El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha encargado a Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua y uno de los referentes en el conocimiento de los recursos hídricos en España, un estudio para determinar cuál es el estado de las masas del agua en el Tajo con el objetivo de demostrar al Ministerio para la Transición Ecológica que no hay que esperar tres años para certificar, según Mazón, que el aumento del caudal sería innecesario en el tramo donde a partir del próximo 1 enero se elevará hasta los 7 m³ por segundo.
Un tramo del río de más cien kilómetros de longitud, entre el embalse de Bolarque y Aranjuez. en el que el agua es cristalina, ya que los problemas arrancan a partir de esta localidad. El objetivo de este estudio exprés, que se quiere tener preparado antes de la celebración del próximo Consejo Nacional del Agua, es redactar unas normas de explotación que determinen la cantidad de agua que puede llegar desde el Tajo e, incluso, si es necesario rebajar la línea roja a partir de la cual no hay trasvase y que en la última revisión se fijó en 400 hm³. Los técnicos creen que el trasvase puede mantenerse sin tocarse incluso en tiempos de sequía, rebajando la línea roja de la reserva de los 400 hm3 a partir de la cual se cierra el acueducto para todos los usos.
Mazón comparte los criterios de los regantes y del Instituto del Agua de la UA, y considera que el acuerdo del Gobierno y el Consell para limitar el aumento del caudal no es mas que “una muerte a plazos del trasvase. Nos dicen que en 2026 se revisará si es necesario hacer algo más, pero es como si a un reo condenado a muerte en 2023 le dijeran que se retrasa la ejecución tres años pero, mientras, le cortan una mano”. El acuerdo al que han llegado el Consell con el Gobierno central para fijar el aumento del caudal ecológico del Tajo en 7 m³/segundo hasta 2026 supone un balón de oxígeno para los regantes pero no ha dejado de ser un mal menor, porque el recorte global el agua a llega se mantiene en, en principio, 32 hm³ al año que es la cantidad que todos lo estudios estiman que se quedará en la cuenca cedente por cada metro cúbico de agua por segundo que se suba el caudal en Aranjuez.
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio de 2021, a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica, el Real Decreto por el que se modifican las vigentes reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. El nuevo mecanismo respondió, según el Ministerio, a las recomendaciones científico-técnicas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y fue refrendado por la Comisión Central de Explotación del Trasvase y el pleno del Consejo Nacional del Agua.
Los nuevos umbrales para la cesión de caudales atendían a un principio de equilibrio entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo y la estabilidad de los suministros hacia las cuencas beneficiarias del trasvase. Se trataba de minimizar el riesgo de que el trasvase entre en situación de excepcionalidad hídrica y, en consecuencia, tuviera que interrumpirse el aporte de caudales aguas abajo, como ha sucedido con frecuencia en los últimos años a medida que se agravan los efectos del cambio climático sobre el régimen de lluvias en España.
Las aportaciones medias del trasvase han ido cayendo de manera sostenida desde la década de los 80 y en los últimos años la cabecera del Tajo se ha encontrado casi la mitad del tiempo en situación hidrológica excepcional, lo que hace imposible realizar los envíos de agua. En 2017, el grifo del trasvase permaneció cerrado durante once meses seguidos por falta de caudal suficiente. Esto no se corresponde con el espíritu de la norma, que aboga por una explotación regular y estable de esta infraestructura.
Cuando las existencias sean iguales o mayores que 1.300 hm3 o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.400 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hm3, hasta el máximo anual. Un escenario que no se ha dado nunca desde la apertura del trasvase.
Nivel 2: cuando las existencias conjuntas sean inferiores a los 1.300 hm³ y las aportaciones de los doce meses previos no lleguen a los 1.400 hm3. En ese caso, la Comisión Central de Explotación autorizará un desembalse mensual de 27 hm3. Esta fue la principal modificación de la regla que hasta entones fijaba en 38 hm3/mes el posible aporte de agua desde la cabecera del Tajo cuando se dieran las condiciones establecidas. A partir de entonces, el desembalse máximo pasó a ser de 27 hm³, lo que ha provocado que desde agosto los regantes del Tajo-Segura hayan perdido 66 hm³ de agua, en concreto los seis meses que la reserva de agua daba para 38 hm³ mensuales y solo llegaron 27 hm3.
"El acuerdo con Puig es político, sin respaldo técnico, y avanza en la línea de la muerte lenta para el trasvase"
El Tribunal Supremo acaba de rechazar el recurso de Asaja-Alicante contra el cambio de las normas de explotación que recortan en 11 hm³ al mes la cantidad de agua máxima a trasvasar. Un escenario nada optimista, por otro lado, por la coyuntura hidrológica actual: la sequía mantiene cerrado el trasvase por tercer mes consecutivo para regadío, en los embalses del Segura apenas quedan 4 hm³ de agua del Tajo embalsada y lo que es peor, los técnicos estiman que el Acueducto no podrá normalizar el envío de agua para el campo hasta la próxima primavera. La semana arranca con una reserva de agua de 473 hm³ en a la cabecera del Tajo, a la que hay que restar los 15 hm³ que quedan por trasvasar -el acueducto está cerro por obras- para el abastecimiento urbano, con lo cual solo quedarían 58 hm³ “trasvasables” porque cuando la línea roja llega a los 400 hm³ se cierra el grifo para todo los usos.
Los agricultores de Alicante, Murcia y Almería han ganado tiempo pero habrá que esperar en los próximos tres años las inversiones con esos mil millones de euros comprometidos por el Ministerio para la Transición Ecológica para mejorar los sistemas de depuración de aguas en Madrid, verdadera culpable de los episodios de contaminación en el Tajo, y la propia Castilla-La Mancha al verter todos los años cientos de hectómetros cúbicos de agua mal depurada los afluentes del Tajo.
Carlos Mazón, presidente de la Diputación, insiste en que "el acuerdo no es otra cosa que un paso más en la lenta e inexorable muerte del trasvase, que es el camino que llevan las decisiones de Pedro Sánchez. El acuerdo con Puig es político, sin respaldo técnico, y avanza en la línea de la muerte lenta para el trasvase. Por eso hemos encargado un informe serio y riguroso a un grupo de expertos liderado por Paco Cabezas, desde la Mesa Provincial del Agua y la Diputación, para que analice y detalle el terrible impacto que este último movimiento puede tener para el trasvase Tajo-Segura".
