Semana de cuentas pendientes

Dos de cada tres personas que residen en Alicante no habían ni nacido cuando en la ciudad ya se empezó a hablar de construir un palacio de congresos. España estaba bajo el yugo del franquismo. Faltaba más de una década para que el primer alcalde tras la dictadura tomase las riendas de la ciudad. Era 1968. Y se pensó en Santa Faz, a las afueras de la ciudad, en unos terrenos situados en la zona del actual Hogar Provincial. Ese fue el primer intento, aunque luego hubo más. Y no pocos. Todos fracasaron.

Cuando quien escribe aún no había nacido, se recuperó el debate tras la primera tentativa fallida. La ubicación fue otra, ya en un entorno más urbano: Campoamor, que años más tarde acogería lo más parecido a un centro de congresos público que tiene la ciudad cuatro décadas después: el ADDA. Tampoco hubo suerte. Ni en los ochenta, ni en los noventa ni en los dos mil... Ni en el espigón del Postiguet, ni en el Benacantil, ni en Sangueta. Tampoco en las harineras del acceso sur. ¿Será en el puerto de Alicante? Motivos hay para dudar. 

Y eso que la Diputación, en un acto que contó con sus horas de incertidumbre, desveló este pasado lunes el diseño elegido para saldar una deuda histórica. «San Carlos», con procedencia madrileña, es el proyecto elegido por un jurado profesional. Los ciudadanos, según el debate generado en los últimos días, se hubieran decantado por otro. Suele pasar.

Sea el que fuera, una apuesta más conservadora, como así se comentaba en los corrillos de expertos tras conocerse el proyecto ganador, o una más atrevida, como reclaman aquellos que pretendían ir más allá de lo obligado para intentar compensar las décadas de retraso que arrastra la iniciativa en Alicante, lo indiscutible es que la ciudad no puede asumir otro fracaso. Y no porque falte costumbre...

Es cierto que la propuesta elegida no situará, a priori, a la ciudad en la vanguardia. Tampoco la llevará a avanzar hacia esa nueva arquitectura que intenta combatir los efectos del cambio climático. En el diseño conocido, que puede experimentar cambios antes de su planteamiento definitivo, no hay espacio para las sombras ni tampoco apenas para lo verde. Las voces ciudadanas no se han escuchado, por ahora. A tiempo están.

También para integrar el proyecto en la ciudad, para avanzar en ese eterno objetivo de acercar el puerto a Alicante, para que ese entorno no solo sea destino de congresistas o trabajadores de Suma, sino también de ciudadanos de a pie, ya sean turistas que buscan estampas que inmortalizar como alicantinos necesitados de espacios para hacer comunidad, de los que la ciudad no anda sobrada. 

Otro debate

Y mientras no eran pocos los alicantinos que debatían sobre el futuro palacio de congresos, a la espera de que la «reflexión» de Pedro Sánchez acaparase toda conversación en los últimos días, recuperó su espacio en la actualidad alicantina la implantación de macrodepósitos en el puerto, otro de esos asuntos que llevan años sobre la mesa, recordando viejos precedentes —abortados— como la planta de biodiésel. El TSJ habló, y lo hizo para darle un revés al Ayuntamiento, concediéndole la licencia ambiental (de actividad) para la primera fase (seis depósitos) a una empresa que lleva más de una década detrás del proyecto a pesar de las trabas municipales.

Ahora es cuando más cerca está de conseguir su objetivo al hacerse con el aval judicial, pese al rechazo ciudadano y de los grupos municipales (aunque el gobierno municipal del PP, seguido de Vox, haya marcado distancia con la izquierda, recalcando que por encima de los deseos está la legalidad, empezando así a huir de posibles falsas promesas a los ciudadanos).

Ahora, tras esa sentencia (recurrible ante el Supremo), el ejecutivo de Barcala ha empezado a hablar de una posible negociación con la empresa. De un «no» rotundo a los macrodepósitos, sin matices, a abrir la puerta al diálogo, pidiendo «tiempo». También ha reclamado respaldo al Consell, con el que se prevé reunir este lunes para intentar avanzar en una respuesta. Para poder presentar el recurso no hay prisa, falta un mes. Para negociar, no se sabe muy bien qué, voluntad por las dos partes. ¿Estaría el Ayuntamiento dispuesto a indemnizar (y hasta cuánto) para frenar el proyecto? ¿Habría otras alternativas como aceptar la sentencia a cambio de evitar más fases? ¿Se recurrirá el fallo y, conociendo los tiempos judiciales, que el próximo que se apañe?