La Diputación de Alicante vuelve a pedir al Supremo que paralice el recorte del trasvase Tajo-Segura

Toni Pérez admite que es difícil que el recurso prospere pero que agotarán todas las vías para defender los intereses de la provincia

Carlos Mazón, en el centro de la imagen, el día que se presentó el recurso al trasvase cuando estaba al frente de la Diputación. / PILAR CORTES

04 SEPT 2023 14:08 Actualizada 04 SEPT 2023 20:58

La Diputación de Alicante ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo la paralización cautelar del recorte del trasvase Tajo-Segura insistiendo en los perjucios económicos que la reducción de caudales puede suponer para la provincia de Alicante. Más de 84 millones de euros y la desaparición de más de 2.400 puestos de trabajo. El Supremo ya desestimó la petición que plantearon cautelarmente tanto la Generalitat Valenciana, como la Diputación y los regantes. El propio presidente de la Diputación Toni Pérez ha admitido que ven difícil que el recurso prospere pero ha asegurado que agotarían todas las vías posibles para defender los intereses de la provincia.

El recurso se presentó la pasada primavera cuando el actual presidente de la Generalitat Carlos Mazón estaba al frente de la Diputación alicantina. Tras la llegada de Toni Pérez a la Diputación se ha continuado la misma línea de recursos contra el recorte del trasvase. La Diputación de Alicante ha recurrido esta mañana el auto del 24 de julio del 2023 del Tribunal Supremo que rechazó la suspensión cautelar del incremento del caudal ecológico del Tajo solicitada por la institución provincial por los perjuicios económicos, sociales y medioambientales que esta decisión del Gobierno central está teniendo sobre los intereses de la provincia de Alicante.

El recurso rechaza los argumentos que dio en su día el Alto Tribunal para denegar las medidas solicitadas y los servicios jurídicos de la Diputación insiste en que adoptar estas medidas no suponen a la sala tomar anticipadamente una decisión sobre el fondo del asunto. En este sentido insisten en que no están cuestionando que haya un caudal ecológico, sino lo criterios que se han utilizado para establecerlo y que están causando daños a la economía de la provincia. “La medida cautelar en modo alguno afecta ni condiciona al resto de regulaciones de las distintas demarcaciones geográficas contenidas en el Real Decreto y tampoco impide la fijación de caudales ecológicos, sino que simplemente discute que se haya determinado en un caudal, a nuestro juicio, a todas luces excesivo, injustificado y que provoca perjuicios notables en la cuenca receptora”, recoge el escrito de apelación.

El aumento del caudal ecológico ha pasado a ser de seis a siete metros cúbicos por segundo, lo que en la práctica supone un descenso de los recursos hídricos que llegan a la provincia procedentes del Tajo.

En el escrito interpuesto por los Servicios Jurídicos provinciales ante la misma sala de lo Contencioso-Administrativo que dictó el auto (Sala Tercera), se argumenta que esta decisión judicial “vulnera la labor ponderadora que debe realizar el tribunal para dilucidar la adopción de medidas cautelares” y apunta, en este sentido, que la solicitud de cautelares respondía a una razón de indudable urgencia y no causaba un daño correlativo en la cuenca cedente.

Caudal ecológico excesivo e injustificado

Se argumenta en este punto, además, que ha quedado acreditado mediante numerosos informes técnicos que no hay una justificación mínimamente solvente que avale la cantidad fijada para el incremento del caudal ecológico, mientras que el daño para la cuenca receptora resultaba palmario y de gran alcance.

Al respecto, los citados informes apuntan que la elevación de 1m/s del caudal ecológico del Tajo se traduce en 28 hm3/año de merma en destino, provocando pérdidas de más de 2.400 empleos y de más de 84 millones de euros.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha apuntado que “aunque somos conscientes de que es muy difícil que este recurso prospere, desde la Diputación de Alicante vamos a agotar todas las vías posibles y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para defender los intereses de la provincia de Alicante que, entre otras cosas, pasan por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura que es vital para esta tierra y para su futuro”.

En opinión de la Diputación de Alicante, y así se recoge en el recurso, el auto impugnado se apoya en una serie de razonamientos que se consideran contrarios a derecho y que vulneran la propia jurisprudencia del Supremo.

Finalmente, en esa línea, el recurso de reposición incide en que estos perjuicios, dado su diversa y amplia proyección socioeconómica y medioambiental, no son fácilmente reparables, de tal modo que la no adopción de la suspensión cautelar dificulta de manera notable la efectividad del fallo. “Todo ello en tanto en cuanto las medidas reparadoras o compensadoras previstas en el Real Decreto, amén de su incierta aplicación, se dilatarían en el tiempo por la propia tramitación administrativa, haciéndolas ineficaces”, ha advertido el Presidente.

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha vuelto a criticar la posición “totalmente arbitraria y sesgada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de estos últimos años en relación con el trasvase Tajo-Segura, condenando a muerte una infraestructura que garantiza la supervivencia de miles de familias alicantinas”.

El Consell de Ximo Puig antes de salir de la Generalitat también recurrió la denegación por parte del Supremo de las medidas cautelares que se planteaban desde el gobierno valenciano. Por el momento, los regantes, que fueron de la mano de la Diputación alicantina en su rechazo al recorte del trasvase frente al Alto Tribunal, ya están trabajando también en su propio recurso. Una vez resueltos los recursos sobre las medidas cautelares será el momento de la batalla legal sobre el fondo del asunto y el recorte del trasvase.