El Gobierno recorta el trasvase en Alicante sin cuantificar las consecuencias sociales y económicas que exigió el Supremo
La Generalitat alega ahora que no entiende que después "de un acuerdo se rompa el acuerdo" y la vicepresidenta Teresa Ribera replica que "el criterio es el mismo desde hace dos años"
El trasvase está cerrado por unas obras que se realizan entre Santomera y Orihuela / Tony Sevilla
Un argumento más en la batalla por la defensa del trasvase Tajo-Segura. La Generalitat ha incorporado al informe jurídico que tiene preparado para recurrir en los tribunales el Plan Hidrológico del Tajo -iniciativa que no podrá hacer hasta ver el plan en el BOE al haberse abstenido en la votación del Consejo Nacional del Agua- el contenido de las sentencias del Tribunal Supremo, en las que se obligaba a fijar caudales ecológicos en el plan del Tajo pero sin citar cantidades concretas. Ahora, los letrados del Consell han descubierto, tras consultas con los propios regantes, un nuevo argumento legal, que refuerza la posición de estos en su negativa al recorte del trasvase. No existe informe alguno sobre las consecuencias económicas y sociales que provocará el aumento del caudal. El tema se ha quedado en la mejora de las condiciones ambientales en el río que cede el agua, y un plandotado con mil millones para abaratar el precio del agua desalada incorporando energía fotovoltaica en las desaladoras en los próximos años.
Cartel anunciador de la protesta de este jueves en Murcia / Información
Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía, según ha apuntado hoy en València, en que no se abra ninguna guerra del agua en el trasvase Tajo-Segura tras el informe de la Abogacía de la Generalitat en el que insta al Gobierno a que respete el proyecto de real decreto tal como fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua y que garantizaría el futuro del trasvase, según Ximo Puig.
El Supremo ordenó que al fijar los caudales mínimos en el río se tuvieran en cuentas las consecuencias socioeconómicas con estudios en mano. El Ministerio para la Transición Ecológica no ha aportado, según denuncian los regantes, ninguna, mientras que los informes del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura son firmes: pérdida inmediata de 27.314 hectáreas, 15.322 despidos y 5.693 millones de pérdidas económicas en el territorio regado con las aguas el Tajo, el 20% en la provincia de Alicante.
“Prescindir de un solo metro cúbico en la cuenca del Segura supone añadir una extrema preocupación a la incertidumbre con la que siempre trabajamos: el riesgo de no contar con el 40% del volumen habitual del trasvase será detonante de pérdidas de empleo, daños medioambientales y, claro está de los diversos efectos económicos que eso conllevaria. El propio Ministerio, en la planificación del Segura alude a esos efectos colaterales de la medida de subir, innecesariamente, los caudales en eI AIto Tajo”, advierte Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes.
Recordar, en este sentido, que catedráticos de las universidades de Alicante y Alcalá cifran esas repercusiones en la pérdida de 27.314 hectáreas de regadío, en pérdidas patrimoniales iguales a 5.693 millones de euros, y en 15.322 despidos, con “nombre y apellidos”, asevera el presidente del Sindicato.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sigue, por su parte, tratando de justificar el fallo cometido por los enviados del Consell y el Consejo Nacional del Agua con su abstención en la votación del plan del Tajo en el que se fijaba el recorte del trasvase Tajo-Segura este próximo enero para darle el golpe definitivo a partir de 2026. Error que, según la Generalitat, se intentó enmendar aprobando la inclusión del denominado mecanismo corrector para revisar las condiciones ambientales del río en 2025 y obrar en consecuencia. El Consell votó a favor a pesar de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reveló que esa disposición no tendría futuro.
Ximo Puig quiere hacer valer ahora ese texto adicional, que sigue negro sobre blanco, pero que puede que no llegue en el plan que aprobará el Consejo de Ministros. “La Generalitat siempre ha actuado de buena fe. Nosotros sabemos perfectamente que con la confrontación y las guerras política no llega agua a Alicante. Lo que hemos querido siempre es evidenciar que es el diálogo para lograr que lo que considero imprescindible y es que el trasvase Tajo-Segura siga vigente, pero al mismo tiempo continúe también trabajándose para que en Alicante haya agua para siempre”.
"Lo que no se puede entender es que después de un acuerdo se rompa el acuerdo y la Generalitat no está dispuesta a pasar por ahí"
Puig asevera que “lo que no se puede entender es que después de un acuerdo se rompa el acuerdo y la Generalitat no está dispuesta a pasar por ahí, porque no se entiende que bajo ningún concepto que tras un acuerdo unilateralmente se quiera romper. La Abogacía de la Generalitat ha hecho un informe en el que se refrenda claramente que no hay ningún motivo ni ninguna virtualidad que haga razonable un cambio de posición respecto a aquello que se acordó legítimamente en el Consejo Nacional del Agua”.
La Mesa del Agua de Murcia, a la que se ha sumado Alicante, ha convocado dos jornadas cde protesta -el jueves arrancan en Murcia_ antes de Navidad contra el Plan Hidrológico del Tajo aprobado por el Consejo Nacional del Agua, que establece un aumento de los caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez a partir del 1 de enero de 2023, lo que disminuirá la cantidad de agua trasvasada al Segura. Lucas Jiménez., presidente del Sindicato Central, subraya que estas manifestaciones "no son actos políticos" y que los representantes de todos los partidos están invitados a participar para protestar contra un "ultraje tremendo a los intereses sociales, económicos y medioambientales", que constituye un "auténtico drama futuro y una grandísima tomadura de pelo para todos murcianos, alicantinos y almerienses. El Consell, de momento, no mueve ficha.
"La realidad nos demuestra un entreguismo total cuando el Supremo nos daba mucho margen para batallar mucho y bien"
Por su parte, Ángel Urbina, regante del Tajo-Segura desde hace más de 40 años y presidente de la SAT San Enrique, subraya que "si ahora reconocen, como nosotros decíamos siempre, que el Tribunal Supremo no puso cantidad alguna para fijar los caudales ecológicos, se demuestra que siempre nos han mentido. Desde el minuto estuvo claro, y ahí están las sentencias para el quiera leérselas. Fijar los caudales no tenía que ser un caprichoso, sino que debieran haber tenido la debida justificación técnica?
Urbina se pregunta por qué la Generalitat aprobó entones subir el caudal 7 m3/s , cuando los únicos informes técnicos que presentó el Sindicato dejaban claro que con 6m3/s es ya suficiente. ¿Quién y con que informes, según dice el Supremo, ha negociado esto? La realidad nos demuestra un entreguismo total cuando el Supremo nos daba mucho margen para batallar mucho y bien".
Teresa Ribera, este lunes en València / Carlos Lujan
Ribera no quiere guerras
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dicho confiar en que no se abra ninguna guerra del agua en el trasvase Tajo-Segura tras el informe de la Abogacía de la Generalitat en el que insta al Gobierno a que respete el proyecto de real decreto tal como fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua y que garantiza el futuro del trasvase.
Ribera se ha pronunciado así al ser preguntada por esta cuestión durante un acto en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, al que ha asistido para pronunciar una conferencia sobre "Clima y derechos humanos".
"El Ministerio mantiene exactamente el mismo criterio con el que empezó a abordar esta cuestión hace dos años y que ya presentó en Alicante y en en el Palau de la Generalitat"
Ribera ha asegurado que el Ministerio ha mantenido "exactamente" el mismo criterio con el que empezó a abordar esta cuestión hace dos años y que ya presentó en Alicante y en Valencia, en el Palau de la Generalitat. "No ha cambiado de criterio", ha insistido.
La ministra ha manifestado que confía en que no se abra ninguna guerra y "menos una guerra de agua" después del trabajo de los últimos años centrado en conseguir la mayor financiación que nunca se haya destinado a obras hidráulicas en una versión moderna para que los regantes y las ciudades, tanto de la cuenca cedente como de las beneficiarias, puedan disponer del "agua que se requiere".
Todo ello anticipando una situación que genera más tensiones como consecuencia del cambio climático, ha añadido. Ha defendido que se puedan cumplir todos los hitos en las inversiones para aportación adicional de recursos, para la conexión dentro de la cuenca de la mejor manera posible y para el "seguimiento transparente" de todos los parámetros de calidad y cantidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La aventura de vivir en un barco en Alicante
- Este es el diseño ganador para el futuro Palacio de Congresos de Alicante
- El distrito único para elegir colegio dará a prioridad a las rentas bajas y las familias numerosas y monoparentales
- «Los psicólogos en los colegios podrán detectar precozmente los trastornos»
- Habrá huelga de taxis en Alicante: el sector se planta ante Uber y Cabify
- El Ayuntamiento de Alicante aprueba la reurbanización del paseo de la playa de San Juan dos décadas después de la primera intervención
- Suspendida la presentación del futuro Palacio de Congresos de Alicante
- La proliferación de los pisos turísticos en Alicante, a debate por los vecinos de Carolinas Bajas y el Pla
