Una de cada cinco personas en Alicante sufre carencias materiales pese a recuperarse los ingresos

Uno de cada cinco residentes en la provincia de Alicante sufre carencias materiales, a pesar de que los ingresos en general han remontado después de la pandemia de coronavirus. En concreto, para un 20,9% de la población puede ser difícil afrontar un imprevisto económico a la vez que tener al día los pagos de su vivienda, mantener la casa a una temperatura adecuada y llevar una alimentación variada. Y por supuesto, irse de vacaciones una semana es algo que se debe meditar mucho porque quizá no pueda hacerse. Para el 7,6% de las familias, esta carencia es incluso severa, es decir, son aún menos los gastos de este tipo que pueden asumir.

Estas son algunas de las cifras, actualizadas al año 2022, que arroja el último informe de indicadores de pobreza y condiciones de vida a nivel subregional, que el Institut Valencià d'Estadística (IVE) realiza, con datos desglosados por provincias y comarcas, a partir de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos resultados son autonómicos. La carencia material que deben afrontar uno de cada cinco alicantinos se corresponde casi con exactitud con la tasa de pobreza del 22%, mientras que el riesgo de exclusión es todavía mayor y afecta al 27,7% de la población.

La situación ha mejorado de manera importante en relación a 2021, cuando las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria del covid se dejaron sentir con más fuerza. Entonces llegó a estar en riesgo de exclusión social una de cada tres personas en la provincia de Alicante, mientras la tasa de pobreza se situaba en el 27,3%. También la renta por unidad de consumo ha subido notablemente, de 14.341 a 15.335 euros. El índice de carencia material era la única variable que se encontraba ocho décimas mejor, en un 20,1%. No obstante, las cifras permiten ver que ciertas características estructurales negativas se mantienen.

Las diferencias tienden a irse reduciendo poco a poco, pero hoy por hoy los indicadores de renta y pobreza de la provincia de Alicante son mucho peores que los del conjunto de la Comunidad Valenciana y también de las provincias de Valencia y Castellón. Si siguiera así la tendencia, aún tardarían bastantes años en igualarse. La tasa autonómica de riesgo de exclusión social es del 23,9%, y la de pobreza del 18%, mientras que la de carencia material se queda en el 18,9% y la renta media por unidad de consumo alcanza los 17.444 euros anuales. Pero es que dentro de la propia provincia de Alicante se mantiene también la característica dicotomía entre la costa y el interior.

Salarios más altos y estables

Como ya viene sucediendo desde hace años, la estadística de indicadores de pobreza a nivel subregional de 2022 refleja datos mucho más favorables para las comarcas del interior de la provincia, especialmente El Comtat y l'Alcoià. En estos territorios la tasa de pobreza baja al 15,8 y 14,8% respectivamente. También se quedan por debajo del 20% el Alto y Medio Vinalopó, mientras que, en el otro extremo, en la Vega Baja estas dificultades económicas afectan al 25,9% de la población, y en la Marina Alta al 23,5%. Unos datos que también tienen correspondencia con los de la renta.

En l'Alcoià, cada unidad de consumo alcanza los 18.956 euros anuales, y en El Comtat 18.044, por encima de la media automómica, mientra que en la Vega Baja la renta media es de 13.376 euros y en la Marina Alta se queda en 13.796. Estas cifras guardan mucha relación con el tipo de empleo predominante en unas zonas y otras, como ya ha venido publicando este periódico: en la costa, los trabajos vinculados al turismo y la hostelería tienen con frecuencia una remuneración más baja que los de la industria que se ofrecen en el interior. Los datos de 2021 por municipios, publicados por la Agencia Tributaria hace pocas semanas, apuntan también en este sentido.

Tras el descenso en los ingresos, y por lo tanto en la renta, que supuso la pandemia, la situación ha mejorado bastante; tan solo en el Vinalopó Medio baja en 6 euros en relación al dato de 2021, y en las comarcas de la costa la subida es especialmente notable. Sin embargo, conviene no perder de vista otro factor, en este caso coyuntural: la inflación, presumible responsable de que, aunque la población disponga aparentemente de más dinero, las carencias materiales se incrementen.