El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha aceptado que Vox se persone en la causa abierta contra la ordenanza de mendicidad de Alicante por el recurso presentado por Unidas Podemos. Así figura en una providencia, en la que el magistrado Antonio López da veinte días al portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá, para que conteste a la demanda registrada contra la polémica norma, que lleva en vigor algo más de medio año.
El pasado mes de mayo, Vox decidió dar un paso adelante y acudir al TSJ para defender la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, que promovió el bipartito de PP y Ciudadanos y que salió adelante en el Pleno gracias al respaldo de la formación ultra, ante el rechazo general de la bancada de la izquierda.
El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, sostiene que es "evidente que esta ordenanza es la medida estrella de los partidos políticos reaccionarios". "La defensa de Vox en el juzgado, ante la denuncia de Unidas Podemos, de una norma que vulnera los derechos humanos y persigue a las personas más vulnerables sitúa a Barcala y a Ortolá en el mismo plano ideológico, un extremo alejado de la mayoría social alicantina y sobre todo, del ejemplo de solidaridad que ha demostrado constantemente y que pudimos ver durante la pandemia", ha señalado López, quien añade que "el Partido Popular sigue atrapado en una dinámica que le aleja del centro político y le sitúa como la copia mala de la ultraderecha". "Desde nuestro grupo volvemos a pedirle al gobierno municipal que retire la ordenanza y que, para la atención real desde la perspectiva social a las personas vulnerables y sin hogar, impulse una estrategia local para el Sinhogarismo, que se enmarque en el ámbito del Plan de Inclusión, a la vez que se dota económicamente este proyecto de fondos. Sólo se acaba con la pobreza con políticas sociales y con respuestas desde lo público".
Al respecto del proceso judicial abierto, el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a defender la norma ante el TSJ, en contestación a la demanda planteada por la coalición morada. En un escrito enviado por los servicios jurídicos municipales, el bipartito se escuda en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y de Cataluña para sostener la legalidad de una norma criticada por la izquierda municipal, por entidades sociales y puesta en cuestión incluso por el propio obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.
Según el Ayuntamiento, "no resulta ajustada a derecho la petición de nulidad radical del texto normativo aprobado por defectos formales en su tramitación", a la vez que sostiene que no existe base legal para impugnar artículos relativos a dormir en la vía pública o practicar la prostitución, además de las multas económicas, que pueden llegar hasta los 3.000 euros.
A la espera de resolver el fondo
Unidas Podemos no consiguió el primero de los objetivos, ya que el TSJ rechazó la suspensión cautelar de la norma al considerar que su puesta en marcha no constataba un daño que resultase irreparable ni tampoco se apreciaba "con toda evidencia" que existiera una nulidad de pleno derecho. Para la sala, que citaba jurisprudencia del Tribunal Supremo, no existía "periculum in mora" en caso de aplicarse la ordenanza. Al margen de no pronunciarse sobre cuestiones que consideraba que son parte del fondo del asunto, el TSJ añadía que la jurisprudencia "ha sido especialmente restrictiva a la hora de acceder a la suspensión cuando la petición afecta a disposiciones generales, pues existe un indudable interés público en la aplicación inmediata de las normas que lo componen".
