La Audiencia de Alicante revoca el procesamiento de dos exediles de Barcala y archiva el caso Pérgola

La Audiencia de Alicante ha revocado los procesamientos de dos de los exconcejales de Barcala, Manuel Jiménez y José Ramón González, y de dos jefes de servicio, investigados todos ellos por un supuesto fraccionamiento de contratos en relación a la instalación de una pérgola y otras dos actuaciones en la partida de la La Alcoraya.

El tribunal, en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada Cristina Costa, concluye que "no existen indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se seguía el procedimiento contra los investigados [...] revocando la resolución recurrida (en relación al auto de pase a procedimiento abreviado) para acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".

La sala concluye que "aun cuando el procedimiento no fuera ortodoxo y se pudiera haber realizado de distinta manera, de lo que no hay indicios es de que la resolución adoptada pueda ser tachada de ilegal, o al menos no flagrantemente desajustada a la norma, teniendo en cuenta que se llegó a consultar con uno de los concejales si se podía realizar la pérgola con cargo a su propia partida presupuestaria, a lo que desde la Intervención municipal se le dijo que no, aunque sí se podría hacer con cargo a una partida de infraestructuras específica para las pérgolas" y apunta que, según lo manifestado por los testigos encargados de la fiscalización de los contratos, "no era el procedimiento más correcto pero que no por ello era ilegal".

La instructora ya dejó fuera del procedimiento al propietario de la empresa que ejecutó los trabajos y al funcionario que supervisó la ejecución de los contratos, quienes inicialmente declararon como investigados pero cuya intervención en los hechos no consideró relevante.

Mismo ámbito geográfico

El auto de pase a prodecimiento dictado por la magistrada Carrascosa la misma que procesó al exalcalde socialista Gabriel Echávarri también por fraccionamiento de contratos, recoge que "los procedimientos administrativos tramitados en tres actuaciones en el mismo ámbito geográfico y plaza coetáneos en el tiempo debieron ser parte de un mismo proyecto de ejecución más amplio pues formaban parte de una unidad funcional debiendo acudir al concurso público para adjudicar contratos como se hizo con el circuito biosaludable".

La alargada sombra de una pérgola

Para la instructora, quien no albergaba ninguna duda de "la condición autoridad" de ambos concejales y de los dos jefes de servicio, "consta indiciariamente que hubo una omisión del procedimiento correspondiente en atención a la cuantia en la suscripción de los contratos, fraccionándose sus importes en varias actuaciones, ajustadas al límite cuantitativo del contrato menor", lo que ahora no considera la sección Segunda de la Audiencia.

"Todo ello permite calificar indiciariamente y sin perjuicio de lo que resulte tras la práctica de la prueba en el juicio oral, la actuación administrativa como arbitraria", agregaba Carrascosa, quien concluía que "el resultado materialmente injusto se ha producido al margen de que los trabajos encargados se ejecutaran y que el precio fuera ajustado a los de mercado en atención a sus características, simplemente en cuanto que se ha beneficiado а un profesional elegido por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia".

Según la jueza, "no se estima que el representante de la empresa adjudicataria de la rehabilitación de la pérgola ni tuviera poder de decisión alguna ni intervención de ningún tipo así como [el funcionario de Infraestructuras también imputado en el proceso] que únicamente fue designado como responsable del contrato de rehabilitación por parte de sus superiores".

Eludir los controles

La Audiencia no comparte el criterio de la magistrada que instruyó la causa, quien señalaba que "la omisión del procedimiento legalmente establecido ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el Derecho".

Añadía además Carrascosa en el auto ahora revocado "que el procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales y de garantía de orden de la Administración y de Justicia y acierto en sus resoluciones". 

Tras las diligencias practicadas, subrayaba que se aprecia "la existencia de una resolución arbitraria cuando omitir las exigencias procedimentales suponga principalmente la elusión de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto, pues en esos casos la actuación de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación administrativa, sino que con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley establece". Una afirmación que no comparte el tribunal al que los cuatro investigados recurrieron el auto de pase a procedimiento abreviado, según recoge una resolución de la que ha sido ponente la magistrada Cristina Costa.

Urgencia no acreditada

Además de que "los motivos de urgencia no acreditados no justifican no acudir a la libre concurrencia pública legalmente exigida, que es precisamente el resultado materialmente injusto producido, en cuanto que ha impedido o se ha vetado el acceso de otros profesionales capaces de llevar a cabo las mismas funciones y ejecutar las mismas obras proyectadas por el Consistorio". 

Este caso llegó al juzgado tras una denuncia interpuesta por el PSOE de Alicante, aunque el partido finalmente no se personó en la causa. En la fase de instrucción, además de los investigados, también acudieron a declarar testigos como el interventor y el secretario municipal, además de funcionarios y empresarios vinculados con el procedimiento en cuestión.

Obras en casa del exedil

La información desvelada por este medio a mediados del pasado mes de abril desvelaba que el entonces concejal Manuel Jiménez había adjudicado a dedo la rehabilitación de la pérgola de la plaza de La Alcoraya por 44.379 euros a la misma empresa que le había hecho obras en su casa, con cuyo propietario comparte hoguera y quien también fue investigado en este procedimiento. El contrato para la construcción se pagó desde el área de Infraestructuras, aunque se gestionó desde Partidas Rurales.

Al tratarse de una actuación que no estaba entre sus competencias, Jiménez tuvo que externalizar previamente la redacción del proyecto, lo que supuso un coste de 5.820 euros que las arcas municipales. El contrato fue para una mercantil dirigida por un hombre de referencia en el mundo de la Fiesta, de la que Jiménez fue máximo dirigente durante siete años antes de recalar en la lista del PP en 2019.

Además, la concejalía que dirigía Jiménez también promovió a finales de 2022 la colocación de un panel informativo, en el citado escenario, con el nombre de la partida rural y la leyenda "Ayuntamiento de Alicante". Ese cartel se incluyó en un nuevo contrato menor que se adjudicó a la empresa del presidente de la hoguera del exedil. El coste total de la adjudicación fue de 11.519 euros por el suministro de cinco paneles identificativos para la Alcoraya, Moralet, El Rebolledo, La Cañada y Verdegás.

A finales del año 2022, el Ayuntamiento había invertido más de 130.000 euros en actuaciones vinculadas con la Alcoraya, entre la pérgola (con la redacción y la construcción), la reparación del escenario, la construcción de un itinerario biosaludable (el único proyecto que no se gestionó con contratos menores) y la colocación de uno de los cinco paneles. De esos contratos, tres fueron gestionados (aunque solo dos pagados) por el área de Partidas Rurales y todos ellos, tanto la redacción del proyecto como la construcción de la pérgola, así como el suministro de las señales informativas, fueron adjudicados a empresas dirigidas por personas con peso en el mundo de las Hogueras y con vínculos personales con el edil Jiménez.