El Ayuntamiento de Alicante incumple la Ley de Transparencia en los contratos menores

El portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alicante no ha colgado ningún informe trimestral de los contratos menores que ha realizado a lo largo de este 2023. La ausencia de esta información supone un incumplimiento de las leyes de transparencia (estatal y autonómica). 

Además, esta circunstancia quebranta varios de los principios generales de la norma y, en concreto, rompe el de publicidad. El punto indica que «la administración debe proporcionar y difundir de forma constante, veraz y objetiva la información relativa a su actuación y funcionamiento».

La web de Gobierno Abierto recoge la relación pormenorizada referente a todas las anualidades, pero concluye en diciembre de 2022. A estas alturas del año, deberían reflejarse la lista con la lista de empresas y su NIF, conceptos, importes y fechas de adjudicación. Como se puede comprobar, los datos deberían aparecer en el apartado de «Contratación pública». La falta de esta información pública coincide con el caso pérgola, una contratación menor que ahora está en sede judicial y que acabó con la dimisión del concejal Manolo Jiménez poco antes de la cita electoral del 28 de mayo. 

Los ayuntamientos están sujetos a la normativa autonómica (artículo 3.1d perteneciente a la Ley 01/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana) y casualmente, para el incumplimiento de la publicidad activa de contratos menores la norma remite a la estatal, que obliga a su publicación con todos los detalles indicados. 

Una de las novedades que incorporó el Botànic a la ley autonómica fue la opción de establecer multas coercitivas si la administración persistiera en el incumplimiento. En el capítulo dedicado a la «obligación de suministrar información» (artículo 5), el documento legal estipula las posibles sanciones. En este caso y como no se puede cuantificar la acción, se prevé una multa máxima de 3.000 euros. 

El órgano encargado de imponer la sanción es el Consejo de Transparencia, que se encuentra en un estado debilitado porque no se renovaron tres de sus cinco cargos, podría actuar de oficio; pero lo cierto es que está desbordado por la falta de medios y sus actuaciones se han circunscrito hasta la fecha a las demandas presentadas por ciudadanos o grupos políticos. Las memorias del órgano reflejan esta situación. 

Reutilizable

Con motivo de la aprobación de las medidas antifraude en la primera Junta de Gobierno de agosto, el grupo municipal socialista sacó a la luz la falta de control dentro del campo de los contratos menores y fijó en 1.057 la cantidad gestiona hasta la fecha. El número sólo es posible obtenerlo si se bucea en el perfil del contratante, plataforma que pertenece al Estado, que aunque muestra la información pública de la convocatoria y anuncios imposibilita la claridad, facilidad y la reutilización de los datos. El ejemplo más claro de entender es que la plataforma del Gobierno no está preparada para que se pueda realizar este punto y es complicado localizar a las empresas adjudicatarias, salvo que se abra y se lea cada documento. 

Por el contrario, los informes trimestrales son documentos publicados en formatos que sí cumplen con estas premisas. En el caso del Ayuntamiento de Alicante, son hojas de cálculo. De hecho, gran parte de la información económica se publicita bajo esta forma. Un ejemplo con el que se puede ver esta diferencia es que, si se marca la palabra «pérgola» en el perfil del del Ayuntamiento dentro de la plataforma de Contratación del Estado, y se delimita la búsqueda desde 2022 hasta ahora, se localizan siete contratos menores. En la relación aparecen los conceptos y las cantidades, pero no se ven en pantalla los nombres. Si esta misma búsqueda la realizamos en los informes trimestrales, se obtiene el detalle de cada contratación.

Por último, dos aspectos puntuales. El primero es que los enlaces a los informes trimestrales pertenecientes al primero y segundo trimestre de 2022 no funcionan, lo que parece más bien una cuestión técnica. El segundo es que el informe anual de contratos los clasifica por diferentes rangos, pero elude la de menores y mayores. En este sentido, en 2022, se formalizaron 176 más 1.671 menores. 

El edil Jiménez ordenó el pago de la factura de la pérgola sin el visto bueno de Infraestructuras, la concejalía a la que imputó el coste