Un fondo buitre fuerza el desahucio de una mujer de 71 años y de su hijo discapacitado en Alicante
La autoridad judicial ejecuta el desalojo de la vivienda en Carolinas Bajas pese a que la afectada estaba al corriente de todos los pagos
La autoridad judicial ha decidido hacer efectivo el desahucio de María, una mujer jubilada de 71 años, y de Moisés, su hijo que tiene una discapacidad psíquica. Cerca de 20 agentes de la Policía Nacional se han presentado en el lugar con el uniforme antidisturbios para desalojar a los cerca de 30 manifestantes que han tratado de impedir el desahucio colocándose en la puerta del inmueble, propiedad del fondo buitre Majoro Reo Spain II, SL. Finalmente, la Policía ha conseguido entrar en la vivienda, donde ha desalojado a la mujer sin escenas de violencia. La mayoría de los manifestantes ha aceptado abandonar la puerta del edificio, mientras que una decena de ellos ha tenido que ser retirada por los agentes de policía.
Antes del lanzamiento, unos treinta vecinos y manifestantes han tratado de frenar el desahucio de María, en la calle Garbinet del barrio de Carolinas Bajas, en Alicante. Desde primera hora de la mañana del miércoles, una treintena de miembros del Sindicato Barri de Carolines se ha presentado en la puerta de María, una pensionista que cobra 750 euros al mes y pagaba 300 euros de alquiler a un fondo buitre que ya ha logrado desalojar a los demás residentes del edificio.
El motivo del desahucio no se debe a ningún impago. El fondo buitre Majoro Reo Spain II, SL, propietario de las viviendas del bloque de pisos, ha optado por no renovar el contrato de los alquileres, que se encuentran a precios muy inferiores a lo que ya se está pagando tanto en ese barrio como en otras zonas de la ciudad.
Rocío, tía de Moisés y cuñada de María, ha señalado que "es una injusticia porque no son okupas". La familiar de los afectados ha recalcado que "lo han pagado todo, tanto el alquiler como los recibos y la comunidad hasta última hora". La cuñada de la afectada ha considerado que el fondo buitre "debería darles algo a cambio o facilitarles encontrar un piso" por "sus circunstancias", tras haber realizado todos sus pagos en fecha durante más de 12 años.
Respecto al hijo de María, que padece una discapacidad psíquica, no se encontraba presente durante el lanzamiento ya que la noche del martes al miércoles la ha pasado en casa de unos familiares. Su tía ha indicado que "se encuentra tranquilo dentro de lo que podría ser, porque podría haberle dado un brote" y ha apuntado que la situación, con el ruido y los policías, "lo habría puesto nervioso".
Sin alternativa
El sindicato ha denunciado que, pese a contar con todos los requisitos para ser consideradas familias vulnerables —contar con el informe correspondiente expedido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante y tener a su cargo a una persona con discapacidad—, no se les ha ofrecido alternativa habitacional alguna o algún servicio de mediación por parte de la Administración.
Francisco Llopis, portavoz del sindicato Barri de Carolines, ha recordado que el decreto del Gobierno por el que se paralizan los desahucios cuando hay una persona vulnerable dentro de la vivienda sigue vigente, y que la última prórroga deja en manos de los jueces el decidir si se proseguía adelante o no con la medida.
Al grito de "este desahucio lo vamos a parar" y "fuera fondos buitre de nuestros barrios", los vecinos se han colocado este miércoles frente al inmueble para tratar de impedir el desalojo. Finalmente, el juez ha decidido hacer efectivo el desahucio, pese a que fuentes han señalado que la comitiva judicial que ha acudido a la vivienda ha tratado de llevar a cabo una moratoria que no ha aceptado el juez.
El portavoz del sindicato Barri de Carolines ha señalado que la autoridad judicial "no ha atendido a razones y ha decidido echar a la familia". Llopis ha añadido que "la Policía Nacional ha hecho su trabajo y nos ha quitado a todos de en medio y María y su hijo no volverán a casa. Ahora lo único que falta es un trámite burocrático y es que emitan el informe de emergencia habitacional. Con eso, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que también tiene que ponerse las pilas, ha de tramitar la concesión de una vivienda social y ya está, no es tan complicado. Es su responsabilidad". Fuentes de la Concejalía de Acción Social han señalado que el Ayuntamiento de Alicante ha tramitado el certificado vulnerabilidad.
Los concejales Rafa Mas, de Compromís, y Vanessa Romero, de Unidas Podemos, han estado presentes en el momento del desahucio. No ha estado ni la concejala de Acción Social, Julia Llopis, ni miembros del resto de partidos con representación en el Consistorio.
El viernes, otro desahucio
El otro de los desalojos previstos para esta semana es el de un matrimonio con dos hijos. El Sindicato Barri de Carolines también ha convocado una concentración para intentar frenar el abandono de la vivienda y esta familia pueda quedarse en su casa, al encontrarse en situación de vulnerabilidad.
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