El bipartito de Alicante busca el aval del Pleno municipal para que la Corporación se congele los sueldos, siguiendo la estela de la Diputación y en contra de la postura de la Generalitat Valenciana, que sí pretende aplicar la subida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, que supondrá un 4% de ingresos más para 2023. "Dada la situación económica actual y aras de la ejemplaridad que han de mostrar las administraciones públicas y sus cargos en los duros momentos que estamos atravesando, se propone dejar sin efecto el punto I.2.2. del acuerdo del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante del 11 de julio de 2019, que establece que los importes se actualizarán con la aplicación de los porcentajes de incremento retributivo que se aprueben, en su caso, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado", señala el acuerdo que el gobierno municipal prevé llevar al Pleno de este mes de noviembre, que se celebrará el día 24.
En el acuerdo se recuerda que el 11 de julio de 2019, el primer pleno de la actual Corporación tras las elecciones municipales, se pactó fijar las retribuciones íntegras anuales de los miembros de la Corporación Municipal que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial. En esa sesión plenaria se marcó que el alcalde cobraría 72.104 euros, seguido del resto de concejales del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) y los portavoces de la oposición, con 59.099 euros, mientras que los demás de ediles de la oposición con dedicación exclusiva pasarían a cobrar 52.653 euros. Por último, los concejales con dedicación parcial percibirían un 75% de esa cuantía, es decir, unos 39.500 euros. En régimen parcial, por falta de dedicaciones exclusivas, están cinco concejales socialistas. Esa propuesta, que suponía un incremento salarial de entre el 5 y el 10%, salió adelante con los votos del bipartito y la abstención de Vox, ya que el PSOE reclamaba más asesores para no bloquear la iniciativa.
A sueldo de la Diputación
Entre los ediles que perciben ingresos de otras administraciones están el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que cobra íntegramente su sueldo de la Diputación, siendo el salario base de unos 85.000 euros, a los que en 2021 se sumaron unos 9.000 euros por acudir a órganos autónomos de la institución provincial, como el Instituto Juan Gil Albert, el Patronato de Turismo Costa Blanca, Suma, la Caja de Crédito para Cooperación o Geonet, entre otros. El jefe del Consell, Ximo Puig, percibe unos 75.000 euros, más 10.000 euros por indemnización por tener la residencia fuera de València.
También cobra parte de su sueldo de la Diputación el socialista Miguel Millana, que en 2021 ingresó los aproximadamente 40.000 euros correspondiente entonces a su dedicación parcial en el Ayuntamiento, a los que se sumaron unos 30.000 euros, según figura en el Portal de Transparencia de la Diputación, por asistencia a comisiones. A mediados de 2022, Millana pasó a ejercer de portavoz municipal socialista tras la destitución del cargo de Francesc Sanguino, así que su sueldo base de incrementó hasta rondar los 60.000 euros. En los tres primeros trimestres de este año, según el Portal de Transparencia, el socialista ha ingresado casi 20.000 euros por asistencia a órganos colegiados. Si en esta recta final de año ingresa poco más de 4.000 euros por asistir a comisiones de la Diputación (que sería el peor trimestre de los dos últimos años) ya superaría el sueldo de Barcala.
Según el acuerdo que el bipartito ha elevado a la Comisión de Presidencia, como paso previo a abordarse en el Pleno, "el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural, así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, establece que, adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021". Además, el acuerdo añade que "el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 contempla un incremento del 2,5% fijo de las retribuciones del personal al servicio del sector público que se aplicará, en su caso, respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022 y con efectos de 1 de enero de 2023".
