Diagnóstico del Síndic de Cuentas: a las universidades les falta control financiero interno

La gestión económica interna de las universidades de la provincia es mejorable, a tenor de los incumplimientos y fallos detectados por la Sindicatura de Cuentas en su informe anual.

En términos generales, el órgano autonómico fiscalizador indica que el grado de ejecución del control financiero interno en ambas instituciones, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, y por extensión en el conjunto de los campus públicos de la Comunidad, es “bajo”, por lo que insta a “mejorar la gestión económica “ y a reforzar el control interno.

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Punto negro

Más concretamente sitúa el punto negro de la UA en los contratos de investigación, cuya gestión se”incumple”, como detalla la Sindicatura en su auditoría.

De hecho, se percibe esta irregularidad en la totalidad de los contratos de tipo ordinario, en el sentido de que el investigador principal “no ha cumplido con la obligación de cumplimentar un informe final técnico-económico”, como detalla la auditoria referida al campus de San Vicente.

En la misma línea faltan asimismo, referido a estos contratos, tanto un resumen del trabajo o investigación desarrollada, como el detalle de todo el personal que participa del proyecto e igualmente los gastos e ingresos que derivan de cada una de las investigaciones emprendidas.

Desfase

Advierte en sus conclusiones la entidad fiscalizadora que, por otra parte, en un número menor de estos contratos de investigación solo se contempla la entrada de fondos y que “no se corresponden con los ingresos reales de cada uno de ellos”.

Y expone la Sindicatura que dado que son proyectos “con financiación afectada”, las “irregularidades detectadas” podrían llegar a afectar al “correcto cálculo de las desviaciones de financiación” y, por lo mismo, tanto al “resultado presupuestario” como al del “remanente de tesorería”.

Autonomía

Las advertencias de la Sindicatura en su auditoria, correspondiente a las cuentas de las universidades de 2021, también pasan por señalar que falta autonomía en los servicios de fiscalización interna creados por cada una de las universidades de la provincia.

Para arreglarlo, señala a ambas instituciones académicas de la provincia que deberían “actualizar sus Estatutos”.

De entrada, en el caso de la UA, el nombramiento del director de la Oficina de Control Presupuestario, el servicio creado para fiscalizar las cuentas internas, es de “libre designación”.

Y con respecto a la UMH, además de fallar igualmente en la “independencia funcional” de su propio servicio de control, el informe auditor pone el acento en que dos de los puestos de trabajo de dicho Servicio de Control Interno no están ni siquiera cubiertos.

Se recomienda a las autoridades del campus ilicitano que “revisen el marco jurídico” de aplicación de dicho plan de control interno.

Personal

Para el organismo autonómico que fiscaliza las cuentas de las instituciones públicas se hace imprescindible que se doten tanto de personal cualificado en ambos casos, como de un control de las cuentas internas “permanente” y no tan solo de perioricidad anual, de ahí que cite la necesaria actualización o reforma de los estatutos.

A la UMH le insta a prever los mecanismos que precisa su servicio interno para que pueda actuar “con independencia funcional suficiente”, tal y como contempla sus Estatutos y más concretamente en el artículo 127 que se cita.

A la UA se le conmina a recoger en sus Estatutos la correspondiente autonomía funcional de su Oficina de Control Presupuestario y, por otra parte, a actualizar y desarrollar su normativa para la “contratación de trabajos de carácter científico y relacionados con la actividad investigadora”. Así lo contempla textualmente el informe auditor, tras valorar que dicha regulación “se ha quedado desfasada en algunos aspectos”, amén de que achaca falta de claridad y de concreción “especialmente en la liquidación de los contratos de investigación”.

Contratos

Sostiene el órgano financiero autónomo que también es necesario determinar los porcentajes máximos de remuneración que debe percibir cada uno de los profesores por cada contrato de investigación, y que para ello se hace necesario “modificar los estatutos”.

Y es que se hecha en falta la ausencia de una fiscalización adecuada desde la propia Universidad de Alicante para comprobar que el dinero que recibe cada investigador contratado “no supera el límite” que marca la normativa vigente.

Son irregularidades todas ellas referentes a las cuentas precisas en el ámbito de la investigación y a las que se suma que no se estiman por parte de la UA los costes reales que suponen los proyectos contratados, por sus efectos en la gestión económica de los recursos. “La UA debería revisar” abunda al Sindicatura, “si la retención del 12% sobre el precio de los contratos es suficiente para compensar la totalidad del coste inducido por su ejecución”.

Y de la misma forma se concreta la recomendación de que se incluya en todos estos expedientes una declaración responsable del investigador principal para que quede claro que no existe ni incompatibilidad ni conflicto de intereses.

No obstante, y tras detallar los extremos que no cumplen las universidades, y que incluyen el necesario control también de los contratos menores y de aquellas actividades que no dependen directamente de las universidades, pero que deben fiscalizar igualmente por ser subcontratas, la Sindicatura concluye que las actividades realizadas y la información reflejada en las cuentas anuales, con excepción de los contratos de investigación señalados, “resultan conformes en todos los aspectos significativos con la normativa aplicable”.

Debilidades

La gestión de las dos universidades de la provincia, de Alicante y de Elche, coinciden además en que en el proceso interno que llevan a cabo para el control de sus cuentas ambos organismos, el Servicio de Control Interno de la UMH y la Oficina de control presupuestario de la UA, carecen de manuales de procedimiento.

A la UMH se le afea a su vez que no incluya en su plan de actuación los aspectos a fiscalizar en cuestión de ayudas y subvenciones concedidas por la propia universidad, y que tampoco marque plazos para presentar dichas actuaciones al Consejo Social.

Ninguna de las universidades somete tampoco los gastos de personal a la necesaria fiscalización, que debería ser previa y permanente, aunque en el caso del campus alicantino se atenúa el golpe en este caso en concreto porque en "algunos conceptos" de los citados gastos de personal sí que lleva a cabo ese control financiero previo.

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