El Síndic de Greuges apremia a las administraciones a agilizar la concesión de prestaciones sociales en Alicante

El Síndic de Greuges ha apremiado en los últimos días a organismos de la Generalitat y entidades locales a agilizar todos los trámites para el reconocimiento y la concesión de prestaciones sociales a ciudadanos residentes en la provincia de Alicante. Entre otras, la declaración de situaciones de dependencia o la otorgación de la Renta Valenciana de Inclusión, después de que las personas afectadas se hayan dirigido a la institución para alertar de los retrasos que estaban sufriendo. El Defensor del Pueblo Valenciano incide precisamente en esta cuestión y en sus consecuencias, y apela a solucionar cuanto antes todas las demoras.

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda es la que se lleva más tirones de orejas por parte del Síndic, al ser la administración que concede en última instancia este tipo de prestaciones. No obstante, la institución que representa Ángel Luna también insta a algunos Ayuntamientos, como el de Alicante o el de Santa Pola, a poner todos los recursos posibles para evitar que haya retrasos en las ayudas. Las quejas relacionadas con estas cuestiones son continuas, pero solo en la última semana ha habido al menos nueve resoluciones al respecto que parten de situaciones producidas en la provincia de Alicante, lo que da una idea de la relevancia que adquiere este tema.

En uno de estos escritos, la persona promotora de la queja, vecina de la capital alicantina, explicaba que había solicitado la Renta Valenciana de Inclusión en noviembre de 2022, y que entre febrero y marzo de este año había subsanado unos errores en la documentación. Sin embargo, después no había vuelto a tener noticias. Tras una primera emisión de recomendaciones a la Conselleria y al Ayuntamiento de Alicante, la administración local respondió que había adoptado medidas para agilizar las tramitaciones, hecho que destaca el Síndic. En cambio, el Defensor del Pueblo valenciano lamenta que desde la Conselleria "no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones".

En otro caso, la queja partía de un vecino de Santa Pola, que había solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia para su hijo en octubre de 2022, sin que en julio de este año se hubiera resuelto el expediente. Tras pedir exhaustiva documentación a la Conselleria y al Ayuntamiento, el Síndic sugirió a la Conselleria que procediera "de manera urgente a emitir la resolución del correspondiente programa individual de atención", reconociendo al afectado los efectos retroactivos, y recriminando además al organismo autonómico la demora. La Conselleria finalmente concluyó el expediente el 6 de octubre. El Defensor insta al afectado a volverse a dirigir a él si en diciembre aún no le han pagado.

Fallecidos sin la prestación

Otra de las quejas publicada por el Síndic pone todavía más de relieve las consecuencias de los retrasos del sistema de la dependencia. La ha presentado una mujer de Orihuela cuyo esposo había solicitado prestaciones por esta circunstancia en julio de 2017, pero que falleció en marzo de 2019 sin haber tenido ninguna respuesta, reclamando una responsabilidad patrimonial a la Conselleria. La alta institución de la Generalitat critica en este caso con gran dureza al departamento del Consell, recordándole que tiene la "obligación legal" de resolver estos expedientes en un plazo máximo de seis meses, y le sugiere que ponga todos los medios para agilizarlos.

En sus escritos, el Síndic por lo general hace hincapié en recordar a la Conselleria su deber de actuar con la máxima diligencia en estos casos, al tratarse de prestaciones que para la persona interesada tienen un carácter de urgencia. Asimismo, suele haber mención expresa a la escasez de medios materiales o humanos de los Ayuntamientos para realizar los trámites que les corresponden, dado que casi siempre se insiste en la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos todos los recursos posibles para acelerar los procedimientos. Sin embargo, la profusión de quejas en torno a este tema pone de manifiesto todo el trabajo que aún resta por hacer a las administraciones.