Un estudio concluye que el Consell ha primado el gasto público sobre el control de la deuda

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, ha publicado un estudio en que analiza el comportamiento de los gobiernos autonómicos en los últimos años respecto a su percepción respecto al gasto público y la sostenibilidad de su deuda. El trabajo, de Carmen Marín (FEDEA) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y FEDEA) ofrece una aproximación a las preferencias de las CC AA a la hora de definir su política fiscal.

Y los resultados son dispares, situando a la C. Valenciana, la peor financiada y con un mayor porcentaje de deuda, en uno de los extremos del análisis. “Tradicionalmente, los modelos de política fiscal suponen que ésta persigue dos objetivos entre los que existe una cierta tensión: amortiguar los efectos del ciclo económico (estabilización macroeconómica) y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública (sostenibilidad). Sin embargo, en el caso de las regiones, cabe pensar que ha de considerarse también un tercer objetivo: la provisión de un determinado nivel de gasto público per cápita (provisión de gasto)”, contextualiza el informe conocido hoy.

El trabajo extiende el marco teórico tradicional para incluir ese tercer objetivo. El modelo resultante se calibra con datos de las CC AA españolas correspondientes al período 2013-2022, a fin de aproximar las preferencias reveladas de cada gobierno regional con respecto al peso relativo de los tres objetivos citados. 

Los resultados sugieren que, excepto para el año 2020 (que no encaja bien en el modelo), el conjunto de las CC AA ha concedido el mayor peso relativo a la provisión de un determinado nivel de gasto público per cápita (en torno al 40-60 %), mientras que el peso de la estabilización macroeconómica andaría algo por debajo del 40%, tomando como referencia estudios anteriores. Finalmente, la sostenibilidad de la deuda sería el objetivo menos prioritario, con un peso de entre el 20 % al principio del periodo y valores muy próximos a cero en algunas especificaciones y años inmediatamente anteriores a la pandemia. 

Así, en un primer grupo de gobiernos autonómicos (integrado por Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana) el objetivo de gasto público ha contado con un peso de en torno al 70 por ciento, mientras que el de la sostenibilidad de la deuda se ha situado generalmente por debajo del 10 por ciento. Los autores conjeturan que, dados sus elevados niveles de deuda, la asistencia de los mecanismos extraordinarios de financiación tipo FLA ha mantenido unas condiciones de rescate implícito que han debilitado la sensibilidad de su política fiscal al nivel de deuda autonómica. 

Un segundo grupo de autonomías (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Extremadura y La Rioja) ha seguido un perfil muy similar al arriba mencionado para el conjunto del subsector. Nótese que, a lo largo de este periodo, algunas de estas CCAA han experimentado cambios de gobierno o han mantenido perfiles de política fiscal muy parecidos, a pesar de estar gobernadas por partidos de diferente ideología. Ello nos lleva a minimizar la influencia de la ideología sobre el diseño de la política fiscal autonómica.

Preocupación por la deuda

Finalmente, existe un tercer grupo de comunidades (Canarias, País Vasco, Navarra y Comunidad de Madrid) en el que la preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública alcanza valores en torno al 30-40 por ciento. Las tres primeras son bien financiadas en términos relativos, lo que tiene consecuencias evidentes para los niveles de gasto público per cápita de partida, con lo que el foco se concentra en la sostenibilidad de su deuda. La Comunidad de Madrid, por su parte, no disfruta de una financiación superior a la media y, sin embargo, ofrece valores de sus preferencias por la sostenibilidad de la deuda superiores incluso a los del gasto público. 

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