Fin a un servicio que ha operado durante más de dos décadas en el más absoluto limbo legal. El Ayuntamiento de Benidorm ha ordenado el cese de la actividad de un autobús turístico decorado como un antiguo tranvía que operaba desde el año 1998 en la ciudad con una autorización en precario, que le fue concedida a dedo, y sin disponer de las pertinentes licencias para la organización de rutas turísticas y el traslado de viajeros.

Las irregularidades en las que funcionaba este servicio habían sido denunciadas en reiteradas ocasiones por distintos colectivos, entre ellos el grupo municipal de Cs, pero no ha sido hasta ahora cuando el gobierno local ha decidido revocar definitivamente la autorización en precario que le fue concedida en su día a la mercantil  MEDTRAST 98 S.L y, por tanto, ordenar el cese de la actividad.

Según los datos que ha confirmado el propio Ayuntamiento, durante todo el tiempo en el que ha funcionado este servicio, bajo el nombre de Benidorm Bus Turístico, la empresa no ha abonado ni un solo euro en concepto de canon anual a las arcas municipales por el transporte de turistas.

No en vano, las únicas liquidaciones que ha girado el Consistorio a la mercantil, al menos hasta 2017, ascienden a unos 6.000 euros al año en concepto de ocupación de vía pública.

Concretamente, por las tres paradas que el autobús tenía asignadas para subir y bajar clientes: una en Levante, otra en el centro y otra en Poniente, con rutas operativas entre las 10 de la mañana y casi las nueva de la noche, con billetes a 7 euros.

Por tanto, la Administración local no percibió dinero por la actividad de este autobús, mientras que otros transportes similares, como el antiguo tren turístico que funcionó hasta la pasada legislatura en la ciudad, tenía establecido el pago de un canon anual de 182.000 euros.

Fuentes municipales han explicado que ahora, una vez revocado aquel permiso en precario, se ha iniciado un nuevo procedimiento de contratación para licitar el servicio de tren turístico, con el objetivo de que puedan concurrir el mayor número de empresas posibles y sacar las condiciones más ventajosas.

Autorizado a dedo y sin regularizar

El informe que justifica el cese de actividad de este vehículo recoge que el permiso que le fue concedido en 1998 a la empresa explotadora se otorgó "de forma discrecional, en precario, de forma directa y sin haberse tramitado procedimiento licitatorio alguno".

El técnico explica en el mismo documento que esta fórmula permite a la Administración revocar la autorización "en cualquier momento, sin indemnización, al tratarse de un acto unilateral de tolerancia por parte de la Administración".

Muy a pesar de ello, el gobierno local ya hizo un primer intento de paralizar el servicio en el año 2015, que se saldó sin éxito.

Entonces, con fecha de 25 de agosto de 2015, el Consistorio notificó a la mercantil, a través de una comunicación del concejal delegado de Tráfico, que le revocaba la autorización, la cual quedaba sin efecto a partir del 1 de septiembre de 2015.

Tan solo dos días después, el 27 de agosto de 2015, la empresa presentó alegaciones en contra de la revocación notificada, considerándola nula de pleno derecho, además de hacer constar los daños y perjuicios que le causaba la paralización del servicio. Y logró con esas alegaciones seguir prestando servicio con total normalidad hasta ahora.

Antigüedad y contaminación: las causas de la paralización

Tras aquel primer intento fallido, el Consistorio volvió a mover ficha hace pocas semanas, a mediados de septiembre, después de que Ciudadanos volviese a denunciar las irregularidades de este autobús turístico y alertase de que el gobierno local podía estar cometiendo de manera continuada un posible delito de prevaricación.

Entre las causas para justificar ahora el cese de este servicio, el gobierno local se escuda en un informe técnico del área de Ingeniería donde se recogen, entre otras cosas, las malas condiciones en las que se encuentra el bus turístico.

El documento considera la necesidad de que dicha autorización le sea revocada por el "estado de obsolescencia del vehículo diésel utilizado, con más de 22 años de antigüedad, el cual compromete el bienestar de los distintos usuarios de las vías más céntricas y zonas residenciales, donde conviven peatones y ciclistas".

También se hace alusión al esfuerzo que el municipio está "realizando para conseguir disminuir la contaminación que provoca el uso de combustibles fósiles en nuestras ciudades" y a las distintas subvenciones solicitadas "para la creación de zonas de bajas emisiones, con el fin de restringir el acceso a determinados vehículos debido a sus emisiones contaminantes".

En definitiva, políticas medioambientales que, a juicio de los técnicos, no casan con el mantenimiento de la actividad de este autobús: "Es incompatible el mantener funcionando un vehículo altamente contaminante en las vías más céntricas de nuestra ciudad, con el propósito de conseguir una ciudad limpia de emisiones", concluye el informe.