Los 'Hombres maltratados' ofrecen deducciones fiscales como una ONG tras ser registrados como fundación

Clase de derecho administrativo en torno a la Fundación para la Defensa de Hombres Maltratados con afección a las arcas públicas. La polémica estalló después de que la Conselleria de Justicia aceptase su registro como fundación en la Comunidad Valenciana, lo criticaron las formaciones de izquierdas y el Ejecutivo autonómico replicó que esta organización había sido inscrita en 2022 como asociación por el Ministerio de Interior. "Hipocresía", indicó la vicepresidenta segunda, Susana Camarero. Veinticuatro horas después, el PSPV contraargumenta y aclara: "No es lo mismo una asociación que una fundación". He ahí la clave, sobre todo, a nivel económico.

Según ha explicado la diputada del PSPV, Rosa Peris, el Gobierno valenciano está, o bien "tergiversando" o bien, tiene un "desconocimiento absoluto" porque "no es lo mismo una asociación que una fundación". Sobre la primera, ha explicado que puede "responder a fines privados", como ha señalado que es el caso de la organización señalada, y que todas ellas se han de inscribir con unos requisitos mínimos; algo que, sin embargo, se complica en el caso de la fundación que requiere para su registro tener "interés general".

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Así, ha indicado que actualmente en el Ministerio de Interior esta está registrada bajo la consideración de "asociación privada", sin "la consideración de entidad de interés público" y que, por ello, "no ha recibido fondos públicos". Esto, ha dicho Peris, "es muy diferente de la fundación". De hecho, la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana es a la fundación impulsada por esa asociación, con sede en Alboraia y clasificándola de carácter asistencial.

Donaciones... con servicios

Esta es una de las claves del paso a fundación de esta entidad, ya que ahora podrían recibir fondos públicos. De hecho, en su web, esta entidad informa de las deducciones fiscales si recibe donaciones en la misma línea en la que se ofrece a las ONG, es decir, de hasta el 80 % si es hasta 250 euros. Pero además incluyen como donaciones el pago de algunos de los servicios que ofrecen, como la defensa en un juicio, algo que podría ir en contra de las normas tributarias, porque una donación ha de ser altruista, si hay una contraprestación deja de serlo. A ello se añadiría que estos servicios se pudieran dar sin su correspondiente IVA.

"Recibir fondos públicos"

"Les han abierto la puerta de par en par para recibir fondos públicos", ha criticado la dirigente socialista quien ha recordado que la consellera de Justicia, Elisa Núñez, de Vox, quien "comparte el ideario" de esta organización, es "juez y parte" en la inscripción de esta fundación. Su departamento es el encargado de decidir que se inscriba o no una fundación en este registro y ha rememorado que se reunió con esta asociación durante el proceso de inscripción. "¿Cuántas se reúnen con la consellera? Solo sabemos de un caso, esta", ha agregado Peris.

Así, más allá de las diferencias administrativas o que la conselleria no haya puesto pegas sobre si esta fundación "cumple con el interés general" o tiene una finalidad de "beneficio público", para la parlamentaria socialista están también las consideraciones políticas. "En términos políticos es muy grave lo que ha pasado, lo que perciben las víctimas, 28.000 mujeres denunciaron el año pasado, es que hay toda una Administración aplaudiendo y justificando una fundación que pretende minar sus derechos como ciudadanas, considerar a los verdugos como víctimas", ha explicado.

En este sentido, ha asegurado que el PSPV "va a hacer todo lo posible dentro del marco legal" para que entidades "de este cariz no tengan ningún protagonismo en la vida pública de la Comunitat Valenciana". Sí que ha admitido que con las denuncias públicas hechas por los partidos de izquierda se ha dado "publicidad" a esta organización, pero ha remarcado que es "muy importante que la ciudadanía sepa a qué se dedica el gobierno valenciano" en este sentido. 

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