El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), Salvador Navarro, y el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, plantearon ayer ante el director general de Aguas del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodoro Estrela, que se mantenga el Tajo-Segura mientras se buscan soluciones alternativas mediante una planificación técnica. De momento y a la espera de ver cómo termina la tregua Gobierno-regantes mientras se da un nueva vuelta a los planes del Tajo y Segura, Diputación y Consell han frenado la presentación de los recursos en el juzgado, aunque están prácticamente cerrados.
Ambos colectivos han expuesto las "necesidades hídricas" de la provincia de Alicante y han resaltado el potencial que tiene la reutilización de aguas en la Comunidad Valenciana, según ha explicado la CEV en un comunicado.
Asimismo, Estrela ha expuesto la planificación de la Dirección General de Aguas en cuanto a desarrollo de infraestructuras y desarrollo normativo para incentivar la reutilización de aguas, al tiempo que ha insistido en la importancia de alcanzar acuerdos que permitan un coste no subvencionado y asumible, y que faciliten la actividad económica y el mantenimiento del empleo.
Además, ha calificado como oportuno el momento para hacerlo, debido al incremento en la dotación presupuestaria de la Dirección General de Aguas y al impulso de los fondos europeos.
En opinión del presidente de la CEV, Salvador Navarro, la reunión "ha sido productiva porque constatamos que en la parte técnica, que es la que importa, estamos de acuerdo, y ya hemos acordado iniciativas de trabajo en esta línea que vamos a poner en marcha cuanto antes".
Por su parte, Andreu ha destacado que se ha manifestado "la urgencia de definir ya soluciones que hagan sostenible y rentable la agricultura en la provincia de Alicante", debido a la necesidad de "dar seguridad a largo plazo a esta actividad económica", para lo que hace falta "el análisis del soporte energético de los recursos hídricos, la ejecución ágil de infraestructuras y la reutilización de aguas".
La Confederación del Tajo tiene aprobado subir caudal ecológico del río de 6 m3/segundo a 8,52 m3/segundo, lo que significaría el comienzo de la cuenta atrás para el final del Tajo-Segura para el regadío, y dejaría también muy comprometido para el abastecimiento urbano, porque el Ministerio tampoco ha definido quien correrá a cargo del costoso mantenimiento de la infraestructura. La sustitución del agua del trasvase por desalada provocará un aumento del precio de entre el 20% y el 130%. En riesgo, por lo tanto, y según los técnicos, el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo nacional (106.000 puestos de trabajo).
Los técnicos que asesoran a los regantes insisten en la fuerte factura energética que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del Tajo (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora. El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante.
No obstante, en las útimas semanas, sobre todo tras la concentración del 17 de mayo en la Montañeta de Alicante y la incorporación a la causa al 100% del Consell -ha llegado a plantear un aumento salomónico de 7 m,3/segundo del caudal del Tajo- y la cada día más próxima campaña electoral, el Gobierno parece haber abierto la mano para buscar una solución que satisfaga a todos menos al Gobierno de Castilla-La Mancha, empeñado en cerrar el trasvase. De momento se mantiene una tensa calma a la espera de si hay marcha atrás tras la revisión, desde la técnica según la vicepresidenta Ribera, de los planes hidrológicos del Tajo y Segura, y aprobados, antes de llevarlos al Consejo de Ministros. Algo que ha frenado, incluso, la presentación de los recursos de la Diputación y el propio Consell.
