El Gobierno ingresará la financiación prometida para 2024 pese a prorrogar los presupuestos
Moncloa asegura que "actualizará" las entregas a cuenta conforme a lo informado a finales de año, evitando así un agujero de 1.000 millones para la C. Valenciana por el diferencial entre las transferencias de 2023 y las previstas para este ejercicio
El Consell lamenta que Sánchez renuncie a las cuentas por su "debilidad" parlamentaria y que prive del fondo extra a la autonomía
Merino saluda a la ministra María Jesús Montero antes del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El adelanto electoral en Cataluña anunciado en la tarde del miércoles dejó como primera derivada en clave valenciana la drástica reducción de las opciones de pactar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en una legislatura ya de por sí complicada y que ahora se enreda todavía más. Pero no es la única. A las pocas horas de que el presidente catalán, Pere Aragonès, comunicara que sacará las urnas el 12 de mayo, el Gobierno renunció a elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, la ley sobre la que pivotan todas las políticas públicas y cuya prórroga multiplica las réplicas del terremoto catalán en la Comunitat Valenciana.
La ley de presupuestos es el instrumento en el que se consagra, entre otras muchas cosas, el reparto de recursos del sistema de financiación hacia los territorios. A finales de año, el Gobierno comunicó a la Generalitat que en 2024 percibiría 12.555 millones de euros por esta vía. Pero sin PGE para este ejercicio, sobre el papel estas previsiones quedan congeladas y se mantienen las de 2023, que suponen 1.000 millones menos en ingresos para la Comunidad Valenciana ya que este año crecían un 8 %.
Para evitar generar estos agujeros a las autonomías, donde muchas como la valenciana ya tienen sus presupuestos aprobados y basados en esta estimación de ingresos, Moncloa confirmó ayer a consultas de este diario que actualizará las cantidades previstas. "Las entregas a cuenta se incrementarán en 2024 tal y como se comprometió el Gobierno", aseguraron fuentes gubernamentales. Estas recordaron que "a diferencia del Ejecutivo del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez ya demostró en 2019 que es posible actualizar las entregas a cuenta con unos PGE prorrogados".
El Gobierno no aclara, sin embargo, la fórmula que empleará ni cuándo podrá acometerse la actualización. En todo caso, tomando el antecedente al que apela el propio Gobierno, en 2019 se recurrió a un real decreto ley para amoldar las transferencias a los niveles previstos en las cuentas que no llegaron a aprobarse. Este se validó casi a finales de año, por lo que las autonomías sufrieron esas estrecheces durante casi todo el ejercicio.
El Consell achaca el adelanto a la "debilidad" de Sánchez
De momento, desde el Consell aseguran que mensualmente siguen recibiendo el mismo dinero que en 2023 del sistema de financiación. La titular de Hacienda, Ruth Merino, criticó ayer que la prórroga presupuestaria evidencia la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez y exigió al socialista "asumir su mandato" y elaborar las cuentas pese al clima político adverso.
En esa línea, la consellera lamentó que la renuncia a los presupuestos "supone que el Gobierno no va a cumplir con la exigencia de un fondo de nivelación que permita a las comunidades infrafinanciadas disponer de los mismos recursos que la media mientras se aborda la reforma del sistema de financiación". Este mecanismo que exige el Consell y que la ministra María Jesús Montero ya había enfriado sí que queda descartado, al no haber presupuestos, al menos hasta 2025.
Desde el Ivie, por su parte, celebraron que el Ejecutivo haya optado por actualizar las entregas a cuenta. "Se hubiera producido una asimetría, ya que el Estado tendría los recursos que pagamos todos pero las comunidades autónomas no dispondrían de los recursos que les corresponden", aseguraba ayer el investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas Juan Pérez.
Empresarios y sindicatos claman contra el perjuicio para la provincia de Alicante
La CEV y Uepal lamentan que Alicante siga a la cola de las inversiones y critican la «parálisis política»
B. CAMPOY
El hecho de que el Gobierno haya decidido renunciar a elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 ha provocado una nueva indignación entre empresarios y sindicatos, que claman contra el perjuicio para la provincia. Este es el caso del presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, que ha señalado que «la prórroga de los PGE significa que la provincia esté un año más a la cola y que la bola del déficit de inversiones sea cada vez mayor». En este sentido, Pérez reclama inversiones para el tren de la costa, el Corredor Mediterráneo, la mejora del tren entre Alicante y Elche, el tercer carril de la Autovía A-70 y la segunda pista del aeropuerto.
Desde Uepal se advierte de que «la parálisis política y de los PGE lastra el futuro de la provincia y produce pobreza». La patronal alicantina reclama al Gobierno de Pedro Sánchez «medidas alternativas urgentes» este año para corregir el déficit inversor de la provincia y que no pierda competitividad. «En 2023 se castigó a nuestro territorio con inversiones mínimas que no solventan los problemas estructurales de la provincia», ha recordado el presidente de Uepal, César Quintanilla.
El presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño, por su parte, ha denunciado que la prórroga de los PGE «es otra puñalada más a la provincia de Alicante y una muestra más del desprecio del Gobierno hacia los alicantinos». Para Baño, la prórroga de las cuentas del Estado, «las peores de la historia para Alicante», suponen «un castigo injusto, injustificado e inmerecido que no se puede sostener».
Desde Ineca, su presidente, Nacho Amirola, ha calificado de irresponsabilidad la prórroga de los PGE. «Esta situación relegará a nuestra provincia, un año más, a la última posición en inversiones, tan necesarias para impulsar la competitividad y la productividad de Alicante». Además, el presidente de Ineca ha añadido que espera que el Gobierno desarrolle políticas inversoras extraordinarias este año «que mitiguen el constante déficit de inversiones».
La visión de los sindicatos es muy similar en este caso. «La provincia está infrafinanciada y necesitamos unos PGE dignos para tener servicios públicos de calidad», reivindica Yolanda Díaz, de UGT. En una línea similar se pronuncia Carmen Palomares, de Comisiones Obreras: «Cojeamos en esto y se necesitan inversión para infraestructuras como los Cercanías o el Corredor Mediterráneo».
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