Agentes de la Policía Nacional han efectuado en la mañana del martes un desalojo por la fuerza en el barrio de la Florida, concretamente en la calle Casiopea. En la calle se han quedado un matrimonio y sus dos hijas menores.
Para tratar de frenar el desalojo han acudido a la vivienda una veintena de activistas del Sindicat de Barri de Carolines que se han colocado frente a la puerta de la casa para impedir el acceso de la comitiva judicial. Una acción que no han logrado impedir que agentes de la Policía Nacional los desalojaran uno a uno por la fuerza para dejar acceder a la vivienda al cerrajero y al personal del juzgado que finalmente ha llevado a la práctica el desalojo de la vivienda.
Durante el desalojo se han vivido momentos de tensión, ya que algunos vecinos del barrio se han sumado a los activistas para tratar de frenar el desalojo. Minutos antes de que llegara el personal del juzgado, la calle ha sido cortada, precintada y se ha desalojado a los vecinos y periodistas que cubrían la información. Sólo se han quedado frente a la vivienda las personas que trataban de impedir el desahucio.
En el interior de la casa, las dos hijas de la pareja aguardaban con las persianas bajadas, para tratar de protegerlas en la medida de los posible de la situación que se vivía en el exterior. en el operativo de desalojo han intervenido diez agentes de la Policía Nacional, que uno a uno, han ido sacando fuera del cordón policial a los vecinos y activistas, entre gritos de protesta y la resistencia de algunos de ellos, que se han tirado al suelo para impedir que les quitaran de la puerta.
Una vez la entrada ha quedado libre, la Policía ha derribado la puerta con un ariete de madera. A continuación, los cerrajeros han entrado para instalar una nueva puerta y clausurar todas las ventanas para impedir que la casa sea de nuevo ocupada. Mientras, el padre iba metiendo las pertenencias de la familia en el coche. En todo momento, vecinos y miembros del Sindicar de Barri Carolines han permanecido junto al cordón policial increpando a la Policía por lo que estaba ocurriendo. "En una vergüenza", "Maltrato humano" o "Estos niños nos necesitan" eran algunas de las proclamas que gritaban los manifestantes. Uno de los momentos más difíciles se han vivido cuando han abandonado la vivienda las dos hijas de la pareja, con su perro en brazos y algunas pertenencias.
La casa llevaba un año ocupada por María Rosa Moreno, su marido y sus hijas de 10 y 13 años. En Hogueras le llegó una carta del juzgado indicándole que debía abandonar la vivienda, por la que asegura llegó a pagar 5.000 euros a cambio de quedarse aunque desconoce quién recibió finalmente ese dinero. En el poco tiempo que la familia ha tenido de margen para tratar de quedarse en la casa, consiguieron un abogado de oficio. Sin embargo, desde el Sindicat de Barri de Carolines lamentan que el juez no estimó los argumentos de la familia y pese al Real Decreto que prorroga hasta diciembre las medidas para evitar este tipo de situaciones, la familia finalmente ha sido desalojada.
Tras quedar en la calle, la familia se ha desplazado junto con la responsable de servicios sociales del PSOE de Alicante, Lola Vilchez, hasta la Concejalía de Acción Social para tratar de encontrar una solución urgente y evitar así que se quedaran en la calle. "De momento están alojados en una pensión del centro de la ciudad, pero sólo pueden quedarse tres días. Ahora la responsabilidad está en manos del Ayuntamiento para buscar un a solución a esta familia", sostiene Vilchez. “No puede ser que no haya una alternativa habitacional para que estos ciudadanos no acaben en la calle. Denunciamos la escasez de vivienda social en Alicante, la falta de implicación de Barcala para ceder suelo público tanto al Gobierno central como al Consell para la construcción de esta clase de viviendas, cuyo déficit es alarmante en el municipio”, añede.
