El Parlamento Europeo estudiará la polémica ordenanza de mendicidad de Alicante

El Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición planteada por el PSOE contra la ordenanza de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Alicante aprobada en febrero de 2022, por entender que castiga sin justificación alguna a las personas sin hogar. En concreto, recuerdan los socialistas, la norma sanciona con hasta 750 euros a a las personas que duerman en la calle "en las vías o espacios públicos de día o de noche", con hasta 3.000 por "comportamientos que adopten la forma de mendicidad". Además, inciden en que la regulación "criminaliza" a este colectivo, y que "ha generado un clima de miedo", sobre todo en personas extranjeras que han tenido que huir de su país.

El eurodiputado socialista alicantino Domènec Ruiz Devesa, miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, señala que "la igualdad y el respeto a la dignidad humana son un valor fundamental de la UE", y que el Pilar Europeo de Derechos Sociales "establece que las personas sin hogar deben disponer de alojamiento y servicios adecuados para promover su inclusión social". También alude a que el Parlamento Europeo ya se pronunció en una resolución del 24 de noviembre de 2020 sobre la situación de las personas sin hogar en la Unión, "llamando a los Estados Miembros a evitar su criminalización y a ofrecer soluciones como refugios temporales". 

Los peticionarios han expuesto al Parlamento Europeo que España, junto con la Comisión, el Parlamento Europeo y otras autoridades nacionales, regionales y locales, han firmado la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo. Por ello, denuncian que el Ayuntamiento de Alicante está incumpliendo los compromisos comunitarios e internacionales, al penalizar a las personas sin hogar sin proporcionarles alojamiento y sin promover su inserción social. Tras ser admitida a trámite, la petición será valorada por la comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento y la Comisión Europea.

La concejal socialista Lola Vílchez afirma que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, puso en marcha la ordenanza con el objetivo de lograr el apoyo de la ultraderecha a los presupuestos municipales, sin importarle la repercusión negativa sobre la imagen de la ciudad, al ser recogida la noticia de la aprobación de la ordenanza en medios de comunicación de toda España, y atacando derechos fundamentales de las personas más vulnerables. "Esta norma, conocida por la ordenanza de la vergüenza, es una mancha para nuestra ciudad y está despojada de cualquier contenido social y de convivencia", afirma la edil. A su juicio, se trata de "una norma puramente policial y de castigo a los pobres".

El PSOE lleva a Europa la ordenanza contra la mendicidad de Alicante por "discriminar" a los sintecho

Vílchez recuerda que el PSOE puso como línea roja para negociar los presupuestos de 2023 la derogación de esta ordenanza. Sin embargo, lamenta, "Barcala, como siempre, hizo oídos sordos porque en realidad se siente muy a gusto pactando con sus compañeros de Vox".