La aplicación de la nueva ley del aborto, prevista para el próximo año, puede generar más de un quebradero de cabeza a la Conselleria de Sanidad en Alicante. Y es que la provincia concentra a 43 de los 73 ginecólogos que se han declarado objetores para practicar abortos por debajo de la semana 14, tal y como contempla la actual ley de 2010.
Estos 43 médicos trabajan en tres de los diez hospitales públicos de la provincia. En concreto en el Hospital Doctor Balmis (Hospital General de Alicante), donde los 27 ginecólogos del servicio se han declarado objetores. El segundo centro con más personal médico que se ha mostrado contrario a la interrupción voluntaria del embarazo es el hospital comarcal Marina Baixa, donde 12 de los 14 ginecólogos se han declarado objetores. Por último, en Alcoy, cuatro de los 13 facultativos del servicio también han mostrado su rechazo a practicar abortos.
Estas cifras figuran en la respuesta que la Conselleria de Sanidad ofreció recientemente a una pregunta planteada en las Cortes por la diputada de Compromís, Mónica Álvaro. Aplicada sobre el total de las plantillas de los hospitales, la objeción supone el 25% de los 171 ginecólogos que trabajan en la provincia de Alicante. A nivel de la Comunidad Valenciana el peso es menor, ya que sólo el 15% se han declarado objetores, según destaca la propia conselleria en la respuesta.
En esta respuesta se especifica que el cien por cien de los médicos objetores lo son al supuesto de la ley que permite abortar dentro de las primeras 14 semanas de gestación sin alegar ningún tipo de causa. Ninguno de ellos, según Sanidad, es objetor para el supuesto de la ley que permite interrumpir el embarazo por causas médicas, cuando hay grave riesgo para la salud de la madre o cuando hay graves anomalías en el feto.
Sanidad afirma en su respuesta a la diputada de Compromís que en el caso “excepcional” de que el hospital público no pudiera facilitar en tiempo la prestación, “las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado del territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.
A la privada
Actualmente, el 91,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas de la provincia. Sin embargo, la nueva ley que el Gobierno está elaborando plantea que todos los abortos se hagan en la Sanidad pública. Una medida que puede plantear muchas dificultades y no sólo por los médicos que se han declarado objetores debido a conflicto de conciencia, sino por el enorme volumen de trabajo que va a suponer que los diez hospitales de la provincia asuman los cerca de 3.000 abortos anuales que en estos momentos se hacen la privada. Ginecólogos consultados por este diario han mostrado sus reticencias a asumir este volumen extra de trabajo sino se amplían las plantillas de médicos.
La Conselleria de Sanidad, a preguntas de este diario, no ha explicado qué va a ocurrir cuando la ley eche a andar en aquellos departamentos en los que la mayoría del servicio se han declarado objetores para practicar abortos por debajo de la semana 14.
Para la diputada Mónica Álvaro es sorprende “que haya hospitales donde practicar un aborto es complicado”. Pese a que en su respuesta Sanidad matiza que la objeción es sólo para el primer trimestre, la diputada de Compromís duda de que en aquellos hospitales donde todos los profesionales se han declarado objetores “se pueda abortar en el segundo trimestre y estos embarazos son más complicados, porque a partir de la semana 20 es como un parto que necesita toda la atención”. Compromís ha planteado una propuesta no de ley “para que se regule el derecho de los médicos a objetar, pero también el de las mujeres a poder abortar en sus hospitales”.
En la Comunidad Valenciana la Conselleria de Sanidad ya intentó hace un par de años rescatar los abortos de las clínicas privadas para ahorrar ese dinero y que las mujeres puedan abortar en la pública. Entonces se pidió a los hospitales que elaboraran un censo de posibles médicos objetores y se llegó a plantear a las unidades de salud sexual y reproductiva de los centros de salud que asumieran los abortos farmacológicos que se hacen hasta la semana 12. Con este tipo de interrupciones, a la mujer se le proporciona una medicación para que expulse el feto en su casa y se la cita al cabo de unos días para hacer una ecografía y comprobar que ha abortado. Esta reforma quedó paralizada por el covid.
Objetores también en la privada
La nueva ley del aborto que está preparando el Gobierno introduce una novedad importante respecto a la objeción de conciencia y es que los profesionales que se declaren objetores en la sanidad pública también los serán para la privada a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo. La ley orgánica 1/2010 en la que se recoge la objeción de conciencia de los profesionales ante el aborto, señala que esta posición contraria a las interrupciones del embarazo debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Algo que el Gobierno tiene intención de mantener en el nuevo texto.
