Juan Cano pasó un total de 245 días en prisión preventiva como presunto inductor del asesinato de su predecesor en la Alcaldía de Polop, Alejandro Ponsoda. Aunque salió en libertad bajo fianza, pasó casi diez años imputado por un crimen del que siempre se ha declarado inocente. Y fue un jurado popular quien le exoneró a él y a los otros seis acusados de toda responsabilidad en el crimen. Al haber pasado más de un año de su absolución, todos los encarcelados por aquella causa tienen la posibilidad de reclamar una indemnización por los días que han pasado en prisión. Las reclamaciones ya se están presentando, alegando daños morales y un mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Según las fuentes consultadas por este diario, Juan Cano reclama al Estado una indemnización de más de treinta millones de euros por su imputación en el crimen. El exalcalde de Polop tuvo que dimitir de su cargo tras su detención por el asesinato el 24 de noviembre de 2009, aunque durante los meses que estuvo en prisión mantuvo su acta de concejal. Una vez que se le permitió salir bajo fianza, el 30 de julio de 2010, llegó a comparecer en los plenos, donde mantuvo enfrentamientos con la entonces alcaldesa, María Dolores Zaragoza, la compañera de partido que le relevó en el cargo tras el arresto. Cano ha estado fuera de la vida pública en Polop durante estos años pero siempre ha defendido su inocencia y tildado de calumnias la investigación. Cano ha aportado un extenso informe pericial a la Subdelegación del Gobierno en el que se recogen centenares de informaciones en toda la prensa nacional sobre el daño reputacional que le ha causado su acusación en el crimen, alegando que todas han hundido su imagen pública, han afectado al negocio de su mujer por la publicidad negativa y han tenido que enviar a sus hijas a Madrid, más todos los gastos que tuvo que afrontar para poder defenderse de la acusación.
Alejandro Ponsoda murió tras ser tiroteado en la puerta de su casa el 20 de octubre de 2007 en la pedanía polopina de Xirles. Cano fue arrestado dos años después del crimen después de que un testigo protegido asegurara que algunos de los acusados le encargaron cometer el asesinato. Las dudas que tuvo el jurado sobre el relato del testigo protegido fueron claves para que se dictara la absolución. El confidente dijo que le habían encargado el asesinato en los reservados del club de alterne Mesalina. En el banquillo se sentaron los dos responsables del local, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla, así como el empresario polopino Salvador Ros. Junto a Juan Cano, el testigo protegido les situó como los autores intelectuales del crimen; mientras que también apuntó a los checos Robert Franek, Radim Rakowsky y al español Raúl Montero como autores materiales de los disparos. Todos ellos fueron declarados inocentes y el jurado advirtió de la existencia de datos contradictorios en la historia del testigo protegido. El veredicto exculpatorio se alcanzó hace más de un año, el 4 de febrero. La sentencia se dictó pocos días después, pero los retrasos en notificarla y la llegada del estado de alarma, en el que se suspendieron todos los plazos judiciales, provocó que hasta finales del pasado mes de mayo no venciera el plazo para poder reclamar las indemnizaciones por el tiempo pasado en prisión por los acusados.
Otros acusados
Los primeros en reclamar fueron los ciudadanos checos Robert Franek y Radim Rakowsky, que precisamente fueron los últimos en salir de prisión debido a que tardaron tiempo en reunir el dinero para poder pagar la fianza. «Radim tenía 40 años cuando fue encarcelado injustamente. Se encontraba en nuestro país desde 2004 tratando de conseguir permiso de trabajo. Residía junto a su esposa y su hijo. Una vez encarcelado su esposa le abandonó. A partir de ese momento Radim se quedó solo y sin apoyo familiar», plantea la abogada Mariana Ivanov en el escrito presentado en la Subdelegación del Gobierno.
En cuanto a Robert Franek , la letrada plantea que «antes de su llegada a España, regentaba un restaurante en su país de origen. Vino a España para superar una crisis con su pareja, con la intención de regresar en unos meses, propósito que se trastornó al haber sido detenido e imputado en un delito de máxima gravedad. A partir de este momento Sr. Franek no ha podido volver a su vida». La letrada pide una indemnización de 94.372 euros para Radim Rakowsky, así como de 58.975 euros para Robert Franek.
Otro de los absueltos que han presentado una reclamación ha sido el gerente del Mesalina, Pedro Hermosilla, que estuvo en prisión preventiva 250 días por su imputación en el caso Polop. Su abogado Francisco González reclama una indemnización de 58.975 euros por los días pasados en prisión y el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia al haber estado imputado del asesinato durante una década. El letrado plantea el daño que supuso para el acusado estar más de ocho meses sin poder ver a su hija por estar entre rejas.
El letrado recuerda que el asesinato por encargo «es uno de los hechos cuya probabilidad de alcanzar el olvido social es menor, al resultar patente la estigmatización que sufre quien ingresa en prisión por tal causa» y recuerda el gran impacto mediático que tuvo el caso del asesinato del alcalde de Polop.
