La Diputación exige la paralización inmediata del recorte del trasvase Tajo-Segura

El recurso de la Diputación Provincial de Alicante contra el recorte del trasvase Tajo-Segura pedirá al Supremo la suspensión cautelar inmediata del decreto del Gobierno. El presidente de la Diputación Carlos Mazón ha comparecido este lunes para explicar los principales argumentos de este recurso, que se presenta formalmente el martes ante el Alto Tribunal y que parte de la premisa de que el decreto del Gobierno causará daños irreparables a la economía de la provincia de Alicante sin que haya justificación alguna para su aprobación. También ha acusado a la Generalitat de haberse entregado y rendido ante el Gobierno Central. "Una rendición a plazos" por parte de la Generalitat, según Mazón, al no solicitar al tribunal que adopte medidas cautelares por lo menos hasta el 2026, un hecho que para Mazón podría perjudicar la estrategia procesal en defensa de los intereses de la provincia.

Con el lema "Por el Agua que necesitamos", el presidente del Diputación ha explicado las líneas básicas del recurso flanqueado por la vicepresidenta y diputada del Ciclo Hídrico Ana Serna y por el profesor de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante y miembro del comité técnico de la Mesa Provincia del Agua, Andrés Molina, que se ha encargado de la coordinación del recurso con la Comunidad de Murcia y con los regantes. Durante su comparecencia, Mazón se ha referido en varias ocasiones a la negativa de la Generalitat Valenciana a coordinarse con ellos para la interposición de este recurso contencioso-administrativo, momento que ha arremetido contra los socialistas.

El recurso del Consell alerta del impacto económico irreversible del recorte del trasvase Tajo-Segura

Mazón ha asegurado que los recortes causan unos "daños irreparables e inmediatos" sobre el tejido social, la economía y el medio ambiente de la provincia de Alicante y que los efectos de este "hachazo" al trasvase tiene efectos de "bomba de racimo", algo para lo que se apoya en los informes aportados en el propio recurso. Entre los perjuicios citados por Mazón se encuentran la pérdida de 28 hectómetros cúbicos de agua disponible, pérdida de 84,9 millones de actividad económica y destrucción inevitable de 2.400 empleos en todos los sectores, deslocalización de empresas y pérdida de mercados. A juicio de Mazón, estos daños no van a poder compensarse con subvenciones. Según explicaron desde la Diputación, con esta primera planificación ya aprobada, el caudal ecológico se ha aumentado de seis a siete metros cúbicos por segundo, lo que se va a traducir en una merma de 28 hectómetros cúbicos de los recursos hídricos que reciba la provincia con esta revisión de cifras.

"No nos sirve de nada el anuncio del Gobierno de aumentar infraestructuras y la capacidad de las desoladoras, porque es algo que conlleva años de tramitación administrativa. Cuando se haga, ya será tarde", dijo. Otros daños citados por Mazón para la economía de Alicante por el recorte del trasvase son la destrucción de suelos, el avance de la desertificación, la pérdida de masa arbórea y la disminución de caudales circulantes en el río Segura. "Son las consecuencias inevitables de no interponer las medidas cautelares y de la decisión del Gobierno socialista", dijo. También se alerta del coste de sustituir el agua del trasvase por agua desalada, lo que se traducirá en "un aumento de las tarifas del agua, no sólo la destinada para el riego, sino también para el abastecimiento urbano". El presidente de la Diputación se refirió también al alto contenido en boro del agua desalada y a que su generación causa más emisiones de CO2 a la atmósfera, para evidenciar un daño ecológico.

Mazón recalcó que se pide la paralización del caudal ecológico de reserva de siete metros cúbicos por segundo desde su primer incremento. "El recurso de la Generalitat ha decidido aceptar este primer recorte", dijo, una aceptación que, a su juicio, podría perjudicar a la provincia en la defensa de sus intereses ante el Supremo.

Informes de apoyo

El recurso de la Diputación irá acompañado de un informe hidrológico de exdirector de Planificación del Plan Hidrológico del Tajo, Francisco Flores Montoya, un informe económico del director de la cátedra del Agua de la Universidad, Joaquín Melgarejo, así como de Alberto Villar de la Universidad de Alcalá de Henares; y un informe medioambiental de Jorge Navarro Pedreño de la Universidad Miguel Hernández. Mazón señaló que el recurso sigue además los criterios de la comisión mixta que se constituyó entre Murcia y Alicante y que dirige Francisco Cabezas para coordinar la defensa jurídica.

Los servicios jurídicos de la Diputación argumentan que "hay una falta de justificación técnica que avale la decisión de modificar esos caudales. No se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica que pruebe que el incremento de un metro cúbico por segundo en el tramo de Bolarque a la confluencia con el Jarama, ni los consiguientes incrementos vayan a suponer la más mínima mejora sobre la calidad del agua o el medio ambiente de la cuenca excedente", explicó Mazón añadió que por el lado contrario "los perjuicios en la cuenca del Segura son extremadamente graves".

Mazón cargó duramente contra el presidente de la Generalitat Ximo Puig por rechazar la oferta de la Diputación para coordinarse la defensa jurídica del trasvase, como sí se ha hecho con Murcia y con Almería desde la institución provincial. "Eso va a condicionar grave y negativamente la decisión que pueda adoptar el Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar porque la Generalitat avala con su recurso la primera subida del caudal y sólo solicita la suspensión para un incremento que debe entrar en vigor en 2026", dijo. Para Mazón, "pedir la suspensión cautelar de algo que no tiene que entrar en vigor hasta dentro de tres años no tiene ningún sentido". También consideró injustificable que por parte del Consell se avalara el aumento del caudal de reserva a 7 metros cúbicos cuando hay informes que demuestran que los daños son irreparables ya con esta primera subida. "Esto supone una rendición a plazos de Puig y de la Generalitat Valenciana, un engaño más en este teatrillo que ha montado con sus compañeros del partido socialista, que nos puede llevar a una resolución por parte del Tribunal Supremo contraria a los intereses de la provincia de Alicante y por tanto de la Comunidad Valenciana.

Recursos contradictorios

Mazón recalcó que “recibir por parte del Tribunal Supremo de una misma comunidad autónoma, que se supone que defiende la misma tierra y a la misma gente, una solicitud por parte de la Diputación que sí que está en contra del primer hachazo y otra de la Generalitat claudicando ante ello, puede generar una controversia y un lío de interpretación jurídica de primera magnitud para el Alto Tribunal”, destacando el hecho de que la Diputación sí que se ha coordinado con otros organismos.

Por su parte, Andrés Molina también aseguró que la estrategia jurídica de la administración autonómica puede afectar de manera negativa a la resolución “porque en la práctica procesal, una vez se resuelve una cautelar en un sentido desestimatorio, es muy difícil que el tribunal en los recursos sucesivos estime la suspensión”. En este sentido, Molina ha añadido que “al haber enfocado la Generalitat de manera parcial la cautelar y además, por la información que tenemos, no de una forma suficientemente fundada en dictámenes e informes técnicos, eso pueda prejuzgar, sí se desestimara, al resto de medidas cautelares solicitada por otros demandantes”. Molina aseguró que otros gobiernos autonómicos como el de Murcia ya habían pedido, y que los servicios jurídicos de esa Comunidad y los de la Diputación ya se estaban coordinando y trabajando conjuntamente. En su opinión es difícil determinar cuánto puede tardar el Supremo en resolver si acepta o no estas medidas cautelares, ya que si bien se prevé unos plazos breves de varios días, éstos no suelen cumplirse estrictamente, "por lo que podíamos estar hablando de un mes o dos". La medida cautelar supondría la paralización inicial del decreto, mientras el alto tribunal estudia el recurso antes de decidir pronunciarse sobre el fondo del asunto y se adoptaría para evitar un daño urgente.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha vuelto a criticar el “engaño y la mentira constante” de Puig en la defensa del trasvase “fruto de la rendición y el entreguismo más absoluto a Pedro Sánchez”, al que también se ha sumado, ha apuntado, la consellera de Agricultura de Compromís.

Los regantes ultiman su recurso

Los regantes del Tajo-Segura ultiman el recurso contra el recorte del trasvase que se presentará ante el Tribunal Supremo y para el que se han coordinado con la Diputación Provincial, según aseguró a este diario el portavoz del colectivo en la provincia, Ángel Urbina. Un recurso en el que también pedirán al Alto Tribunal la suspensión cautelar del decreto por el que se recorta el trasvase por los perjudiciales efectos en la economía de la provincia. Urbina señaló que uno de los aspectos en los que se va a incidir es en la no aceptación del caudal ecologíco de siete metros cúbicos por segundo. «Ni tres, ni siete, ni 0,1. No se puede tocar y la Generalitat en el momento en que no ha recurrido esta modificación, ya la está dando por buena», aseguró a preguntas de este diario. 

Los plazos para presentar recurso ante el Supremo por la decisión del Gobierno finalizarán el próximo 10 de abril. Urbina aseguró a este diario que el recurso estará centrado en los informes técnicos elaborados en la mesa de la Diputación Provincial y que irá en una línea muy similar a los que se han presentado por parte de la Región de Murcia, la Diputación de esta provincia, así como la de Almería. Aunque en la documentación presentada se esbozarán las líneas generales del futuro y será más adelante cuando se desarrollen sus argumentos. En esta línea aseguró que cada uno de los recursos tendrá sus matices.

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En esta línea, el profesor de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante y miembro del comité técnico de la Mesa Provincia del Agua, Andrés Molina, no descartó la posibilidad de que el Supremo pudiera optar por agrupar los recursos que se presentaran por parte de la Comunidad Valenciana. «Pero eso no lo vamos a saber hasta que el tribunal analice todos los recursos y dedica si tienen identidad sustancial», dijo, aunque su opinión es que cree que no se van a acumular porque «los contenidos de la Diputación no van a ser equivalentes a los que presenta la Generalitat Valenciana», aunque insistió en que ésta era una cuestión muy incierta y que sólo los magistrados del Supremo podrán determinar en su momento.