El caso pérgola aboca al banquillo a los exconcejales Jiménez y González y a dos jefes de servicio

Camino del banquillo por prevaricación administrativa. La jueza del caso pérgola ha procesado a Manuel Jiménez y José Ramón González, concejales del PP en el Ayuntamiento de Alicante durante el pasado mandato municipal, además de a los jefes de servicios de las áreas que dirigían (Partidas Rurales e Infraestructuras), mientras que ha archivado el caso para el propietario de la empresa que construyó la infraestructura en la partida de La Alcoraya y el funcionario que supervisó los trabajos. Así consta en el auto de incoación de procedimiento administrativo, fechado este mismo 4 de septiembre.

Según la resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, "no cabe duda de la condición autoridad de ambos concejales y jefes de servicio". "Los procedimientos administrativos tramitados en tres actuaciones en el mismo ámbito geográfico y plaza coetáneos en el tiempo y que debieron ser parte de un mismo proyecto de ejecución más amplio pues formaban parte de una unidad funcional debiendo acudir al concurso público para adjudicar contratos como se hizo con el circuito biosaludable", según la instructora de la causa, que también fue la encargada de procesar en su día a Gabriel Echávarri por fraccionamiento de contratos.

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En el caso pérgola, según la jueza, "consta indiciariamente que hubo una omisión del procedimiento correspondiente en atención a la cuantia en la suscripción de los contratos, fraccionándose sus importe en varias actuaciones, ajustadas al límite cuantitativo del contrato menor". "Todo ello permite calificar indiciariamente y sin perjuicio de lo que resulte tras la práctica de la prueba en el juicio oral, la actuación administrativa como arbitraria", agrega Carrascosa, quien concluye que "el resultado materialmente injusto se ha producido al margen de que los trabajos encargados se ejecutaran y que el precio fuera ajustado a los de mercado en atención a sus características, simplemente en cuanto que se ha beneficiado а un profesional elegido por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia".

Según la jueza, "no se estima que el representante de la empresa adjudicataria de la rehabilitación de la pérgola ni tuviera poder de decisión alguna ni intervención de ningún tipo así como [el funcionario de Infraestructuras también imputado en el proceso] que únicamente fue designado como responsable del contrato de rehabilitación por parte de sus superiores".

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Para la instructora de la causa, "la omisión del procedimiento legalmente establecido ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el Derecho". Además, añade en el auto "que el procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales y de garantía de orden de la Administración y de justicia y acierto en sus resoluciones". 

La jueza, tras la fase de instrucción, subraya que se aprecia "la existencia de una resolución arbitraria cuando omitir las exigencias procedimentales suponga principalmente la elusión de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto, pues en esos casos la actuación de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación administrativa, sino que con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley establece".

La alargada sombra de una pérgola

Además, señala que "los motivos de urgencia no acreditados no justifican no acudir a la libre concurrencia pública legalmente exigida, que es precisamente el resultado materialmente injusto producido, en cuanto ha impedido o se ha vetado el acceso de otros profesionales capaces de llevar a cabo las mismas funciones y ejecutar las mismas obras proyectadas por el Consistorio". 

Tras abrirse el procedimiento abreviado frente a los dos exconcejales y los que fueran sus jefes de servicio por la comisión de un delito de prevaricación, la Fiscalía debe ahora solicitar el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, junto a la posible realización de nuevas diligencias. Será la Audiencia Provincial la encargada, si así lo decide, de abrir juicio oral contra los dos concejales y los dos jefes de servicio. La prevaricacion administrativa, según el Código Penal, acarrea penas de inhabilitación para empleo o cargo público de nueve a quince años.

El caso llegó al juzgado tras una denuncia interpuesta por el PSOE de Alicante, aunque el partido finalmente no se personó en la causa. En la fase de instrucción, además de los investigados, también acudieron a declarar testigos como el interventor y el secretario municipal, además de funcionarios y empresarios vinculados con el procedimiento en cuestión. Felipe Briones y Pablo Romero han sido los representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el proceso.

Contratos para La Alcoraya

La información desvelada por este medio a mediados del pasado mes de abril desvelaba que el entonces concejal Manuel Jiménez había adjudicado a dedo la rehabilitación de la pérgola de la plaza de La Alcoraya por 44.379 euros a la misma empresa que le había hecho obras en su casa, con cuyo propietario comparte hoguera y quien también fue investigados en este procedimiento. El contrato para la construcción se pagó desde el área de Infraestructuras, aunque se gestionó desde Partidas Rurales.

Al tratarse de una actuación que no estaba entre sus competencias, Jiménez tuvo que externalizar previamente la redacción del proyecto, lo que supuso un coste de 5.820 euros que las arcas municipales. El contrato fue para una mercantil dirigida por un hombre de referencia en el mundo de la Fiesta, de la que Jiménez fue máximo dirigente durante siete años antes de recalar en la lista del PP en 2019.

Además, la concejalía que dirigía Jiménez también promovió a finales de 2022 la colocación de un panel informativo, en el citado escenario, con el nombre de la partida rural y la leyenda "Ayuntamiento de Alicante". Ese cartel se incluyó en un nuevo contrato menor que se adjudicó a la empresa del presidente de la hoguera del exedil. El coste total de la adjudicación fue de 11.519 euros por el suministro de cinco paneles identificativos para la Alcoraya, Moralet, El Rebolledo, La Cañada y Verdegás.

A finales del año 2022, el Ayuntamiento había invertido más de 130.000 euros en actuaciones vinculadas con la Alcoraya, entre la pérgola (con la redacción y la construcción), la reparación del escenario, la construcción de un itinerario biosaludable (el único proyecto que no se gestionó con contratos menores) y la colocación de uno de los cinco paneles. De esos contratos, tres fueron gestionados (aunque solo dos pagados) por el área de Partidas Rurales y todos ellos, tanto la redacción del proyecto como la construcción de la pérgola, así como el suministro de las señales informativas, fueron adjudicados a empresas dirigidas por personas con peso en el mundo de las Hogueras y con vínculos personales con el edil Jiménez.

Reacciones

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha exigido explicaciones al alcalde Barcala tras el procesamiento de dos de sus exconcejales por un presunto fraccionamiento de contrato ocurrido durante el pasado mandato. “El alcalde tiene que dar la cara, no puede seguir escondido como ha hecho hasta ahora cuando dos de sus exconcejales están procesados. Y no solo eso, sino que, además, Jiménez ha tenido un protagonismo y una actividad constante durante la campaña de las elecciones municipales gracias a Barcala”, ha señalado Barceló, quien ha añadido: "El grupo socialista viene denunciando que el Ayuntamiento de Alicante debe ser mucho más transparente. No puede ocultar documentación en los portales de transparencia. Hemos exigido al gobierno del PP que actúe con absoluta transparencia en los procesos de contratación, algo que echamos en falta. Ahora mismo y con este pronunciamiento es todavía más exigible". Barceló ha destacado que es necesario “desterrar este tipo de prácticas del Ayuntamiento porque desprestigian a la Administración, a la política y no contribuye a que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones”.

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Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha subrayado que "el caso pérgola complica la vida política del gobierno del señor Barcala, especialmente a su máximo responsable, que es Luis Barcala". "Es cierto que encausa a dos exconcejales del anterior gobierno, Manolo Jiménez y José Ramón González, pero el máximo responsable era Luis Barcala. Y tiene que dar explicaciones, porque qué casualidad que no los metiese en su lista electoral. ¿Eso qué significa? Que tenía más información, que tiene más información que el resto, tiene que dar explicaciones, tiene que asumir responsabilidades", ha señalado Mas, para agregar: "Y una vez más, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el Partido Popular, enmarronado, empañado por posibles corruptelas".

Desde EU-Podemos, el portavoz, Manolo Copé, ha recordado que durante la campaña electoral dijeron "que la corrupción ha vuelto a manchar el Ayuntamiento de Alicante". "Por eso insistimos en que es necesario tomar medidas urgentes que demuestren que el Ayuntamiento de Alicante apuesta por la transparencia. Sin transparencia no hay verdadera democracia. Y es precisamente la falta de transparencia la que lleva a los banquillos, por posible prevaricación administrativa, a dos exconcejales que han sido cargos públicos del PP. Hay que combatir el cáncer de la corrupción que empobrece a la sociedad".

Este diario ha querido conocer la valoración del alcalde sobre el auto judicial, al tratarse de unas actuaciones realizadas durante el pasado mandato. Por el momento, no hay respuesta oficial.