Frente común en la Marina Baixa contra los caudales ecológicos que impone el Gobierno

Nuevo frente común contra el Gobierno central con el agua como telón de fondo. Los siete municipios con mayor población de la Marina Baixa --Benidorm, La Vila Joiosa, Finestrat, l'Alfàs del Pi, Altea, La Nucía y Polop-- han acordado ir de la mano para presentar un recurso contencioso-administrativo contra los caudales ecológicos impuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Real Decreto 35/2023, que revisa entre otros los planes hidrológicos del Júcar y del Tajo y que, en el caso de esta comarca, obligará a verter 5,5 hectómetros cúbicos anuales por las torrenteras de los embalses de Guadalest y Amadorio para crear "ríos artificiales" sobre unos cauces tradicionalmente secos.

La interposición de este recurso se ha aprobado en la sesión extraordinaria celebrada este lunes por el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, del que también forman parte la Diputación Provincial de Alicante y la Confederación Hidrográfica del Júcar, el único miembro de este organismo que votó en contra de pleitear en los tribunales para no ir contra sus propios intereses.

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Junto al Consorcio de Aguas, las cuatro comunidades de regantes de esta comarca, las de Callosa d'en Sarrià, Altea, Canal Bajo del Algar y Villajoyosa, también han avanzado que recurrirán la imposición de nuevos caudales ecológicos, al considerarlos lesivos para los intereses de sus representados.

La Marina Baixa toma de este modo el mismo camino que ya han emprendido otras organizaciones y administraciones públicas de la Comunidad, entre ellas, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, para intentar paralizar en los tribunales este Real Decreto.

En el caso de la comarca, por poner en riesgo las reservas de agua potable en los municipios y, con ellas, a la industria turística, motor económico provincial, así como las históricas concesiones de agua que tienen los regantes. A nivel general, entre otras cosas, porque amenaza el abastecimiento hídrico de la provincia de Alicante debido al recorte del trasvase Tajo-Segura, que supondrá la llegada de 105 hectómetros cúbicos menos de agua al año o, dicho en otras palabras, dejará sin recursos hídricos a más de la mitad de la zona de regadío del sur de Alicante, con los graves perjuicios para la agricultura y el consumo humano.

Alianza sin fisuras

Fuentes del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa han explicado que la interposición de este recurso se acordó "sin fisuras" entre los distintos municipios y junto a la Diputación Provincial, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras convocatorias, a pesar de las divergencias en el color de sus gobernantes.

No en vano, entre los municipios que forman el mismo hay tres gobernados por el Partido Popular con mayoría absoluta: Benidorm, Finestrat y La Nucía; tres gobernados por el PSOE: l'Alfàs, que también tiene mayoría absoluta, y Polop y La Vila Joiosa, en coalición con formaciones independientes y con Compromís; y Altea, donde gobierna un alcalde nacionalista con el apoyo del PSPV-PSOE. Mientras, en la Diputación, también gobierna el PP, con el apoyo de dos diputados que se acaban de marchar de Cs.

Una reivindicación que viene de lejos

La cruzada de la Marina Baixa en contra de los caudales ecológicos es una pelea que viene de lejos. Esta zona, históricamente deficitaria en recursos hídricos por la escasez de lluvias, lleva años batallando contra una norma que consideran "abritraria", al no tener en cuenta las características pluviométricas y geográficas de cada zona. Así lo explica el ingeniero director del Consorcio, Jaime Berenguer, que recuerda que los cauces del Guadalest y Amadorio "no son ríos con caudal continuo, sino ramblas que en muchos momentos del año, a la largo de la historia, han estado secas".

Por eso, ningún agente relacionado con este preciado bien en la comarca entiende que los distintos planes de Cuenca impuestos por el Gobierno hayan establecido unos caudales ecológicos mínimos que, en el caso de la Marina Baixa, obligan a verter al mar agua potable desde los dos embalses y, por contra, tener que traer agua de fuera para poder garantizar íntegramente el abastecimiento, especialmente en años de sequía.

De hecho, según los datos aportados por Berenguer, las cifras fijadas para los dos caudales ecológicos de Guadalest y Amadorio obligarán a desembalsar 5,5 hectómetros cúblicos anuales, más de la mitad de lo que consume Benidorm a lo largo de todo el año.

Por eso, los usuarios sospechan que el objetivo final de estas medidas es "abocarnos a tener que comprar agua desalada de Mutxamel a un mayor precio, mientras los embalses y los regantes pierden agua para mantener unos ríos que nunca han existido".

En este sentido, Jaime Berenguer es tajante: "Ya nos gustaría a nosotros tener unos ríos como el Júcar o los del norte de España, no las torrenteras que tenemos", tras lo cual ha avanzado que el Consorcio aportará a su recurso informes de la Universidad de Alicante y documentos de los regantes para intentar paralizar estos caudales. Igualmente, el técnico ha recordado que este organismo lleva años proponiendo como alternativa utilizar agua depurada para crear esos caudales ecológicos, sin que la medida haya sido nunca contemplada por la CHJ.