El juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha ordenado a la Policía Nacional la práctica de diligencias para esclarecer la denuncia del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) contra el exsecretario local del sindicato en Alicante, Pedro Calero, por su presunta vinculación con la elaboración del documento de 16 páginas que incluye el listado de opositores a la Policía Local aprobados y sus supuestos vínculos con mandos policiales, partidos, empresarios y otras personas.
En un oficio del juzgado notificado hace unas semanas a la Policía Nacional se insta al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante para que investigue los hechos. Este mismo grupo ya se estaba encargado de otras cuatro denuncias presentadas directamente en la Comisaría Provincial, entre ellas la del jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa. Una quinta denuncia fue presentada por otro mando de la Policía Local ante la Guardia Civil de San Vicente
Desde la Comisaría Provincial de Alicante han declinado ofrecer información alguna sobre la marcha de las pesquisas sobre el polémico documento, pero diversas fuentes consultadas por este diario han confirmado que los investigadores ya han tomado declaración sobre los hechos a varias personas y por ahora no se ha podido establecer la autoría del listado.
Entre las personas que han pasado por dependencias policiales figura el que fuera secretario local del SPPLB en Alicante, al cual se le relacionó con el documento que se investiga en la denuncia del sindicato que se tramita ahora en el juzgado de Instrucción número 8 de Alicante. Este exdirigente sindical habría declarado en calidad de denunciado y asistido por un abogado, según fuentes cercanas al caso. También acudió para ratificar la denuncia el secretario provincial, José María Jiménez.
Según se recogía en la denuncia presentada a finales de marzo por el SPPLB, el secretario provincial del sindicato explica que recibió una semana antes de que se difundiera públicamente el contenido del listado, un archivo titulado «Mantecado», acompañado por un mensaje de texto: «No lo pases [junto a dos iconos gráficos con sonrisa]. Parece ser que ya lo tendrían los medios». Ese mensaje, según consta en la denuncia, fue enviado por el secretario local al secretario provincial del sindicato. «Al abrir dicho PDF observo que es un documento sin firmar por nadie que contiene 16 hojas en las cuales se vierten graves acusaciones contra el comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante y varios mandos con imputación de varios delitos. También aparece un listado -prosigue la denuncia- con identificación de 110 opositores del proceso selectivo por turno libre convocado por el Ayuntamiento de Alicante. Dicho listado refiere su presunta relación familiar, de amistad, sindical, política... de muchos de opositores, aunque no de todos».
El entonces secretario local, según la denuncia, realizó «varias declaraciones a los medios de comunicación cuestionando el proceso selectivo por la publicación en varios medios de comunicación de parte de un listado de opositores con su presunta relación familiar, de amistad, sindical o política».
Piden que se suprima la prohibición de llevar armas a los agentes interinos
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha presentado en las Cortes Valencianas una solicitud dirigida a todos los grupos parlamentarios para que tramiten por la vía de urgencia una modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana con el fin de suprimir la prohibición de llevar armas de fuego a los agentes interinos y establecer que deberán ejercer las mismas funciones que los policías funcionarios de carrera.
En un escrito firmado por el vicepresidente nacional del SPPLB, Francisco González, se expone que el Tribunal Supremo ya dictó en 2020 una sentencia donde se reconocía el derecho de un ayuntamiento a que se le expidiera desde la Intervención de Armas la guía de pertenencia de un arma de fuego para uso reglamentario a un agente interino de la Policía Local.
Asimismo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante dictó otra sentencia en términos similares en mayo de 2021. En dicho fallo se estimaba el recurso de un agente interino contra el Ayuntamiento de Benidorm por rechazarle su petición de asignación de un arma reglamentaria como funcionario interino de la Policía Local benidormí.
Este mismo juzgado firmó en septiembre del pasado año una diligencia de ordenación dando firmeza a la anterior sentencia y dando diez días para su cumplimiento.
Desde el SPPLB entienden que que se está aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2020 y los policías locales interinos «deben ejercer las mismas funciones que los agentes funcionarios de carrera y lo tanto llevar arma reglamentaria de fuego».
El sindicato ha pedido, dada la doctrina del Supremo, el cambio legislativo en las Cortes Valencianas ante la falta de seguridad que supone que los agentes interinos desempeñen sus funciones sin portar el arma de fuego reglamentaria.
