Cancelan a un niño con autismo de Benidorm una ayuda a la dependencia por un error en los ingresos del banco

Sabía que podría tener que esperar amplios plazos, presentar mucha documentación o pasar diferentes dictámenes. Pero lo que nunca imaginó Juan Miguel Fracés es que, una vez superados todos los pasos que al principio se le presentaban como un obstáculo, la burocracia iba a ser el peor enemigo contra el que luchar.

Precisamente esta burocracia, que a veces nadie entiende, es el motivo por el que su hijo de 4 años lleva ocho meses sin percibir ni un solo euro de la prestación que le corresponde por la Ley de Dependencia, al tratarse de un niño con trastorno del espectro autista (TEA) diagnosticado en grado tres, el más alto que establece la ley. 

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La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat sigue a fecha de hoy sin abonar la ayuda que le concedió el pasado mes de julio a este niño de Benidorm, después de que el banco devolviese los primeros ingresos que se realizaron en la cuenta del menor, a razón de 387,64 euros al mes, y bloquease su cuenta.

Sus padres no fueron conscientes de lo que estaba pasando hasta el pasado diciembre. Y, desde entonces, han tratado sin éxito de resolver esta injusta decisión sin haber logrado su objetivo: «Nos dicen que se ha cancelado la ayuda y hay que empezar la tramitación de cero; hemos vuelto a llevar papeles, pero todo sigue igual», explica el progenitor.

Ahora, los padres han recurrido al Síndic de Greuges para exponer el «malestar y el disgusto en el que estamos sumidos» y rogar que les preste ayuda para conseguir una solución. «Ya no sabemos ya qué hacer». 

«Pensábamos que era normal»

La rocambolesca historia por la que la familia de este menor ha acudido al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana arranca hace aproximadamente un año. Tras el diagnóstico de que su hijo era un niño con autismo, los padres comenzaron a llevarlo a un centro de estimulación temprana y a informarse sobre este trastorno para poder darle la mejor atención posible.

«Allí nos recomendaron que empezásemos a tramitar la dependencia, que solicitamos en abril», explica el padre, que traslada también la sorpresa que en su día les produjo la rapidez con la que transcurrió todo. «En julio nos llegó la aprobación de la ayuda, la denominada carta PIA, y abrimos una cuenta en el banco para que el niño recibiese en ella las prestaciones», relata Juan Miguel.

Este hombre no puede concretar exactamente cuándo comenzó la Generalitat a transferirles los pagos: «La cuenta del banco siempre estaba a cero y pensábamos que sería al mes siguiente; y al mes siguiente, igual; y al otro... Era la primera vez que nos habían aprobado la ayuda, así que pensábamos que si se retrasaba un poco en llegar, podía ser normal». 

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En diciembre, tras más de cinco meses esperando, comentaron este problema con otros padres en su misma situación y, para su sorpresa, descubrieron lo que realmente había ocurrido.

Por causas que esta familia no entiende, el banco devolvió varios ingresos porque, según aseguran los afectados que les explicaron, «para el banco no podía percibir ingresos en concepto de nómina o pensión al tratarse de un menor. Y, tras varias devoluciones, la prestación de canceló», relata el padre, que agrega: «Lo peor es que no nos avisaron ni nos dijeron cómo solucionarlo, a pesar de que tanto el banco como la Conselleria tenían nuestros datos».

A ello se suma otro hecho. Un cambio legal aprobado en 2021 para poner fin a la incapacitación judicial llevó a las entidades bancarias a bloquear alrededor de 2.500 cuentas de personas con discapacidad en la Comunidad, lo que complicó aún más la situación de esta familia de Benidorm. 

Los padres del menor lamentan no haber podido detectar antes el problema: «Otras familias que llevaban tiempo recibiendo la prestación se dieron cuenta en cuanto dejaron de cobrar un mes, pero nosotros, al ser ‘nuevos’ y no haber cobrado nunca, esperamos y esperamos...».

Ayudar a sufragar sus terapias

Como consecuencia de todo ello, el niño continúa sin recibir el dinero al que tiene derecho para ayudar a sufragar las distintas terapias que necesita para mejorar su calidad de vida: «Va a un centro de estimulación público, pero también a otro privado para que pueda aprender a hablar, a masticar y para que haga todos los progresos posibles», explica el padre.

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Además, su madre tiene reconocida la condición de cuidadora no profesional del menor, por lo que tampoco trabaja para atender sus necesidades las 24 horas.

«Afortunadamente, tenemos ayuda de toda la familia y no estamos en una situación crítica, pero creemos que lo que nos ha pasado no es justo, ni para nuestro hijo ni para otros niños que puedan venir detrás con la misma situación», mantienen, a la vez que reclaman a la Conselleria que agilice su expediente para no perjudicar más a este menor.