Entidades sociales critican al Consell por no resolver las necesidades de las personas mayores

Más de 300 personas participaron, de manera presencial o virtual, en la jornada organizada por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) este martes en Valencia para ofrecer distintas opiniones sobre el procedimiento de elaboración del nuevo decreto de tipologías, que afecta a la asistencia a personas mayores, donde se valoró su resultado.

La apertura corrió a cargo de Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG). Según explica Aerte, dio una lección magistral sobre el cuidado a personas mayores y la necesidad de contar con una base científica en las propuestas de nuevas normativas sobre el sector. Explicó que esta sociedad no ha participado en ningún momento en el proceso de elaboración de la norma, algo que no deja de sorprender negativamente y que refuerza el pronunciamiento hecho por el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el Consejo Jurídico Consultivo en este sentido.

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Tras un análisis del procedimiento de elaboración de la norma y las disposiciones transitorias que recoge el decreto, que llevó a cabo el presidente de Aerte, José María Toro, se dio paso a una mesa redonda en la que participaron la Federació Valenciana d’ Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer; la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunidad Valenciana; la Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual y la  Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología que explicaron que "en el nuevo decreto no se ha tenido en cuenta las aportaciones más importantes, fruto del trabajo de años en los distintos servicios y centros, que habían llevado a cabo dichas entidades".

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Santiago Llopis, presidente de Federación de Asociaciones de Familiares de personas con alzheimer, comentaba que no se habían recogido centros específicos para personas con esta enfermedad. Esteban Burillo, presidente de las Asociación de Instituciones de Menores, indicaba que había en los nuevos centros de menores más metros cuadrados destinados a las plantillas que a las personas usuarias y que estaba enfocado desde un punto de vista adultocéntrico; Montse Rams, presidenta de la Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional, se lamentaba de que a pesar de todo el trabajo hecho y las aportaciones realizadas, no se había escuchado nada por parte de la Generalitat; y Sacramento Pinazo, presidenta de la sociedad gerontológica, insistía que no se habían generado los recursos adaptados a las necesidades de las distintas personas.

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Por último, hubo una segunda mesa redonda con el Centro Residencial de Atención a Salud Mental y viviendas supervisadas CEEM Xeraco, el Centre de Dia Montcalet, la entidad de servicios de ayuda a domicilio Atentia y la residencia para personas mayores Parqueluz en la que quedó constancia de que "el decreto estaba muy alejado de la realidad de los distintos servicios y va a conllevar un incremento de las tarifas por la aplicación de los nuevos requisitos, sin que esté garantizado que las ayudas a las personas usuarias se incrementan en la misma cantidad".

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Carmen Betoret, de Montcalet, afirmaba que éste es un cambio inviable y que se han tomado decisiones desde los despachos sin visitar los centros; Vicente Ribes, de Atentia, lamentaba que no se hubiera dado una regulación más adecuada del Servicio de Ayuda Domicilio a pesar de la supuesta apuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por impulsar la ayuda a domicilio; Susana Jarque, de Parqueluz, adelantaba que habría personas usuarias que acabarían dándose de baja por no poder asumir los costes de los nuevos requisitos y que había centros que se volverían inviables; e Inma Monzó, de CEEM Xeraco, recordaba la contradicción entre apostar por la autonomía de las personas y, al mismo tiempo, incrementar de manera desproporcionada el número de profesionales en los centros de salud mental.

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“En definitiva, una oportunidad perdida para regular el sector con una nueva normativa que todas las partes consideran absolutamente necesaria y con la financiación suficiente para que no le cueste un euro más a nadie” concluye el presidente de Aerte.