El Ayuntamiento de La Vila Joiosa quiere dar una nueva oportunidad a uno de los proyectos urbanísticos más polémicos de cuantos se han desarrollado en el municipio en las últimas tres décadas: el macrohotel Atrium Beach, propiedad de la mercantil Hotel Luna SA y cuyas obras llevan casi 20 años paralizadas en primera línea de La Cala.
Para ello, el pleno municipal ha dado luz verde al inicio de un nuevo expediente para allanar el camino y poder legalizar todo el exceso de edificabilidad del hotel, alrededor de 53.000 metros cuadrados, por medio de un nuevo convenio urbanístico que incluiría la recuperación de dos parcelas dotacionales propiedad de la empresa así como nuevos derribos.
El paso previo para poder llegar a este convenio es la propuesta del edil de Urbanismo, Pedro Alemany, para modificar por segunda vez el denominado como PRI TI-13 M20 La Cala 2, un plan de reforma interior que prevé reordenar parte del suelo, con un nuevo planeamiento que dé cabida esta enorme edificación, y cuya primera modificación fue anulada por varias sentencias judiciales, la última de ellas, por el Tribunal Supremo hace ahora una década.
Entonces, los magistrados entendieron que los convenios habían antepuesto el interés particular al interés general, declarando nulos los convenios urbanísticos firmados entre Ayuntamiento y Hotel Luna SA en 2005, y ratificados en 2008, para restituir la legalidad.
A raíz de aquella sentencia, y tras diez años sin dar cumplimiento de la misma, el gobierno local de La Vila llevó a pleno el pasado mes de febrero una propuesta que ratificaba como nulos los acuerdos suscritos hace 17 años con la propiedad del Atrium. Y, en consecuencia, para devolver a esta mercantil tres parcelas de uso dotacional, que sumaban una superficie total de unos 22.000 metros cuadrados, y los 1,5 millones que ésta abonó a las arcas municipales para compensar el exceso de obra.
Interés general de dos parcelas
La segunda modificación del PRI aprobada ahora para facilitar un nuevo convenio urbanístico se sostiene en demostrar que el interés general estará muy presente en los futuros acuerdos. De ahí que el Consistorio haya incluido en la misma declarar de interés general para el municipio dos de las tres parcelas devueltas; en concreto, las denominadas CD-1 y D1b, para lo que se cambiará su clasificación de parcela dotacional privada a parcela dotacional pública de la red secundaria educativa-docente y parcela dotacional pública de la red secundaria administrativa, respectivamente.
En ellas, según se especifica en el mismo texto, estaría previsto construir el nuevo centro de educación especial Secanet y una extensión administrativa para dar servicio a los vecinos de La Cala, así como unas oficinas de la Policía Local y, en su caso, las dependencias de un consultorio de Atención Primaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Siempre y cuando, eso sí, el Ayuntamiento vuelva a ser titular de las mismas.
El concejal de Urbanismo, Pedro Alemany, ha defendido este martes que la recuperación de ambas parcelas y la legalización del Atrium Beach son "dos asuntos distintos", aunque ha reconocido que los dos suelos que ahora son "de interés general" para el municipio están en manos de la propiedad del hotel y deberán ser "comprados, expropiados o adquiridos de alguna otra forma" por el Consistorio. Entre ellas, por qué no, una cesión fruto de un nuevo acuerdo con la propiedad.
Alemany no ha querido avanzar más detalles sobre este nuevo expediente de legalización, aunque ya en febrero, cuando se ratificó la nulidad de los primeros convenios, el concejal ya afirmó que el gobierno local quería agilizar un nuevo convenio, que contemplaría nuevas cesiones de suelo y, además, una nueva obligación de derribo. Al menos, por casi el doble de la superficie del hotel que ya se derribó en su día. Esto es, cerca de 30.000 metros cuadrados.
Recurso ante el Constitucional
Mientras el Ayuntamiento de La Vila Joiosa intenta ganar tiempo con la redacción de un nuevo PRI que allane el camino a nuevos acuerdos con la promotora, Hotel Luna SA mantiene abierta la vía judicial para intentar salvar toda la superficie actual del hotel Atrium Beach.
La empresa, propietaria de la cadena de hoteles Magic Costa Blanca, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que anuló el PRI de La Cala y que, por tanto, dejó sin valor los convenios suscritos en 2005 con el Consistorio.
Por el momento, este tribunal sigue sin haberse pronunciado
Paralizado desde 2003
El Atrium Beach se ideó para convertirse en uno de los mayores complejos hoteleros de Europa y su promotor obtuvo licencia para levantar un establecimiento de 11 alturas, que se acabaron convirtiendo en 21.
Dos accidentes laborales ocurridos en el año 2003, con muy pocos días de diferencia y en los que fallecieron tres obreros, acabaron provocando que cesara la construcción del complejo, que en esos momentos acumulaba hasta siete decretos de paralización dictados por el Ayuntamiento entre 2002 y 2003.
¿El motivo? Un exceso de edificabilidad que, tal y constataban distintos informes técnicos, oscilaría entre los 53.000 y más de 80.000 metros cuadrados. Y, lo que es todavía peor, que toda aquella obra se llevó a cabo sin ajustarse a las licencias que se le habían concedido y fuera de toda ordenación.
Ante tamaña irregularidad, promotor y Ayuntamiento intentaron distintas estrategias encaminadas a salvar el proyecto y, a su vez, defender el interés general. Entre ellas, los convenios urbanísticos que se acabaron suscribiendo con este fin.
En concreto, fruto de aquellos convenios, Hotel Luna SA cedió al municipio tres parcelas dotacionales en la zona de La Cala, que sumaban en conjunto casi 22.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 35.000; 1,5 millones de euros; y, además, derribó alrededor de 15.000 metros cuadrados del hotel, con lo que resultaría compensado el exceso de 53.000 metros que se asumió en los convenios.
Sin embargo, las sentencias posteriores dieron al traste con aquel plan de legalización, lo que obligó al Consistorio a declarar nulos los convenios y aceptar la devolución de los bienes cedidos para no incurrir en un delito de enriquecimiento injusto, como explicó en su día Alemany.
Ahora, los votos del tripartito formado por PSOE, Compromís y Gent per La Vila, permitirán una nueva modificación del PRI. Y, con ella, quizás una nueva oportunidad de legalizar las obras y finalizar de una vez por todas este proyecto.
