La Audiencia suspende el juicio por el caso de los uniformes de Santa Pola

La Audiencia Provincial ha suspendido el juicio de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola por estar el tribunal "contaminado". Aunque no hay una fecha clara para reanudarse la vista oral, podría ser en 2026. Este lunes se han sentado en el banquillo nueve acusados por el Ministerio Público por la supuestra trama entre los que se encontraba el exconcejal de Policía Local de Santa Pola, el jefe de la Policía Local, un oficial y un agente del mismo cuerpo, además de varios empresarios de la firma que suministró el material por el presunto amaño de contratos en la compra de uniformes para la Policía Local y Protección Civil. En la causa había dos investigados más que han fallecido.

Durante los primeros minutos tras arrancar la sesión, pasadas las 10 horas en la sede de Elche, los letrados de la defensa han alegado que el juicio no podía continuar porque había una "violación de derechos fundamentales". Se ha pedido un receso de media ahora y se ha acordado la suspensión. A la cita han acudido también algunos testigos como la exalcaldesa Yolanda Seva, con cuyo gobierno se inició el procedimiento, o los exediles Ignacio y Paco Soler. Se han mantenido fuera de la sala durante una sesión que apenas ha durado minutos y en la que los problemas de sonido también han sido protagonistas, ya que al no contar el espacio con micrófonos incluso algún acusado ha pedido a los letrados elevar el tono.

Autos

Sostenían que dos de los magistrados habían dictado dos autos resolviendo recursos de apelación "y entraron al fondo del asunto, hablando de las pruebas, correos, albaranes" por lo que se incumplía supuestamente el derecho al juez imparcial que recoge la Constitución Española en el artículo 24, ha recordado Emilio Fernández, abogado de la familia Riera que representa a la firma que suministró el material. Finalmente el juez ha accedido a la petición, mientras que el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, reclamaba que se hubiera hecho una recusación.

Los hechos ocurrieron, según mantiene la acusación pública, entre los años 2011 y 2015 cuando se solicitaron y pagaron a las firmas de los empresarios implicados varias cantidades de grilletes, gorras, anoraks y uniformes, sin respetar el procedimiento de contratación legalmente establecido, pedidos que, "además, no fueron nunca entregados".

Ahora todas las partes recibirán una notificación sobre el aplazamiento y se determinará habrá un nuevo calendario de sesiones. De entrada todo apunta al 2026 porque la agenda de la sección está ocupada en 2025 y tendrán que venir magistrados de Alicante.

El Ministerio Público solicita penas de prisión que oscilan entre los cuatro años y nueve meses y los cuatro años y tres meses de cárcel por supuestos delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación. Todas las defensas solicitan la libre absolución de los acusados.

En octubre de 2019 el Ayuntamiento de Santa Pola se retiró como acusación particular al no ver causa penal un letrado contratado por la administración.