.
En España pueden recibir la ayuda para morir quienes tengan nacionalidad española, residencia o un certificado de empadronamiento superior a 12 meses, tenga mayoría de edad y “sean capaz y conscientes” cuando formulen la solicitud. Asimismo, deberán sufrir una “enfermedad grave e incurable”.
La persona que desee que le ayuden a morir debe presentar dos peticiones a su médico por escrito, separadas por 15 días. A continuación, el médico debe consultar a un segundo profesional, el “médico consultor”, quien debe corroborar el cumplimiento de los requisitos en un plazo de 10 días naturales y redactar un informe. Una Comisión de Garantía y Evaluación en cada comunidad autónoma es la que tienen la última palabra a la hora de autorizar la eutanasia. En la Comunidad Valenciana esta comisión “funciona bien y acelera los trámites e interviene cuando hay dificultades”, explica Marisa Velasco.
El problema viene a veces por los plazos, ya que entre la petición inicial y la práctica de la eutanasia suelen transcurrir unos 45 días. “La ley es muy garantista y larga, lo que provoca que haya personas que fallezcan antes de ver cumplida su voluntad. Están aumentando las sedaciones paliativas y no es por voluntad de los pacientes”, señala la portavoz de Derecho a Morir Alicante. En el caso de la Comunidad Valenciana, dos personas han muerto en estas circunstancias.
Objeción de conciencia
La norma también contempla la objeción de conciencia para aquellos profesionales sanitarios que no quieran practicar la eutanasia y la Conselleria de Sanidad, tal como establece la ley, estructuró un registro por departamentos de salud, para garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios. A lo largo de este año, en la Comunidad Valenciana hay una veintena de sanitarios que se han declarado objetores, “una cifra mínima si se compara con el grueso de profesionales que hay trabajando en los hospitales”, sostiene Marisa Velasco.
A las personas que se acogen a la ley se les proporciona una sustancia que provoca la muerte y que puede ser administrada por un profesional sanitario o auto administrada con supervisión médica en un centro sanitario, público o privado, o en el domicilio del paciente.
La primera eutanasia en la provincia de Alicante se aplicó en el hospital de Sant Joan, el pasado agosto. Se trataba de una mujer que tenía más de 60 años y desde hace 20 sufría una esclerosis múltiple que la hacía ser totalmente dependiente. Desde el primer momento estuvo asesorada y acompañada por la Asociación Derecho a Morir. Aunque contaba desde hace años con un testamento vital en el que se expresaba su deseo de que se le aplicara la eutanasia, la mujer estuvi en todo momento lúcida, por lo que fue ella quien solicitó a su médico poderse acoger a esta ley.
La Comunidad Valenciana es la tercera en aplicación de la ley, pero muy lejos de las dos primeras, que son Cataluña y País Vasco
Pocos casos más han trascendido, ya que las personas que se acogen a esta ley prefieren llevar su caso con el máximo anonimato posible. El pasado mes de diciembre se conocía el caso de María, quien a los 68 años murió sin dolor en un hospital de València, rodeada de su familia, y con el deseo de hacer público su caso para ayudar a personas en su situación. En septiembre del pasado año, tras un tiempo con dificultades en el movimiento, necesitar silla de ruedas y tener una pérdida progresiva del habla, le diagnosticaron una atrofia multisistémica neurodegenrativa sin cura. Tras el diagnóstico, pidió la ayuda por dependencia y la eutanasia. Un mes más tarde intentó suicidarse, como recordaba entre lágrimas María.
Durante su estancia en el hospital, algunos profesionales le recomendaron comenzar el proceso, que ella inicio a través de su psiquiatra. Antes de fallecer donó sus órganos para poder ayudar a otras personas. Y así lo hizo, pues el hospital comunicó a los familiares, de quienes estuvo rodeada su último día de vida, que había salvado la vida a cuatro personas, comentaban sus allegados.
