Los dos exediles del PP de Alicante y los técnicos del caso pérgola recurrirán su procesamiento

Decidirá la Audiencia. Los dos exediles y los dos técnicos imputados por el caso pérgola recurrirán la decisión de la magistrada de procesarles por un presunto delito de prevaricación, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. 

La titular del juzgado que ha investigado el caso ha concluido que los exediles del PP en el Ayuntamiento de Alicante Manuel Jiménez y José Ramón González, así como los jefes de servicio de las áreas de Partidas Rurales y de Infraestructuras, podrían haber incurrido en un presunto delito de prevaricación por haber fraccionado contratos destinados a actuaciones en la partida rural de La Alcoraya.

El caso pérgola aboca al banquillo a los exconcejales Jiménez y González y a dos jefes de servicio

 La causa ha sido archivada para el empresario que construyó la polémica pérgola, así como para el funcionario que supervisó el contrato.

La decisión de la magistrada Maria Luisa Carrascosa no es firme y contra ella cabe recurso, primero ante la propia juez y posteriormente ante la Audiencia Provincial, que deberá confirmar si mantiene o no las conclusiones de la instructora.

 Fuentes cercanas al caso han confirmado a este diario que tanto los dos exconcejales como los jefes de área van a recurrir la decisión judicial que les acerca al banquillo al entender que en su actuación no hubo delito alguno. Desde el Ayuntamiento de Alicante, el portavoz de gobierno municipal, Manuel Villar, se limitó a decir que «respetamos las decisiones judiciales» y que esperaban que todos los trámites se hicieran «con la mayor celeridad».

La magistrada entienden que indiciariamente «pudo haber una omisión del procedimiento administrativo correspondiente en atención a la cuantía en la suscripción de los contratos, fraccionándose sus importes en varias actuaciones ajustadas al límite cuantitativo del contrato menor». Una actuación que la juez considera «arbitraria» ya que para los trabajos «se benefició a un profesional elegido por propia voluntad con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia». La magistrada concluye que se eludieron los controles que el procedimiento fija, ya que «con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley marca».

La juez investigaba si Jiménez adjudicó a dedo la rehabilitación de la pérgola de la plaza de La Alcoraya por 44.379 euros a la misma empresa que le hizo las obras en su casa, con cuyo propietario comparte hoguera. El contrato se pagó desde el área de Infraestructuras, aunque se gestionó desde Partidas Rurales.

La jueza concluye que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, castigado con hasta quince años de inhabilitación.

Fiscalía Anticorrupción

El siguiente paso ahora es de la Fiscalía Anticorrupción, que tiene presentar su escrito de conclusiones provisionales y plantear, si así lo decide, la acusación a los a los investigados así como concretar las penas que pide para cada uno de ellos. A continuación la magistrada abriría juicio oral que sentará en el banquillo a los acusados. Aquí se abriría el plazo para que se presentaran los escritos de defensa. El recurso de los investigados no paralizara la marcha del proceso judicial. C. P./M. G.