Un alicantino, exonerado de pagar 328.000 euros tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Víctor Teruel, un empresario alicantino que poseía tres tiendas de calzado infantil en tres conocidos centros comerciales, ha sido exonerado de sus deudas, que ascendían a 328.133,65 euros, por el juzgado de lo Mercantil Nº1 de Alicante, al que acudió para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley ayuda a personas con problemas de deudas a liberarse de ellas y empezar de nuevo. Les permite negociar con sus acreedores y cancelar o reestructurar el dinero que deben si cumplen ciertos requisitos y demuestran su incapacidad para pagarlo.

El alicantino decidió emprender en 2016 con una tienda de calzado infantil en un gran almacén. «Todo fue bien», recuerda, «llegamos a abrir dos locales más en otros centros comerciales». No obstante, con la llegada del covid «todo se torció»; las restricciones y los cierres perimetrales hicieron polvo al negocio. «Al tratarse de una tienda para niños, si estos salían a las 17 horas del colegio, solo tenía un margen de venta de una hora, cuando normalmente mi mayor volumen de ventas ocurría de 17 a 22 horas. Eso me afectó bastante», asevera.

Fue entonces cuando las entidades bancarias, con el fin de evitar que el negocio de Víctor quebrara y él pudiera hacer frente a sus facturas, comenzaron a inyectarle préstamos ICO. Estas ayudas surgieron durante la pandemia con el fin de asistir a empresas que habían visto afectada su actividad por la crisis del coronavirus

«Me han liberado de una gorda. Tengo niños pequeños y se me vino todo encima. Tomaba pastillas para dormir y mi mujer tuvo depresión»

Víctor Teruel

— Beneficiado de la Ley de Segunda Oportunidad

«Podía rechazarlos, pero claro, con eso era con lo que pagaba el alquiler de los locales. A los empleados les pagó la aseguradora que tenía en ese momento. También se sumó el hecho de que había pedido algún crédito para abrir una tienda en Elche. Todo eso me llevó a acumular una deuda impresionante», la cual ascendía a 328.133,65 euros.

El cierre de las tres tiendas de calzado de Víctor terminó llegando. «Se llevó a cabo un primer concurso de la empresa, el cual resultó positivo y pude deshacerme de algunas facturas pendientes con proveedores. Sin embargo, luego la situación empeoró porque era avalista de esos préstamos (ICO) y seguían apareciendo a mi nombre». 

Los bancos, como administrador que era, comenzaron a reclamarle el dinero que previamente le habían prestado. «Me salían juicios de los bancos que me habían denunciado y me querían embargar...», recuerda. En este proceso, el alicantino llegó a perder su vivienda familiar, pues la tuvo que vender para pagar algunas deudas: «Ahora vivimos de alquiler. Tenemos niños pequeños y se nos vino todo encima. Estuvimos fatal, tomaba pastillas para dormir. De ir un negocio bien a pasarnos todo, mi mujer tuvo depresión...». 

«Tuve que vender la vivienda familiar para hacer frente a las deudas. Ahora vivo de alquiler, pero con la resolución afirmativa he encontrado la paz»

Víctor Teruel

— Beneficiado de la Ley de Segunda Oportunidad

Es en este punto, cuando el empresario decide probar a acogerse a Ley de Segunda Oportunidad, con el fin de que se le perdonen sus deudas. «Me busqué un abogado especialista y empecé con el papeleo. Comencé el trámite el 11 de noviembre y el juez dictó el auto el 24 de enero. De siete meses a un año que estaban tardando, mi caso se ha resuelto en casi tres meses. Me han liberado de una gorda», respira ahora aliviado. 

La mujer de Víctor, que era la autónoma asociativa de lo que asegura era un «negocio familiar», también se ha podido acoger a esta ley: «Ella se presentó en junio y se lo resolvieron en noviembre, lo suyo eran 60.000 euros. En el momento en el que te lo dan encuentras la paz, ya puedes hacer cosas», sostiene.

Datos

El abogado de Víctor, especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, le afirmó a este que cogía diez casos al mes, puesto que «no puede abarcar más, le viene mucha gente». Declaraciones que vienen a corroborar los últimos datos registrados por el Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al primer semestre de 2023.

Las cifras reflejan que los juzgados de lo Mercantil de la provincia han recibido hasta 825 solicitudes de concurso de acreedores de personas físicas (lo que arroja una media de casi cinco cada día), esto supone prácticamente multiplicar por cuatro los casos registrados en el mismo periodo de 2022, cuando se contabilizaron 227 peticiones. Del total (825), 319 solicitudes se registraron en el primer trimestre y 506 durante el segundo. Es decir, que la tendencia es ascendente. 

La conocida como Ley de Segunda Oportunidad se aprobó en el año 2015 y supuso que, a partir de esa fecha, los particulares pudieran acogerse a la figura del concurso de acreedores del mismo modo que hacían las empresas para cancelar definitivamente sus deudas. 

Hasta esa fecha, los ciudadanos debían responder de por vida de sus impagados, lo que en la práctica significaba una condena a la exclusión social para quien, por ejemplo, no podía pagar la hipoteca, ya que la deuda permanecía incluso después del embargo de la casa. 

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