Las reivindicaciones de los colegios profesionales de Alicante ante la pandemia

Representantes de diferentes colegios profesionales de la provincia de Alicante coincidieron el pasado jueves en reivindicar la necesidad de que estos organismos tengan un contacto más directo y activo con las administraciones públicas para buscar y ayudar a tomar soluciones eficaces que resuelvan los problemas de la ciudadanía. Algo que, desde su punto de vista, no ocurre en la actualidad al haber una escasa comunicación que se ha agravado con la crisis de la Covid-19.

En un encuentro online organizado por INFORMACIÓN y que giró, sobre todo, en torno al impacto de la pandemia en el funcionamiento de los colegios y de los profesionales asociados a ellos, los participantes se mostraron exigentes con las administraciones públicas y lamentaron que muchas de las decisiones tomadas durante la pandemia están siendo erróneas y no están ayudando a solventar los problemas de la sociedad.

En esta línea se pronunció Ignacio Gally, del Colegio de la Abogacía, quien consideró que el Gobierno ha realizado una« nefasta regulación ante la pandemia y ha utilizado la Covid-19 como excusa para tomar una serie de decisiones que nos han afectado directa y negativamente», añadiendo que la suspensión de los procesos judiciales, la imposibilidad de que los funcionarios pudieran teletrabajar por falta de medios y la baja administración digital de Justicia existente «han dado lugar a un completo desastre».

«Las medidas que se han tomado no han funcionado en cuatro meses, provocando que vaya mal para nosotros, los profesionales, y para los ciudadanos, dando lugar a una Administración de Justicia con más trabajo acumulado. Este problema no está causado por los profesionales y los funcionarios, sino por la falta de medios materiales que ha demostrado que la Administración Pública no está a la altura de lo que nos merecemos». Por ello, consideró que ahora «los colegios profesionales son más necesarios que nunca» para ayudar a tomar las medidas acertadas, aunque lamentó que en esta situación «no hemos tenido mucho éxito».

Augusto Soler, del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, consideró que ahora mismo España está en una «inseguridad jurídica» en lo que se refiere a la celebración de las juntas de vecinos. «Excepto Cataluña, que sí que puede y lo ha hecho, el resto no tenemos una regulación específica sobre el tema y lo único que podemos hacer es recomendar que sólo se hagan las que sean estrictamentenecesarias y urgentes, ya que es difícil en este tipo de reuniones cumplir con las medidas sanitarias».

Además, recalcó el papel del Colegio durante la pandemia en labores de comunicación e información. «Los vecinos nos llamaban a nosotros para saber cómo actuar y qué tenían que cumplir, hemos hecho envíos de emails, infografías explicativas,... e incluso las fuerzas de seguridad nos han enviado información para que nosotros, los administradores de fincas, las trasladáramos a los vecinos. Hemos hecho y estamos haciendo una labor fundamental», recalcó el representante del Colegio de Administradores de Fincas.

En la línea de buscar una mayor colaboración entre administraciones públicas y colegios profesionales, Enrique Sáez, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana en Alicante, consideró necesario la coordinación de los agentes públicos y los profesionales «porque queremos participar y ayudar con nuestros conocimientos. No queremos ser un cero».

Asimismo, señaló que el trabajo de los colegios profesionales es clave para el buen funcionamiento de las sociedades «al defender los derechos de los profesionales pero también de la ciudadanía, que tiene que tener la garantía de que las cosas se hacen bien y esto es posible con profesionales acreditados y no con aprendices».

Los sanitarios y la Administración

Los médicos, profesionales que han tenido, tienen y tendrán un papel crucial en esta pandemia, estuvieron representados en la jornada por María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, quien se mostró especialmente crítica con las decisiones tomadas por las diferentes administraciones que afectan directamente a su colectivo. Con respecto al Real Decreto 29/2020 por el que se permite la contratación de médicos sin MIR y que ha llevado a la convocatoria de una huelga nacional, la presidenta señaló que «mucha gente puede no entender que en una situación de excepcionalidad como la actual se haya convocado una huelga nacional de médicos, pero no nos hemos visto en otra situación. No podemos hacer otra cosa para elevar la voz ante tanta insensatez después de lo que hemos pasado, estamos pasando y nos queda por pasar».

«La sociedad nos ha tenido en los momentos más críticos y nos va a seguir teniendo. Somos un colectivo con un gran compromiso con la sociedad, que ponemos en riesgo nuestra salud y lo hemos demostrado. Sin embargo, lo que ha colmado el vaso es la publicación del RD 29/2020 como el pago que las administraciones nos han dado a las reivindicaciones que pedíamos para paliar los defectos que el sistema de salud tiene».

«Este decreto no lo podemos consentir por nuestra parte. Es un ataque frontal, absoluto y directo a la formación especializada. Si tenemos una buena Sanidad es porque los profesionales están muy bien formados. No se puede sacar un ‘decretazo’ de estas características, los ciudadanos no se merecen que en una situación de incertidumbre haya profesionales que puedan ejercer sin el título de especialista, abriendo la posibilidad de homologar de forma exprés a médicos bajo la validación de un comité. Es un ataque importantísimo a nuestro sistema de salud, a la calidad y a la prestación de salud a los ciudadanos. No hay diálogo en los foros con la Administración y la forma que han tenido de tomar esta decisión es mediante decreto».

También se mostró en contra de establecer valenciano como un requisito imprescindible en la función pública. «Nuestra postura es absolutamente en contra de imponer este requisito para acceder a un concurso-oposición de médico en nuestra Comunidad. Lo que ha salido a la palestra refleja el escaso diálogo y sensibilidad que tienen las administraciones en el momento en el que estamos. El valenciano ya figura como mérito».

Por su parte, Juana Molina, del Colegio de Veterinarios de Alicante, también mostró su descontento con la Conselleria de Sanidad al señalar que el Decreto de Guardias en Salud Pública se está abordando desde hace años y «nunca se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para el colectivo. «Ahora hacemos las guardias de forma gratuita y voluntaria tanto veterinarios como enfermeros, médicos de salud pública,... En las negociaciones nos propusieron un pago de 2 euros la hora», criticó.

Defendió también que hay que «hacer una mayor inversión en investigación sobre zoonosis (infección que pasa de animales a humanos) para mejorar las medidas de prevención y la lucha contra ellas como se ha puesto de manifiesto en esta pandemia», destacando que la labor de prevención de los veterinarios en este campo es «fundamental». Por ello, incidió en que «faltan recursos en Salud Pública y necesitamos que nos doten de mayores recursos para hacer frente a este tipo de crisis» y añadió el trabajo también importante que hacen los veterinarios en las clínicas donde muchos clientes han dejado de llevar a sus mascotas para tratamientos necesarios debido a la crisis económica que cada vez es más visible.

Pasar de curso con suspensos

Francisco Martín, secretario de la Unión de Colegios Profesionales de Alicante y decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Alicante, se pronunció sobre el Real Decreto-ley 31/2020 que posibilita pasar de curso sin tener en cuenta el número de suspensos y lamentó que tendrá consecuencias negativas para el propio alumno, el profesor y la sociedad, afirmando incluso que «existe un planteamiento legal que cuestiona la viabilidad de este decreto al contradecir normas superiores». 

Desde su punto de vista, y dada la situación de excepcionalidad de la pandemia, «se podría haber optado por otras soluciones como la adaptación y reducción de temarios al haber menos tiempo de enseñanza».

El reto de repensar las ciudades

Cristina Beneroso, del Colegio Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, señaló que el impacto de la Covid-19 «nos ha sacado los colores» y ha mostrado que «el modelo de ciudad que teníamos no nos sirve ahora porque hay una movilidad diferente y los espacios existentes, como se ve en la restauración, ya no son válidos».

Por ello, consideró que los ingenieros civiles, junto con los otros profesionales relacionados con la arquitectura y la construcción, se enfrentan a un «reto bastante bonito para repensar las ciudades y reinventar espacios teniendo en cuenta que habrá menos movilidad». En este sentido, señaló que hoy en día «tenemos grandes núcleos de comercio que hacen que la gente tenga que desplazarse para acudir a ellos», algo que consideró necesario modificar en favor de un urbanismo que permita que «las ciudades estén preparadas para afrontar cualquier imprevisto como el de la pandemia que estamos sufriendo, siendo más polivalentes y pudiendo transformarse según las necesidades de cada momento».

Esta influencia del ingeniero civil en todo lo que tiene que ver en la distribución y ordenación de las ciudades también está marcada por el componente sostenible y la búsqueda del cumplimiento de los objetivos medioambientales ODS. «Tenemos que trabajar en un futuro más sostenible y para ello desde el Colegio nos hemos implicado y elaborado muchas publicaciones en torno a estos objetivos, un trabajo que no es unidireccional, ya que tendremos que colaborar con otros colegios de ingenierías, así como con entidades públicas, para promover alternativas y crear nuevas leyes que contemplen ese futuro más sostenible que necesitamos».