Adif conserva el derecho de veto sobre el proyecto y las obras del parque central de Alicante

El Parque Central de Alicante es una de esas actuaciones sempiternas de la ciudad. Con una historia de más de una década a sus espalda, la Generalitat Valenciana, a través de la Comisión Territorial de Urbanismo en la provincia alicantina, aprobó «definitivamente» hace menos de diez días (9 de agosto) el Plan Especial de la Operación Integrada número 2 (OI/2). El paso era relevante en el ámbito urbanístico y político. 

El visto bueno de la Conselleria de Política Territorial está condicionado, lógicamente a las leyes de rango superior como las ambientales e integración; pero, sobre todo y ante todo, de Adif. El informe deja claro que existe una «prevalencia del proyecto ferroviario» y recoge expresamente el derecho de veto de la entidad pública de transportes a las obras que se realicen en los suelos sobre el dominio público ferroviario, es decir, el parque central. De hecho deberá de dar la conformidad al acto de replanteo, la que marca el inicio de las obras y, por otra parte, «si Adif entendiera que las obras en ejecución se desvían del proyecto presentado y autorizado, podrá paralizar las mismas». Además, el consistorio deberá avisar con diez días de antelación de la entrada de máquinas y volver a comunicar el final con ese mismo plazo. 

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Así que Adif tendrá voz y voto en todo lo que el Ayuntamiento de Alicante proponga y vaya haciendo. Su opinión y consentimiento está siendo clave en un proceso que arrancó con la publicación de la idea en 2013. El documento público se apoya en una norma y dos reglamentos. «Todas las obras que afecten al Dominio Público Ferroviario y sus zonas de protección deberán contar con autorización de Adif, en cumplimiento de la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario (LSF), del Real Decreto 238/2004, de 30 de diciembre, del Reglamento del sector (RSF) y de las competencias atribuidas al ADIF de acuerdo con el Real Decreto 810/2007 de 22 de junio, del Reglamento sobre Seguridad en la Circulación (RSC)».

Transición

En la parte final de las normas publicadas por la Comisión Territorial de Urbanismo, se recuerda a la administración local que «mientras que no se apruebe la programación del ámbito y su reparcelación, la consideración del dominio público ferroviario permitirá sin limitación, la compatibilidad de los usos previstos en la legislación del sector ferroviario». Este punto sitúa el parque central en un contexto ya conocido como el necesario entendimiento entre Ayuntamiento de Alicante y Gobierno de España. 

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La falta de acuerdo, independientemente del signo político, ha marcado parte de la cronología de un desarrollo urbanístico en el que recordemos también se recoge la estación intermodal, la construcción de más de 1.400 viviendas (un 30% para pública) y reserva suelo para uso hotelero y de oficinas. La superficie total está cercana al medio millón de metros cuadrados y ocupa una superficie que tiene como eje central las vías desde la avenida de la Estación hasta la Gran Vía y Vía Parque de la ciudad. 

Aunque la aprobación definitiva está sujeta a estudio durante dos meses, ya que se puede presentar recurso, el Ayuntamiento deberá recabar nuevos informes de Adif y el Ministerio de Transportes, así como otro «en materia de infraestructura verde y paisaje en la tramitación de la Ordenación Pormenorizada». Eso implica toda la parte de arbolado del acceso y los edificios de interés señalados por la entidad pública y los de interés histórico. El documento recoge como afectados la estación de ferrocarril, el conjunto d ficus situados en la avenida Salamanca y el almacén ferroviario situado en el cruce de esta vía con la de Aguilera.