La Concejalía de Urbanismo asegura que la Subdelegación de Alicante renunció a las obras de accesibilidad pero no muestra la documentación

El pasado jueves, la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, señaló que si la sede en la provincia no tiene acceso para personas con discapacidad es porque el Ayuntamiento de Alicante —en concreto, la Concejalía de Urbanismo— paralizó las obras que estaban licitadas para convertir este edificio protegido en apto para todo tipo de personas. Este viernes, el área de Urbanismo ha desmentido a la representante del Gobierno y ha asegurado que fue la Subdelegación quien renunció a la obra tras un informe desfavorable de Urbanismo al proyecto. Sin embargo, a peticiones de este medio, el área que dirige Adrián Santos Pérez no ha facilitado ni la renuncia de la Subdelegación ni el informe con las deficiencias técnicas del proyecto.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante, no apta para personas con movilidad reducida

El inmueble cuenta con un elevador para acceder a la instalación que es responsabilidad de la Subdelegación y que lleva roto más de un año. El organismo que dirige Araceli Poblador ha indicado que la reparación está incluida en los presupuestos de este año. Dos colectivos de personas con movilidad reducida, Cocemfe y Cermi, han remarcado que el elevador tiene que estar reparado, pero que no es suficiente, ya que el edificio tiene varias carencias. Mismamente, para acceder al ascensor es necesaria una rampa, al haber un escalón previo que no se puede solventar sin una licencia que tiene que conceder Urbanismo al ser el edificio un BIC, pero además el inmueble cuenta con deficiencias en materia de accesibilidad cognitiva, comunicativa y de señalética que también precisan de este permiso.

Sin viabilidad ni documentación

Desde la Concejalía de Urbanismo han indicado que el proyecto de obra que se presentó desde Subdelegación "tiene carencias porque es un edificio protegido". Además, han añadido que "si el Consejo de Ministros hace un decreto de urgencia especial será otro tema". El cruce de acusaciones se ha realizado sin ninguna documentación que las pruebe por parte de Urbanismo.

Los trámites se iniciaron en agosto de 2016, hace ya casi siete años, cuando se solicitó al Ayuntamiento de Alicante un informe técnico previo a la solicitud de Licencia de Intervención. Un informe que resultó favorable.

Tras este informe, se redactó el proyecto de obra, que fue presentado en el Registro General del Ayuntamiento de Alicante el 12 de enero de 2018, cuando el PSOE alicantino regentaba el Consistorio. Meses más tarde, ya con Barcala al frente, el 24 de agosto de 2018 el Ayuntamiento de Alicante solicita a la Subdelegación del Gobierno un informe para justificar "la imposibilidad de acometer otra solución viable para la instalación del ascensor accesible, en cumplimiento de la normativa urbanística, en otro acceso del edificio que no suponga la ampliación de la ventana existente en la fachada principal". Un informe que se presentó en el Registro del Ayuntamiento quince días más tarde, el 7 de septiembre de 2018. La obra no se llevó a cabo.

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Ya con el bipartito, el 22 de junio de 2021 la Subdelegación del Gobierno presenta en el Ayuntamiento de Alicante un escrito solicitando la modificación de la ficha del catálogo de edificios protegidos para poder llevar a cabo las obras de accesibilidad. Un escrito que desde la Subdelegación han indicado que "no ha recibido todavía resolución del Ayuntamiento otorgando o denegando la licencia" aunque han añadido que en una reunión el pasado año "se comunicó de forma verbal que no veían la viabilidad del proyecto".

Entre dimes y diretes, los afectados muestran su enfado ante un derecho vulnerado en una institución pública en la que se llevan a cabo numerosos trámites.