Barcala toma “medidas preventivas” para evitar otro caso Pérgola

Veinticuatro horas después de que el jefe de servicio de Partidas Rurales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante declarara en los juzgados, la Junta de Gobierno de Alicante ha aprobado unas instrucciones que ahondan en el procedimiento de contratación con especial atención a los contratos menores.

Bajo el epígrafe de “Análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, la Junta ha querido poner luz en las figuras de contratación y, sobre todo, contar con “medidas preventivas”. Primero, porque así lo marca la Unión Europea como recoge el documento en su primer párrafo y segundo, porque la instrucción del caso Pérgola ha evidenciado una supuesta falta de control en el cruce de contratos entre áreas.

Las directrices aprobadas indican que este mecanismo de inversión de fondos europeos “establece la necesidad de que los Estados Miembros establezcan medidas de prevención del conflicto de interés” e incide en el “potencial conflicto de interés que puede suscitarse entre las personas que participan en los procedimientos de adjudicación de contratos y concesión de subvenciones”.

Además de las figuras que establece el procedimiento se amplían los requisitos en la tramitación hasta el punto de que el consistorio que dirige el popular Luis Barcala se ha querido curar en salud y ha apostado por erradicar hasta las sospechas. Así, el documento indica claramente que el empleado deberá abstenerse en el caso de que exista un simple “indicio de conflicto” con el objetivo de que se reduzca esta circunstancia y la de riesgo de fraude.

Claves del nuevo control

La norma está expresamente dirigida a todos los empleados y, de hecho, el Ayuntamiento alicantino ha enviado una circular interna al personal que trabaja en ámbitos de contratación y ayudas. Este denominado “análisis”, que viene a ser una prueba de contraste, “se aplica a todos los procedimientos de contratación, con independencia de su cuantía”. Otra de las claves que contiene el documento es el carácter retroactivo, pues se señala la fecha del 26 de enero de 2023 como día de entrada en vigor de la orden.

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En la parte final, se dedica un capítulo específico para la contratación menor. La instrucción recuerda los 16 puntos que debe contener la tramitación de estos expedientes y marca dos aspectos significativos y directamente relacionados con lo sucedido en el caso Pérgola. Por un lado, especifica que este tipo de contratos “deberán subirse a la plataforma de contratación del Estado de forma independiente y no agrupados”. Por otra parte, subraya que “todo el personal que participe” en este tipo de formalidades mercantiles “deberá firmar la Declaración de Ausencia de Conflicto de interés (DACI)” junto con el adjudicatario. Este último aspecto habría marcado todo lo sucedido en el caso que llevó al ex edil Manuel Jiménez a dimitir y ha abierto un proceso judicial, cuya instrucción se dio por finalizada ayer.

Para ejercer el control, la Junta de Gobierno recuerda cuáles son las figuras en el procedimiento de contratos. No obstante, el alcalde Luis Barcala ya delegó en el edil Antonio Peral la fiscalización de los contratos y la orden viene ahora a responder a las exigencias del Plan de Recuperación (PRTR).