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El Gobierno se escuda en el Supremo para recortar el trasvase pero el tribunal nunca fijó caudales concretos en el Tajo

El Consell no podrá recurrir el plan del Tajo en los tribunales hasta que el documento esté aprobado y publicado en el BOE al haberse abstenido en el Consejo Nacional del Agua

Agua del Tajo fluyendo por los canales del trasvase en una imagen de archivo. LA UNIÓ

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mantiene que el Gobierno español será "escrupuloso con la dotación de caudales ecológicos en el plan del Tajo, un procedimiento que desplegará las infraestructuras que suplirán las disminuciones de caudales consecuencia del impacto del cambio climático en la cuenca cedente con agua desalada". Morán se escuda para ello en las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar caudales ecológicos (mínimos) pero sus fallos nunca hablaron de cantidades concretas, algo que tiene encrespados a regantes y empresarios, que consideran, según les certifican sus estudios, que no hubiera sido necesario ni tocarlos, ni siquiera elevarlos a los 7 m³/segundo pactados por el Consell.

La Generalitat aceptó esa cantidad en base a un texto adicional donde se incluía un mecanismo corrector (evaluar en 2025 si las medidas aplicadas han disminuido la contaminación del río), que el propio Gobierno ha dejado oficiosamente sin efecto, y que fuentes próximas al Ministerio han trasladado que no llegará plasmado negro sobre blanco en el plan del Tajo que llegará al Consejo de Ministros y después al BOE.

El Consell llega tarde en su reacción contra el plan del Tajo que recorta el trasvase -el presidente Ximo Puig anunció alegaciones anteayer durante la Noche de la Economía Alicantina, pero según fuentes jurídicas solventes no puede hacerlo al haberse abstenido en la votación del plan- ya que no podrá presentar un recurso hasta que el plan está aprobado definitivamente.

La única solución ahora es que haya una negociación política para lograr un rechazo en el Consejo de Estado, algo improbable. Todas las fuentes consultadas por este periódico certifican, por otro lado, que al final se va a imponer completamente la posición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page: elevación del caudal del Tajo hasta los 7 m³/segundo el próximo enero, y por encima de los ocho metros cúbicos por segundo a partir de 2026. Cantidades que reducirán sensiblemente la disponibilidad de agua de riego, porque otra derivada negativa es que la elevación del caudal modificará a la línea roja (400 hm³) a partir de la cual no hay trasvase.

Hugo Morán señaló en el Senado, un día después de que el plan del Tajo recibiera los parabienes del Consejo Nacional del Agua, que no darán marcha atrás en las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a establecer esos mínimos de caudal circulante en varios puntos del recorrido del Tajo.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insiste en que el Consell presentará alegaciones ante el Consejo Nacional del Agua por el Plan Hidrológico del Tajo con el fin de "defender el acuerdo que garantiza el trasvase Tajo-Segura". Puig intenta que "que no haya rectificaciones sobre lo que ya está escrito". Para el jefe del Consell, “la guerra sobre el agua solo trae sufrimiento", insistiendo en que Alicante cuenta con "agua para siempre", un bien que "es una realidad a través del trasvase Júcar-Vinalopó".

Por su parte, e presidente de Murcia, Fernando López Miras, también anuncia acciones judiciales que estén en su "mano" si "el PSOE no entra en razón" respecto al trasvase Tajo-Segura e "insiste en maltratar y perjudicar de nuevo los intereses del millón y medio de murcianos". López Miras, al igual que el resto de los presidentes autonómicos de las comunidades gobernadas por el PP sí votó en contra del plan del Tajo.

"Vamos a llevar a cabo todas las acciones políticas, institucionales y administrativas que podamos, y si el Gobierno de España insiste en pegar un hachazo, en maltratar y perjudicar de nuevo los intereses del millón y medio de murcianos, acudiremos a los juzgados y utilizaremos todas las acciones judiciales que están en nuestra mano", ha comentado. Respecto a las afirmaciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, López Mira apunta que "dijo lo que lleva diciendo el PSOE desde hace algunos años", en concreto desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dijo en Albacete que el objetivo del Partido Socialista es cerrar el trasvase Tajo-Segura".

Madrid se defiende

Por su parte, la Comunidad de Madrid, a la que regantes y Consell responsabilizan de la contaminación del Tajo, asegura que todas las aguas que se vierten a los cauces madrileños están depuradas y sostiene que sus pérdidas de agua son "mínimas", situándose diez puntos por debajo de la media española. La consejera de Medio Ambiente y presidenta de Canal de Isabel II, Paloma Martín, ha respondido así al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien sostiene el Gobierno central destinará más de mil millones de euros en inversiones en el trasvase Tajo-Segura para reutilizar adecuadamente "los centenares de hectómetros cúbicos" que se pierden cada año desde la Comunidad de Madrid. Una vez que se consiga esto, dijo Puig, "se podría mejorar sustancialmente el agua del Tajo y su seguridad en el futuro".

Martín garantiza que todas las aguas que devuelve Canal de Isabel II a los cauces madrileños desde sus depuradoras están autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo y cumplen "estrictamente" con las condiciones de las autorizaciones de vertido que dicta este organismo como regulador de la cuenca.

Además, "como dato curioso", apunta, el 26% de las aguas devueltas a los cauces por Canal se somete a un tratamiento adicional a la depuración, la regeneración, "lo que les da una calidad muy superior a la exigida en las autorizaciones de vertido".

La consejera recuerda que, del total de vertidos autorizados por la CHT (1.810 autorizaciones y 1.754 hm3), los correspondientes a las depuradoras gestionadas por el Canal, empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la región madrileña, "solo representan el 9,7 % de las autorizaciones y el 33 % de los volúmenes vertidos".

Además, destaca Martín, el último dictamen motivado de la Comisión Europea, dentro del procedimiento para evaluar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CE, no ha incluido ninguna depuradora de la Comunidad de Madrid, "lo que ratifica su buena gestión".

El último estudio publicado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) aborda uno de los puntos clave sobre los que trabaja Canal que es la reducción del agua no registrada, que incluye las pérdidas de la red, el fraude de agua y el subcontaje de los contadores.

"Dicho informe hace especial hincapié en que Canal mantiene un nivel de pérdidas reales muy reducido y señala que el porcentaje de ANR en Madrid se encuentra en valores cercanos al 13,5 %, diez puntos por debajo de la media española, que de acuerdo con los datos del Estudio de AEAS y AGA es del 23,5 %", concluye.

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