Definitivamente, la provincia de Alicante no tiene suerte en Madrid. Los incumplimientos de los que viene haciendo gala en los últimos años, primero el Ministerio de Fomento y ahora el Ministerio de Transporte, se han vuelto a hacer patentes en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y, en concreto, en materia de infraestructura viaria. De los 214 millones para carreteras, restando los 128,5 millones para la conservación de los firmes, la inversión para la provincia se queda en unos 30,6 millones de euros en proyectos, si se les puede denominar así, negro sobre blanco.
La conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche, actuación que se incluye dentro de la denominada variante de Torrellano (85 millones de euros), cuenta con una consignación de 1,3 millones de euros, pero su plazo de ejecución se estira hasta 2026, cuando recibe 30 millones euros, ya que en 2024 y 2025 solo hay consignados 473.000 euros por ejercicio.
Los fondos para el tren de la costa testimoniales, con 142.000 euros en el tramo Gandía-Dènia y la nebulosa sigue la conexión del puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo en Villena. A finales de 2021 se anunciaron 60 millones de euros a cargo de los fondos Next Generation. Diez meses después Adif tiene una partida para 2023 de 24.000 euros. Y para acabar con la infraestructura ferroviaria, ni un euros para la electrificación de la red de cercanías Alicante-Murcia. Mientras, las cercanías en València se llevan 272 millones de euros. Dos millones de euros recibe la línea Alcoi-Xàtiva.
El único proyecto viario que tiene fondos es la construcción del tercer carril en la autovía A-7 entre Crevillent y Orihuela (no se ha movido una piedra desde que se anunció hace ya casi diez años), para el que se han consignado 8 millones de euros, la mitad de la partida que hubo para este año, y a años luz de los 90 millones de euros que cuesta la obra. A partir de ahí, poco más ya que siguen sin contemplarse obras clave como las necesaria remodelaciones de las autovías entre Alicante-Villena en el tramo entre la capital de la provincia y Monforte (A-31) y la Circunvalación de Alicante, incorporando el tercer carril en cada sentido. Sí aparece a cargo de la Sociedad Estatal de Infraestructura del Transporte Terrestre una partida de 4,5 millones pero limitada a conservación y rehabilitación del firme. En definitiva, arreglar los baches.
En cuanto al resto de las carreteras, un millón de euros recibe la mejora de la capacidad de la N-332 entre el sur de La Vila y el norte de Benidorm, 500.000 euros hay para la remodelación de la carretera en Altea y 2,1 millones para la variante de Benissa. Cantidad que debe destinarse a pagar una obra que se terminó este año. Sangrante, por otro lado, que la duplicación de la variante de Torrevieja siga en el cajón, pues solo hay presupuestados 500.000 euros. Un clásico de los presupuestos son los 17 millones destinados a la autovía con Madrid, en concreto el tramo Alicante-Bonete, destinados a pagar la concesión a la empresa que la construyó y la mantiene.
Un informe de la Cámara de Comercio reveló hace ya tres años que la provincia necesita una inversión urgente de 750 millones de euros para evitar que la autovía Alicante-Villena y la circunvalación de Alicante, las más conflictivas, se colapsen completamente en los próximos diez años, aunque ambas presentan ya serios problemas de congestión.
En concreto, las «nuevas» carreteras debieran estar completamente operativas en el horizonte del año 2029, cuando se estima que la A-31 soportará un tráfico de 65.102 vehículos diarios, un 15% pesados, y la ronda de Alicante (A-70), 76.302 vehículos, un 8,5% pesados.
