El Consell, a través de la nueva titular de Transición Ecológica, Isaura Navarro y la Plataforma por un Puerto Sostenible, integrada por diversos colectivos vecinales y ecologistas de Alicante, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (firmante del documento), que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana para impedir la construcción de los macrodepósitos del puerto de Alicante por su proximidad a varios barrios de la ciudad.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia del pasado 26 de octubre, acordó el pasado 26 de octubre admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 6440-2022, promovido por el presidente del Gobierno, contra el artículo 173 de la Ley de la Generalitat Valenciana 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
La Plataforma muestra indignación por el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el presidente del Gobierno de España contra la modificación de la LOTUP que afecta a la macroplanta de combustibles que se pretende construir en los muelles 19 y 21 del Puerto de Alicante y pide su retirada inmediata. Recordar que el Gobierno ha presentado un recurso, firmado por el propio presidente Pedro Sánchez, ante el Tribunal Constitucional en el que reclama que deje sin efecto el artículo de la Ley de Ordenación del Territorio que incorporó el Consell en diciembre de 2021en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos de 2021 para impedir la construcción de los depósitos para almacenar y mover combustible en el puerto. En concreto, el Consell legisló para establecer que no se pudieran levantar depósitos para mover sustancias peligrosas a mil metros del casco urbano.
Desde la Plataforma se considera que el Gobierno no debe torpedear una de las pocas decisiones del Consell que ayudan a avanzar hacia un puerto realmente sostenible en la ciudad de Alicante, estableciendo una distancia mínima de mil metros entre los barrios de la ciudad y una instalación peligrosa como la macroplanta de combustibles que la mercantil XC Business 90 pretende encajar en el puerto. Tampoco entienden, según un comunicado remitido por Sol Garcín y Miguel Ángel Pavón, que "con este recurso se defiendan los intereses privados de una empresa frente al interés general que sustentó la modificación de la LOTUP aprobada por la Generalitat".
Una macroplanta que contó con el beneplácito de la Autoridad Portuaria de Alicante que, en julio de 2019, aprobó "desoyendo más de mil alegaciones la modificación sustancial de la concesión que posibilitaba su implantación en el puerto de Alicante". El Puerto siempre ha sostenido la legalidad de su actuación subrayando que si no hubiera autorizado la petición del concesionario, avalada por la Ley de Puertos, estaríamos ante un caso de presunta prevaricación.
La Plataforma reclama al Gobierno de España que "retire de inmediato su recurso y que inste a la Autoridad Portuaria de Alicante a aceptar la alegación que la Plataforma presentó en marzo de este año a la última modificación de la DEUP (Delimitación de Espacios y Usos Portuarios) del Puerto de Alicante para que la DEUP prohíba expresamente en el ámbito portuario cualquier gran instalación o planta de almacenamiento de combustibles, como la que promueve XC Business 90. Por último, Garcín y Pavón insisten "en la obsolescencia y falta de sentido de este tipo de instalaciones (grandes depósitos de combustibles fósiles) en el horizonte de una economía descarbonizada y en cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático".
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lleva oponiéndose a la instalación de una planta para almacenar y mover productos petrolíferos y gas licuado en el Puerto de Alicante desde 2018, tal como proyecta la empresa que gestiona la zona logística portuaria. En concreto, la construcción de 18 depósitos (entre tres y seis en la primera fase que supondrían una capacidad entre los seis de 110.000 m3), de hasta 30 metros de altura, tal como planteó la concesionaria Terminal Marítima del Sureste, que gestiona el área logística y el muelle 19, donde se plantea, de momento sin éxito, la construcción de los depósitos. La intención de la promotora es mover hasta un millón de toneladas a partir del quinto año de actividad pero todo se ha parado porque el Ayuntamiento de Alicante no ha dado la licencia y el asunto ha acabado en los juzgados.
La iniciativa que promueve Terminales Marítimas del Sureste para la cesión del uso a la empresa XC Business 90 prevé dos fases para la implantación de la terminal de combustible. En la primera, la empresa prevé la instalación de seis depósitos, el mayor de 50 metros de diámetro y una altura de casi 30 metros con una capacidad total de unos 110.000 metros cúbicos, que se destinarían al almacenamiento de combustible. Los depósitos de la primera fase se instalarían sobre una parcela de 14.000 m2, situada en el muelle 19. El presupuesto inicial rondaría los seis millones.
En la segunda fase se construirían sobre otra parcela de 40.000 m2 hasta doce macrodepósitos de más de 50.000 m3 cada uno para un total de 600.000 m3 para almacenar gasóleos y biocarburantes, pudiéndose incorporar depósitos de gas licuado del petróleo (GLP) con esferas de hasta 20.000 m3 para su comercialización a granel o envasado, con un presupuesto de 30 millones. La empresa pretendía llegar a mover hasta un millón de toneladas de combustibles al año.
Por su parte, El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha mostrado su preocupación y extrañeza por el silencio del alcalde Luis Barcala ante la decisión del Gobierno Central de recurrir al Constitucional la enmienda legislativa a la (LOTUP), destinada a garantizar una mayor seguridad de la ciudadanía de los barrios del sur de la ciudad respecto a las actividades portuarias.
Bellido recuerda que "la iniciativa impulsada por Compromís, y apoyada por el conjunto de grupos parlamentarios del Botànic, modificaba la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), la cual hacía referencia a los tanques con capacidad de almacenar más de 5.000 hm3 de productos petrolíferos situados en el interior de un puerto y que no sea una instalación estratégica del Estado. De acuerdo con la enmienda aprobada, estos tanques no podrán ubicarse a menos de 1000 metros de núcleos residenciales a contar desde el perímetro exterior hasta la zona de suelo residencial, dotaciones educativas o sanitarias y suelo de terciario especial".
Bellido subraya que “desde Compromís queremos que el Ayuntamiento vuelva a mostrar una voluntad unitaria, sólo rota por la extrema derecha, de rechazo contundente a la instalación de los macrodepósitos, y por eso haría falta que Barcala saliera de su silencio e inacción ante las amenazas y problemas de la ciudad y que hicimos un pronunciamiento unitario en la próxima Junta de Portavoces contra una instalación que amenaza el modelo de Puerto seguro y sostenible que necesita la ciudad de Alicante”.
Asimismo, desde la coalición progresista se pedirá información al concejal de urbanismo para que traslade al Plenario cómo está en estos momentos la petición de licencia de la mercantil de los depósitos de combustibles.
