El nuevo decreto que regula los centros sociales acaba en los tribunales

El nuevo decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de Servicios Sociales de la Conselleria de Igualdad acaba en los tribunales. La patronal de las residencias de mayores y personas dependientes ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) un recurso contra esta norma, más conocida como decreto de tipologías y que viene a regular las ratios de profesionales y personas usuarias en este ámbito público.

"El nuevo decreto no debería costarle ni un euro más a nadie, debería suponer un esfuerzo en ayudas de la Administración a las personas usuarias en la cantidad suficiente para compensar el incremento de costes que vaya a suponer"

José María Toro

— Presidente de la patronal de centros de mayores

Entienden que no se ha dotado del presupuesto necesario para evitar el copago de los nuevos usuarios que accedan por ejemplo a centros de día o a viviendas tuteladas de salud mental.

"El nuevo decreto no debería costarle ni un euro más a nadie, debería suponer un esfuerzo en ayudas de la Administración a las personas usuarias en la cantidad suficiente para compensar el incremento de costes que vaya a suponer", indica el presidente de esta patronal (Aerte), José María Toro. El recurso se formalizó ayer.

Desde la Conselleria de Igualdad replican que la aplicación del decreto se está haciendo de forma dialogada y consensuada con sindicatos, entidades del tercer sector y patronales, entre ellas la propia Aerte, "que ha participado en la ronda de reuniones para implantarlo. Por lo tanto no hay razón para la alarma excepto si las empresas de las residencias de personas mayores quieren mantener su nivel de lucro en niveles muy elevados. Consideramos que, tras la pandemia, también deben arrimar el hombro para mejorar la calidad de sus servicios". 

"No hay razón para la alarma excepto si las empresas de las residencias de personas mayores quieren mantener su nivel de lucro en niveles muy elevados"

Conselleria de Igualdad

Asimismo, el Consell recuerda que la implantación del decreto irá acompañada de 137 millones de euros para facilitar que las residencias del sector público o con plazas concertadas tengan garantizado el apoyo financiero de la Generalitat para acometer los cambios previstos.

La Comunidad necesita 23.000 plazas en residencias para mayores

Sea como sea, la asamblea general de la patronal de residencias decidió presentar este recurso contra el decreto de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

"No entendíamos que no estuviera bien dotado económicamente, con el presupuesto necesario para poder abordar los requisitos que exigen", abunda Toro, quien recuerda que ya el Consell Jurídic Consultiu (CJC) dictaminó que Igualdad no había "evaluado adecuadamente el impacto económico para las personas usuarias ni la situación del sector" en el proyecto de decreto.

Aitana Mas presenta en Elche el "feminismo de clase", la jornada laboral de 32 horas, el fin de los colegios concertados que segregan por sexos y las casas de partos

Esta patronal ha celebrado tres concentraciones ante la Conselleria para denunciar que en el nuevo decreto se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental, lo que provocará que aumente el copago.

Según sus datos, hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, "y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 euros como máximo, lo que está impidiendo a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos".

Los geriátricos critican al Consell por publicar el decreto de tipologías de centros sin el coste económico para los usuarios

La última movilización tuvo lugar la semana pasada con el lema "Contra el bloqueo del acceso al sistema de salud mental y de dependencia", respaldada por la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer (FEVAFA), que representa a 42 organizaciones, y el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad, que también ha recurrido el decreto en tribunales.

Disciplinas

Al respecto, el Consell aclara que desde la aprobación de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana las tres disciplinas básicas que constituyen los equipos de servicios sociales son los profesionales de Psicología, Educación Social y Trabajo Social. Esto supondría que los profesionales de pedagogía o psicopedagogía que ya estuvieran trabajando en los equipos de Servicios Sociales como figura básica continuarán en la misma.

Desde Igualdad inciden en que la Comunidad Valenciana es la primera en incorporar, mediante este decreto, todas las mejoras consensuadas en el acuerdo estatal sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia de la Comisión Interterritorial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Salud Mental

Las partes litigantes, en todo caso, reclaman una atención a la salud mental rehabilitadora "para todas las personas y sin recortes", centros específicos de Alzheimer y de atención a las necesidades de cada persona, el mantenimiento de las plazas existentes y el fomento de generación de las nuevas necesarias.

Descubierto el segundo caso de una persona resistente al alzhéimer

Además, abogan por el consenso y la no exclusión de colectivos profesionales. Exigen un nuevo modelo de servicios sociales que aporte el "presupuesto necesario" y no suponga para las personas usuarias un "aumento del copago", que puede llevar a que muchas de ellas tengan que abandonar las residencias por no poder hacer frente a las nueva tarifas.

Igualdad destina 12,5 millones a servicios de los centros de mayores

De paso recordaron que en los últimos años se ha impulsado una red de viviendas de apoyo en salud mental, generando 107 nuevos espacios desde septiembre de 2015 debido al fomento de la Conselleria de Igualdad, y subraya el resultado de las mismas, ya que han cumplido su "función temporal y complementaria, a rehacer su vida a muchas personas".

El primer hospital de día infantojuvenil de Salud Mental de la provincia de Alicante recibirá pacientes en junio

A juicio de la patronal de personas dependientes, con el decreto también se ha limitado la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores o con problemas de salud mental que han solicitado "una plaza pública de las escasas que hay y que no pueden acceder a ella".

La patronal afirma que más de 100 residencias han informado a Igualdad de la imposibilidad de poder atender a personas con las nuevas limitaciones

Plan Convivint

Por otro lado, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes la autorización para ampliar el límite presupuestario destinado a infraestructuras sociales hasta 2025, a través de la financiación de las delegaciones de competencias a entidades locales, en el marco del Plan Convivint 2021-2025 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Este plan establece la puesta en funcionamiento de centros y servicios para garantizar el acceso a ellos a las personas residentes en la Comunidad con una dotación de plazas suficientes para dar respuesta a la demanda y a las necesidades existentes. 

Para ejecutar el plan, y entre otras medidas, se contempla la delegación a las entidades locales de sus competencias en materia de construcción, ampliación, adecuación, reforma y, en su caso, equipamiento de centros públicos de servicios sociales de su ámbito territorial. Para financiar estas delegaciones de competencias, con la ampliación acordada, el límite de a dotación se establece en 33,6 millones. Igualmente, para el ejercicio de 2025 se pasa a un límite de 21,7 millones.